Las últimas dos semanas han sido testigo de la falta absoluta de compromiso del Poder Legislativo de la Unión con la paridad y, por lo tanto, con la igualdad. Cinco tribunales electorales de entidades federativas que tendrán jornada electoral en 2016, fueron conformados por el Senado de manera exclusiva por hombres. Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y, esta semana, Chihuahua se unieron a la lista de organismos conformados de manera exclusiva por personas de un mismo sexo.
El Senado de la República, con el pretexto de garantizar la independencia y autonomía de los Tribunales, se arrojó la facultad de nombrar a las y los integrantes de los tribunales electorales en todo el país. Los resultados no han sido los esperados, pero me centraré en la paridad en la conformación de estos órganos.
En primer lugar, debe señalarse que no existen procedimientos transparentes y claros para la integración de estos tribunales. La Comisión de Justicia del Senado se limita a verificar que las y los interesados en ocupar una magistratura en estos tribunales, cumplen con los requisitos legales para ocupar el cargo y es en otro órgano del Senado –la Junta de Coordinación Política– en el que se dan, en lo obscurito y con total opacidad, los acuerdos entre los representantes de los grupos parlamentarios para la conformación de estos tribunales. Las negociaciones permanecen ocultas para el resto de los integrantes del Senado que no conforman la Junta de Coordinación y, por disciplina partidista, se espera que avalen, sin preguntas ni cuestionamientos, las decisiones a las que llegaron sus representantes en dicha junta.
Incluso las y los senadores fabrican sesiones inexistentes de dicha Junta en las que supuestamente se decidió la integración de algunos tribunales electorales locales. Sólo basta recordar al senador Bartlett Díaz señalando en una sesión ordinaria del Senado en octubre de 2014, que la sesión de la Junta de la que se daba cuenta para sustentar los acuerdos entre los partidos políticos era inexistente y al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional argumentando, como excusa a tal mentira, que es una práctica parlamentaria las sesiones virtuales de ese órgano interno del Senado.
Aunado al descaro con el que se toman las decisiones respecto a los integrantes de los tribunales electorales en el país, teniendo como único objetivo el beneficio personal y partidista en las elecciones por venir, se une el afán de privilegiar las cuotas partidistas a la paridad en la composición de los tribunales.
El 2 de octubre de 2014, el Senado nombró a las magistradas y magistrados integrantes de 17 tribunales electorales de las entidades federativas con elecciones en 2015, salvo Oaxaca.
El resultado fue devastador en términos de las mujeres que accedieron a esos espacios. De 62 personas elegidas para formar parte de estos órganos, solamente había 14 mujeres. En diciembre de este año, el Senado ha nombrado tribunales electorales en 5 entidades federativas sin ninguna mujer en su integración.
La semana pasada, la Cámara de Diputados presentó reservas al Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho proyecto sufrió modificaciones y una de los temas que se cuestionaba era que no se establecía ningún dispositivo que obligara a la integración paritaria de la Asamblea Constituyente que será la encargada de elaborar la Constitución de la Ciudad de México. El Senado aprobó en su última sesión ordinaria del año el Proyecto de Decreto sin modificación alguna respecto a la integración paritaria de la Asamblea.
El tema de la igualdad entre mujeres y hombres que incide en la paridad como una ruta para garantizarlo estará en riesgo en los años por venir. Con legisladores, instituciones y funcionarios que no se comprometen con el tema, que piensan que sólo es un tema para salir en la foto y quedar bien ante la ciudadanía, el escenario es poco alentador.
Hagamos votos porque en los organismos autónomos y en el Poder Judicial este compromiso sea real y ayude a vencer las resistencias de legisladores, funcionarios públicos y militantes de partidos políticos que no sólo no están de acuerdo con la obligación que supone la incorporación del principio de paridad en nuestra Constitución sino que activamente bloquean y obstaculizan el avance de las mujeres a cargos públicos y de elección popular.