Combatir la corrupción es definitivamente una demanda ciudadana en la capital. No sabemos con precisión la magnitud del fenómeno. Las mediciones que existen (como la de Transparencia Mexicana) son de percepción y miden fenómenos que se acentúan en las grandes urbes, como lo que se relacionan con el tráfico o la recaudación de impuestos.

 

Los indicadores de acceso a la información, en cambio, que por su propia naturaleza pueden contar con mediciones más objetivas, sitúan al DF como la entidad más transparente. Aparentemente hemos sido capaces de garantizar transparencia en la función pública, pero no necesariamente podemos combatir con éxito los complejos problemas de corrupción que se pueden generar en una ciudad de la magnitud e importancia económica del DF.

 

El resto es, por supuesto, reducir las posibilidades de hacer mal uso de los recursos públicos, pero también todo lo que tiene que ver con permisos, supervisiones, etcétera, así como lo que sucede en la procuración y la impartición de justicia. El primer gran paso tiene que ser el contar con un órgano autónomo con facultades para recibir quejas ciudadanas, investigar, iniciar denuncias de oficio y emitir recomendaciones a las entidades públicas y de reforma a la legislación.

 

No sabemos qué sucederá con el órgano nacional de combate a la corrupción. Si nos atenemos a las declaraciones del diputado Beltrones, se quedará como una promesa incumplida o limitada a una unidad de la PGR. En todo caso, si la promesa de la reforma anticorrupción se concreta, pasará un tiempo largo en el que tengamos, si es el caso, una ley general que norme a las entidades en el tema.

 

Tampoco sabemos qué sucederá con la reforma política del DF, por lo tanto queda en entredicho la facultad que tenemos los legisladores locales para normar a los servidores públicos. Ante dicho escenario, lo que nos queda es construir una propuesta para lograr en el corto plazo reducir los niveles de corrupción en un ambiente tan complejo como el de la capital.

 

En ese sentido, es perfectamente posible facultar a un órgano para que recoja las quejas de los ciudadanos, investigue, los acompañe en sus demandas, construya casos sólidos y después lo denuncie o recomiende soluciones de mejora.

 

Este esquema permitiría que los actos de corrupción, que pueden constituir la comisión de distintos delitos o faltas administrativas, fueran llevados ante las autoridades con casos sólidos. Cuando sea complicado configurar un delito, una recomendación, que necesariamente tiene que responder la autoridad, puede corregir prácticas que faciliten la corrupción.

 

La experiencia de Ombusperson en el combate a la corrupción en países como Australia, Brasil, Chile y Tailandia han sido particularmente efectivas para mejorar la legislación y las instituciones públicas que tienen que ver con la corrupción. El órgano independiente que proponemos no solamente se encargaría de promover acciones preventivas, pero también de plantear cambios legales e institucionales.

 

Las investigaciones sistemáticas que realizaría la comisión le permitiría detectar con precisión las áreas de mayor riesgo de corrupción y plantear los cambios legislativos e institucionales necesarios. La complejidad de la reglamentación y organización administrativa de las agencias públicas hace particularmente complejo detectar políticas efectivas de control.

 

La idea de fortalecer las instituciones actuales, como las contralorías, solamente sería exitosa si al mismo tiempo construimos otros mecanismos con la capacidad de generar círculos virtuosos, que permitan que la denuncia ciudadana y la investigación sirva para mejorar el marco institucional. Sin una fuerza de cambio de esta naturaleza será prácticamente imposible modificar un estado de las cosas que favorece a intereses muy poderosos.

 

La contribución de la izquierda para mejorar la calidad de vidas y reducir las desigualdades en la capital ha sido enorme. Buena parte de lo hecho en la capital se ha convertido en mejores prácticas y ofertas políticas de partidos de todos los colores en el país.

 

Nos queda un tema pendiente, la de atender el reclamo ciudadano de combatir la corrupción. Tenemos que innovar para que una agencia autónoma apoye a los ciudadanos en sus quejas y de esa manera castigar a quien abuse de su cargo y reducir al máximo los medios ambientes que favorecen la discrecionalidad.

 

Se trata de una medida que ha funcionado en naciones con instituciones similares y que se ajusta a las atribuciones de regulación de nuestra entidad. Pongamos el ejemplo, si a nivel nacional prevalecen las dudas, en el DF no podemos más que comprometernos con nuevas formas combatir la corrupción.

 

@vidallerenas



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