La administración Peña Nieto ha mandado durante las últimas semanas mensajes diversos de que prepara un sacudimiento en materia de combate a la corrupción, tanto sobre personajes del pasado inmediato como de la actualidad, en variados ámbitos y con asiento en distintas ubicaciones políticas y partidistas. Una iniciativa de esta naturaleza es considerada urgente por voces relevantes dentro y fuera del gobierno federal.
Entre los indicios de hacia dónde puede orientarse esta acción depuradora, destaca el nombre del que quizá sea uno de los políticos más controvertidos del sexenio: El regiomontano Felipe Enríquez Hernández. El volumen de su sospechosa riqueza y su compulsión hacia los negocios irregulares sólo pueden compararse con su habilidad para lograr alianzas y complicidades maquinadas a la sombra de amistades que, al viejo estilo, trocó en compadrazgos con figuras clave, entre las cuales figura nada menos que el propio presidente de la República.
Tras una carrera fulgurante en la última década, Enríquez (Monterrey, 1969) fue apartado del escenario nacional al designarlo en julio de 2013, embajador ante Uruguay y representante en organismos regionales como la Asociación Latinoamericana de Integración. Ello, sin embargo, no le ha impedido, antes al contrario, viajar incesantemente y atender asuntos personales, entre otros un complejo esquema maquinado para especular con terrenos turísticos en zonas paradisiacas de Quintana Roo y Yucatán, entre otras entidades.
Enríquez presume un currículum de padrinos políticos y amistades que haría palidecer casi a cualquiera: Es compadre del presidente Peña Nieto, a quien convenció hace ocho años –siendo éste gobernador del Estado de México- de bautizar a uno de sus hijos, e hizo lo mismo con Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán y actual secretaria general del PRI.
En público y privado, Enríquez alardea de amistades cercanas con varios ex gobernadores, entre ellos Benjamín Canales Clariond y Natividad González Parás de Nuevo León; Mario Villanueva (encarcelado en Estados Unidos) y Félix González Canto (ahora senador), ambos de Quintana Roo, además del actual mandatario en ese estado, Roberto Borge. Asimismo, el ex gobernante de Tamaulipas y ahora senador, Eugenio Hernández.
Le han sobrado destrezas a Enríquez para que la mayoría de esas amistades hayan derivado en prósperos negocios, en su absoluta mayoría ligados con la especulación inmobiliaria apoyada en favores gubernamentales. Hoy mismo autoridades federales lo ubican en el centro de un gigantesco fraude con terrenos en las costas de Quintana Roo, de la mano del citado Félix González Canto, senador de la República.
Los focos rojos saltaron en las cercanías de Los Pinos cuando se determinó que los negocios de nuestro embajador en Uruguay conviven desde hace tiempo con el crimen organizado.
El señor Enríquez, exhiben investigaciones en la materia, ha tenido a bien transar ventas de terrenos con Mario Villanueva estando éste en una prisión de Estados Unidos. También ha entrado a negociar predios en la paradisiaca zona de Isla Blanca, al norte de Cancún, con personajes identificados como falsificadores de títulos de propiedad y representantes de mafias armadas que se han apropiado de amplios predios en el área sin ser molestados por nadie.
En Cancún es un secreto a voces que propietarios que se han opuesto a los despojos han sido secuestrados, desalojados por policías estatales o amenazados con acusaciones penales. Varias de esas operaciones fraudulentas, arrojan los datos disponibles, fueron avaladas por la Secretaría de la Reforma Agraria, especialmente durante la presidencia del panista Vicente Fox, cuando la dependencia estuvo a cargo de la neoleonesa María Teresa Herrera Tello, con quien Enríquez también laboró. Herrera Tello fue después magistrada consejera de la Judicatura
Tras surgir a la vida pública en 2003 como modesto colaborador de Benjamín Clariond –su “padrino” inicial- en 1992, cuando promediaba 24 años de edad, Enríquez siempre ha vivido de erario. Pero 20 años más tarde, en 2012, cuando buscó infructuosamente la alcaldía de Monterrey por el PRI, el acreditado diario “El Norte” hizo una investigación que estimaba la fortuna personal del candidato en cerca de 230 millones de pesos.
Su puesto más importante hasta ese momento había sido una diputación federal por Monterey, pero en una legislatura singular, donde convivió con diputados que eran miembros distinguidos del equipo Peña Nieto, entre ellos Luis Enrique Miranda, hoy subsecretario de Gobernación, y Luis Videgaray, actual secretario de Hacienda y entonces presidente de la comisión camaral de Presupuesto, en la que también participó Enríquez.
Cuando logró la candidatura del PRI para Monterrey en 2011, el diario “Reporte Índigo” trazó las ligas políticas de Félix Hernández y enlistó el inventario de empresas que había levantado y manejaba a trasmano, algunas de ellas mediante personeros propios, otras con gente ligada al ex gobernador Natividad González Parás, y algunas más cercanas a los referidos Ivonne Ortega o Félix González Canto.
En los próximas semanas y meses, cuando el proceso electoral 2015 haya cobrado más calor y las urnas estén ya a la vista, deberá conocerse si las “travesuras” de Felipe Enríquez y sus socios son motivo de un manotazo en la mesa que ponga las cosas en claro. Para bien del gobierno, del país y de la República.