La Semana Nacional de Transparencia 2016 tuvo lugar del 28 al 30 de septiembre pasado. Por primera vez, el INAI propuso que este importante evento sirviera para visibilizar la utilidad del derecho de acceso a la información para solucionar los problemas públicos específicos. Este año y dada la gravedad del problema, se llamó a que los actores gubernamentales y sociales interesados acudiesen a discutir cómo la información pública puede ayudar para combatir la desigualdad. Ésta puede reducirse si se implementan políticas públicas cuyos resultados concretos mejoren la vida cotidiana de los mexicanos. Para ello, hace falta disponer de evidencia sobre la situación actual de estas políticas y ésta se obtiene de la información pública.
Bajo esta premisa, durante la Semana identificamos qué información pública hay, cuál hace falta y cómo se puede utilizar para combatir algunas causas de la desigualdad como la pobreza, el hambre, la falta de servicios de salud, educación de calidad y empleos decentes. No sólo obtuvimos respuesta a estas preguntas, sino generamos las bases para concretar una agenda de acciones concretas. La Semana fue el espacio para comprobar que la información pública permite consensuar un lenguaje común y unir voces y esfuerzos para combatir la desigualdad. Gracias a ella fue posible identificar fortalezas y áreas de oportunidad, y avanzar propuestas de solución. Si éste fue el resultado de tres días de diálogos y debates y retroalimentación, imaginemos qué lograremos si llevamos este ejercicio de participación y colaboración en el marco de conferencias, paneles y talleres a cada estado de la república.
¿Qué identificamos para los distintos temas que tratamos? Primero, confirmamos que ningún problema público, incluida la desigualdad, tendrá solución sin la intervención conjunta de autoridades y población. El México justo al que aspiramos, en el que cada persona puede decidir su destino siempre que éste beneficie a la sociedad en general, no será realidad si autoridades y población no marchamos decididos y unidos hacia él. Si todos estamos informados, como ya dije, tendremos un lenguaje en común y esa marcha será más fácil. Por lo tanto, es preciso entender que la información es pública en tanto llega a quienes la necesitan y la quieren utilizar. La gente no debe llegar a la información, sino al revés. Urge que en la garantía del derecho acceso a la información pública prevalezca una perspectiva de derechos humanos, equidad de género e inclusión.
Los expertos llamaron la atención sobre la necesidad de implementar protocolos de atención para facilitar el acceso a la información de los sectores de población históricamente excluidos. Estos deberían tomar en cuenta sus demandas, circunstancias y prioridades específicas. Si la información es requerida por indígenas, debería estar en su lengua; si se trata de personas en situación de discapacidad, debería serles proporcionada por medios y formatos adecuados a sus necesidades. Otro aspecto es romper la brecha tecnológica para explotar mejor las tecnologías de la información y la comunicación.
En segundo lugar, se evidenció que las voluntades y esfuerzos deben estar coordinados. Para tener un diagnóstico de la desigualdad, de las políticas públicas que se implementan para combatirla y decidir cuáles son las mejores propuestas para ello, es crucial que las instituciones públicas involucradas estén en diálogo constante entre sí y con la población. De este modo se evitarán duplicidades y vacíos de información. Además, debe considerarse que existe interconexión entre temas. Los resultados obtenidos en un sector pueden abonar a mejorar en otro. Por ejemplo, lo que se hace para disponer de información sobre la educación básica, también es útil para tomar decisiones en los niveles medio superior y superior. Incluso, puede servir para apoyar acciones educativas o de fomento al empleo.
En tercer lugar, hubo consenso en que es urgente revisar las definiciones que determinan el diseño de políticas públicas económicas y sociales para combatir la desigualdad, de forma que se correspondan con el contexto y los avances teóricos actuales. En algunos temas hay avances significativos como en el de pobreza. La medición multidimensional de la pobreza en México es reconocida a nivel mundial. Sin embargo, se ha señalado la necesidad de revisar cómo se miden los ingresos porque podrían reportarse subsestimaciones; también falta información fiscal para poder conocer la otra cara de la moneda, es decir, la riqueza. Sobre salud, hay estadísticas generales; sobre educación, se ha invertido en censos como el de 2013 para identificar las escuelas y los docentes del país. Pero no existe una definición de “calidad” que ayude a concretar los criterios para calificar estos servicios y darlos a conocer a los beneficiarios.
A la luz de estas definiciones se estaría en mayor capacidad de analizar las disposiciones programáticas y presupuestales destinadas a combatir la desigualdad, es decir, identificar si hay correspondencia entre los ingresos y el gasto público; si las prioridades entre diversos sectores están alineadas en todos los niveles de gobierno; si hay resultados y, en su caso, cuestionarse si son suficientes para hacer frente a la problemática en cuestión actualmente, etcétera.
Esto significa romper los esquemas tradicionales del acceso a la información pública. La Semana Nacional de Transparencia es tan sólo el punto de partida para hacer que la información sirva no sólo para dar satisfacción a la persona, sino para generar cambios sociales. Las bases para construir una agenda en el corto plazo ya están. Toca el turno a los tomadores de decisión tanto nacionales, como estatales y municipales valorar si se suman a ella o no.
Visita el canal de youtube del INAI para ver las conferencias, paneles y talleres que se realizaron durante la Semana Nacional de Transparencia: Información pública para combatir la desigualdad.
Joel Salas Suárez
Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de gobierno abierto y transparencia.