La crisis de los derechos humanos en América Latina es una realidad, en especial la que vive México es catastrófica. El caso Ayotzinapa ha dejado en evidencia la rotunda negativa del estado mexicano de  construir una agenda sólida y congruente en materia de derechos humanos, además de exponer dos problemas estructurales serios: la ausencia de voluntad política para resolver este caso lacerante demostrada con la expulsión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que llegó a nuestro país en calidad de coadyuvantes del caso armado por la PGR y el otro, la incapacidad del Estado para depurarse y terminar con la impunidad.

 

Solamente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad en México documentó que de los 150 mil casos de homicidios intencionales no hubo capacidad institucional para procesarlos, lo que derivó en un grado cercano al cien por ciento de impunidad: 98 por ciento.

 

Los promotores de Derechos Humanos en el mundo a menudo producen “temor” a los gobiernos o sensación de urgencia de responder ante cualquier crítica que venga de ellos; es una realidad que el escrutinio y monitoreo internacional es contundente y consecuente en el diagnóstico en términos de la crisis y gravedad que enfrentamos. Cuando un Gobierno Federal concentra sus energías a disputar el diagnóstico, y no a cumplir las recomendaciones es como la práctica de “matar al mensajero”. El problema adicional para el gobierno de Enrique Peña Nieto es que no hay nación o lugar en el mundo donde el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ponga en entredicho el estado de derecho en nuestro país.

 

Es importante recordar que la llegada del GIEI a México toma lugar apenas unas semanas después que el procurador Murillo Karam (dimitido de sus funciones hoy) declaró que tenía la certeza legal que los estudiantes normalistas desaparecidos fueron asesinados y sus restos calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, la mal llamada “verdad histórica”, que resultó ser un mentira colosal y cínica, y según el último informe del GIEI un montaje por las posibles pruebas sembradas.

 

La búsqueda de la verdad debe abarcar el análisis, la evaluación y la reparación del daño causado a las víctimas con la colaboración y el esfuerzo de las instituciones y los organismos defensores de los derechos humanos.

 

A lo largo del continente han existido Comisiones de la Verdad empeñadas en que la puerta del pasado no se cierre y se pueda acceder a la verdad, necesaria para llegar a la justicia y reconstruir la confianza. Son mecanismos de justicia alternativa cuando las instituciones del Estado tienen mermada su credibilidad y se requiere que expertos con solvencia moral se hagan cargo de las investigaciones y emitan con voz calificada un informe sobre qué fue lo que sucedió.

 

Argentina y Chile decidieron contribuir a la reconciliación y al esclarecimiento de sus años de régimen militar con un mecanismo de esta naturaleza. Paraguay, Brasil y Bolivia impulsaron sus comisiones de la verdad desde el trabajo ciudadano sin un mandato legal específico más que el precepto de la no repetición de hechos que atentan contra la dignidad.

 

En Guerrero el antecedente inmediato es la Comisión de la Verdad, creada en 2012 con el fin de investigar, analizar y aportar elementos relacionados con las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano durante la llamada guerra sucia, particularmente en la entidad en su momento de mayor auge entre los años 1969 a 1979.

 

La tarea fundamental de una comisión de esta índole es la de buscar la reconciliación social a partir del reconocimiento de los crímenes de Estado, que comprometa la no repetición de regímenes policiaco-militares al margen de la ley y/o al servicio de grupos delincuenciales, que recoja el testimonio de las víctimas, identifique a los culpables, ubique el destino de los desaparecidos, rehabilite el honor de los sobrevivientes, de los desaparecidos y asesinados así como de las víctimas del exilio, la tortura y violaciones.

 

Una Comisión de la Verdad en Guerrero para el caso Ayotzinapa representa una oportunidad ante la falta de justicia, y con el fin de llegar a la verdad que, a punto de cumplirse dos años de estos deleznables sucesos, ha sido negada por el poder. La Comisión se debe integrar por los mejores hombres y mujeres que no sólo habrán de preparar uno o varios informes, sino que deberán ir más allá de una redacción que detalle un memorial de agravios y violaciones, habrá de revalorizar y redimensionar el testimonio de víctimas, familiares y por qué no, de autoridades.

 

Aunque la creación de esta Comisión desde el Congreso local de Guerrero hubiera permitido inscribirla en un marco legal dotado de fuerza pública, con un mandato claro y objetivos definidos, el cierre de este camino por parte del partido que hoy encabeza el gobierno estatal, quien paradójicamente no es el que gobernaba en el tiempo de la noche de Iguala, no corta de tajo la posibilidad de la conformación de una Comisión de la Verdad de índole ciudadana como se hiciera en Sudamérica, si organismos ciudadanos siguen insistiendo en el tema hasta lograr cristalizarla.

 

Una Comisión de la Verdad del caso Iguala-Ayotzinapa, ante la salida intempestiva del GIEI provocada por el gobierno federal, se convertiría en un punto de inflexión en este mapa oscuro que representa la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas, sus resultados serían el parteaguas en la reconciliación y la pacificación del Estado de Guerrero, sólo así se podría encontrar la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos. A pesar de las resistencias encontradas, seguiremos insistiendo en su pertinencia, dada la crisis de derechos humanos que viven México y Guerrero.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR



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