Un video circulado en Youtube y en redes sociales dio cuenta de una parte del enfrentamiento que sostuvo en Palmarito en Puebla, personal del Ejército Mexicano con presuntos ladrones de combustible, -llamados huachicoleros-, en el que no puede apreciarse con claridad la muerte Paulino Martínez Silva, de quien se dice que es un presunto delincuente.

Mientras que los familiares de Paulino afirman que era campesino, no hay explicación de cómo en el momento del enfrentamiento se encontraba a bordo de una camioneta BMW, portando un chaleco antibalas, con un arma de fuego en sus manos y al parecer haciendo caso omiso a las órdenes de detenerse que le hacían los militares.

En la otra parte de este video de las cámaras de seguridad de una casa habitación dieron cuenta, que los presuntos delincuentes se enfrentaron con soldados, dando muerte por lo menos a uno de los militares por la espalda.

Esto viene a fortalecer a la delincuencia y a debilitar el tema de la Ley de Seguridad Interior postergada en el Congreso, pero en el que sale relucir un problema que se viene arrastrando de tiempo atrás como lo es, la venta de gasolina robada.

Es un problema al que los gobiernos de los estados no han querido enfrentar con sus policías, y en cambio, exponen a un desgaste innecesario al Ejército y la Marina.

Cada año el Congreso de la Unión asigna miles de millones de pesos en fondos públicos para la seguridad pública de Estados y Municipios, pero más bien parece botín político y un elemento de corrupción, cuando sale a la luz pública fiestas organizadas por los propios internos al interior de las cárceles estatales, como en Jalisco, Tamaulipas o Nuevo León, sin importar el partido político que lo gobierne. Además, recuérdese la fuga de “El Chapo”.

Este problema no es nada nuevo. El Programa Nacional de Seguridad Pública (Diario Oficial de la Federación, abril 30 de 2014, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014 ) dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que existen grandes deficiencias en las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios : aún no se cuenta en su totalidad con manuales de procedimientos para el uso de la fuerza, existe insuficiencia del personal de seguridad y custodia, y se presentan deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias, ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo, ya que existen redes delictivas que operan desde los centros penitenciarios y victimizan a la sociedad a través de la extorsión telefónica y otras acciones. Unas verdaderas escuelas de delincuencia, y en algunos casos, con la participación de la autoridad.

No sólo esto. Las inequitativas condiciones laborales de las policías estatales y municipales en el país, hace fácil presa de sus elementos, por la delincuencia o la corrupción. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (Diagnóstico de salarios y prestaciones de los policías estatales y municipales del país, mayo 2016, en http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/Resultados_diagnostico_sueldos_prestaciones Policiales_SESNSP.pdf ) señala que el estado de fuerza de las policías del país, es de poco más de 243,000 elementos y de ellos, casi el 95% se encuentra en la escala salarial más baja, es decir, en el rango de los 10 mil a los 14 mil pesos mensuales, aproximadamente.

Chiapas, Campeche y Quintana Roo son las entidades que menos retribuyen a sus policías, con 5,351 5,712 y 5,798 pesos, respectivamente; mientras Sinaloa, Aguascalientes y Nuevo León son las que más pagan a sus policías, con 14,501 14,209 y 13,909, respectivamente. La carrera policial es a criterio del gobierno en turno, la profesionalización no siempre se aplica, y con una pobre capacidad de fuego, que difícilmente puede competir con la capacidad de la delincuencia organizada, es que quizás esta sea una de las razones por las cuales participan las fuerzas armadas y con ello, estar en condiciones de igualdad en enfrentamientos.

Hoy por hoy el debate de la participación de los militares en coadyuvancia con la autoridad civil podría derivarse en dos vertientes. La primera, que se nacionalice las policías estatales y municipales en una sola en el país, con una verdadera profesionalización y una carrera policial que constituya una forma de vida. Países como Chile nacionalizaron sus policías regionales o locales, y hoy por hoy, el Cuerpo de Carabineros de Chile pasó de ser un órgano con una visión represora e instrumento operativo de la dictadura militar de Augusto Pinochet, a obtener la confianza ciudadana y el orgullo de pertenecer a esa corporación, con una carrera que garantiza a sus elementos, prestaciones sociales y condiciones laborales de dignidad.

Parece que una solución a este problema consiste en hacer a un lado a la clase política de los Gobernadores, que con ejemplos de corrupción como Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Coahuila y Quintana Roo, así como la deficiencia operativa en las policías de Nuevo León, Jalisco, Nayarit, Morelos o Puebla, sólo contribuyen a que el Ejército y la Marina participen en esas entidades federativas y se desgasten en una lucha que no les corresponde, al tenor de la corrupción de los Estados y de algunos de los mandos policiacos, cuyos gobernantes deben de asumir la responsabilidad.

La segunda, en desplazar la participación de las fuerzas armadas en la función de seguridad pública, para dar pie a que se reorganice esta función en el país, se promulgue la Ley de Seguridad Interior y las tropas vuelvan a sus cuarteles y bases navales. Parte del desgaste que son objeto las fuerzas armadas consiste, en los ataques que son objeto por organizaciones de derechos humanos, mientras que los mandos de las policías locales o municipales no se inmutan y en algunos casos, ni les importa.

La responsabilidad por la muerte de Paulino Martínez Silva debe recaer en quien haya accionado el arma. El Constituyente de 1917 aprobó el contenido del artículo 13 de la Constitución para establecer el fuero de guerra, no como instrumento de evasión de responsabilidades, sino como extensión de la Ley Juárez de noviembre de 1855 que suprimía el fuero eclesiástico y militar. El que crea que el fuero de guerra es una patente para los militares, debe estudiar historia de México para comprender que no es así.

La naturaleza del problema persiste, porque aquí llegó y se conjuntaron las crisis de seguridad del país y de corrupción en la clase política, que implementar una política pública para solucionar el problema del robo de combustible en el país, una política pública para revertir la percepción de que comercializar lo robado es un delito y otra política pública que genere economía y trabajo en las zonas huachicoleras del país, no es con el Ejército o la Marina de cuya participación produce frentes de crisis, entre la clase política y la clase militar, y su solución quizás trastoque intereses de la clase política gobernante.

@racevesj

@OpiniónLSR




Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información