Grave, muy grave lo sucedido el fin de semana en Jalisco y estados circunvecinos durante el enfrentamiento de grupos de la delincuencia organizada con fuerzas federales en respuesta a un operativo, hasta donde se ha podido conocer, destinado para capturar a líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

 

La capacidad táctica y de fuego mostrada por la organización criminal durante los ataques, que incluyeron el derribamiento de un helicóptero del ejército, la muerte y desaparición de soldados, daños en bancos, gasolineras y oficinas públicas en más de veinticinco municipios, revela una presencia inalterada, una escalada y un cambio de posición de la delincuencia organizada respecto a las autoridades; representa un verdadero desafío que no reconoce niveles de gobierno, fronteras o colores partidistas y que amenaza a la sociedad en su conjunto. Y sin embargo no es lo peor, ya que al impacto de estos hechos, se debe sumar la acción permanente de la delincuencia en distintos estados y regiones enteras del país, donde a diario hay ejecuciones y enfrentamientos en la disputa de rutas, mercados y territorios sin consideración alguna para la seguridad de la población y cada vez más cerca de la vida cotidiana de las comunidades.

 

Ante esto, suenan huecos los pronunciamientos de quienes manipulando cifras pretenden hacernos creer que vamos bien, que avanzamos en la lucha por la seguridad. No ayuda el silencio oficial ni mediático, tampoco prolongar el discurso triunfalista del régimen que, sin ahorrarse descalificaciones al pasado, y en particular hacia la llamada "guerra de Calderón", quiere hacer ver que el gobierno de Peña Nieto si puede y que los acontecimientos, por sangrientos que sean, son hechos aislados o de responsabilidad local.

 

Ante la evidencia urge una visión de estado, un llamado total para actuar juntos sociedad y gobiernos ante la violencia y el crimen organizado que nos amenaza y que pone en peligro nuestro desarrollo como nación. No se trata de repartir culpas o de distribuir medallas, tampoco de cometer el absurdo de llevar a la arena electoral como descalificación o guerra de lodo lo que nos acecha, es sencillamente, un tema de sobre vivencia que requiere de voluntad y de unidad en lo esencial; toda una hazaña, nada fácil, dada la confrontación política, la complicidad de algunas autoridades y los altos niveles de impunidad y corrupción generalizada que vivimos.

 

Sin embargo, nos debe alentar saber y recordar que no todo es crimen y violencia, que en la vida hay matices que pueden ser asideros para detener la caída; también motivos para romper el escenario inercial y evitar la fatalidad siempre y cuando los impulsos se ordenen y se traduzcan en una agenda, en capacidad de respuesta para fortalecer la vida democrática y no sean atenuantes para  la conciencia social o política.

 

Algo se mueve en la dirección correcta cuando vemos la fuerza de la sociedad organizada para impulsar y exigir la aprobación de la ley de transparencia y del sistema anticorrupción. Algo apunta a un cambio de rumbo cuando vemos a los políticos y candidatos responder a propuestas ciudadanas como la declaración patrimonial, de interés y fiscal que promueven los firmantes de "3 de 3". O cuando vemos a las fuerzas políticas sumarse al llamado exigente de Mexicanos Primero y de más de cien organizaciones para suscribir los "10 compromisos por la Educación" a fin de garantizar la aplicación de la reforma educativa y hacer de la educación la verdadera fuerza transformadora del país.

 

Algo positivo se advierte en el estudio sobre "Justicia Cotidiana" que elaboró el Centro de Investigación y docencia Económica (CIDE), al poner el dedo en la llaga sobre el acceso negado a la justicia para la mayoría de los mexicanos y las propuestas de solución concreta a nivel de las instituciones más cercanas al ciudadano.

 

Al hablar de justicia cotidiana, el CIDE ha acuñado un término que tiene que ver con las demandas de justicia en la convivencia diaria, tanto  en materia laboral y asuntos familiares, como civiles, mercantiles, vecinales y administrativos. Es aquí, en el día a día de la ventanilla, el escritorio, el trámite administrativo donde se viven miles de actos de corrupción que impiden a los ciudadanos tener acceso efectivo y expedito a la justicia; hechos que generan una cadena de agravios que hacen sentir y saber al ciudadano que sus derechos no cuentan y que pueden ser sujetos de abuso por quienes ostentan poder o facultades para brindar servicios.

 

Para reformar la justicia cotidiana, estima el CIDE, se requiere el compromiso de todas las autoridades  en los tres órdenes de gobierno, así como una muy activa participación de la sociedad organizada e interesada en la materia, ya que cada una de las doscientas diecisiete recomendaciones y las veinte acciones inmediatas enfrentará una serie de resistencias de parte de quienes hoy se benefician con las lagunas legales y con los engorrosos trámites que alimentan la ilegalidad, la corrupción y la impunidad.

 

Las propuestas del CIDE deben ser atendidas de inmediato, pues aliviaran el dolor evitable y el calvario que padecen muchos ciudadanos a la hora de hacer efectiva una pensión alimentaria o de reclamar ante un despido injustificado, cobrar un cheque o aclarar un cargo indebido, hechos cotidianos que representan el 87% de los reclamos de justicia.

 

Como se puede advertir, con visión crítica y realista, que es la primera obligación de quienes toman decisiones o participan en la vida pública como ciudadanos responsables, hay claroscuros que representan amenazas, pero también oportunidades para definir una agenda para  la transformación del país, para el cambio de rumbo, con buenas ideas.

 

@MarcoAdame

 



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