Para Chiapas, estado con uno de los mayores niveles de miseria en el país, la alianza del Partido Verde con el PRI y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha resultado muy cara. Una faceta poco conocida de este pacto ha sido entregar a los líderes del PVEM el control político y financiero del estado, con un gobernador pelele en la persona de Manuel Velasco.

 

Desde el inicio de la actual administración estatal, en diciembre de 2012, el PVEM impuso funcionarios e inició un sistemático saqueo de las arcas de la entidad. En las sombras de una desaforada e incesante campaña de publicidad nacional e internacional para Chiapas se oculta el trasiego de fondos para los excesos de todo tipo de la dirigencia del PVEM, de acuerdo con indicios que alertan ya a personajes clave en la entidad, Los Pinos y el Congreso federal.

 

La degeneración financiera del erario chiapaneco ha tenido su espejo en el ámbito político: se persigue a líderes opositores al gobierno, incluso del PRI; se acosa a medios de comunicación, periodistas y dirigentes gremiales. El Ministerio Público y el Poder Judicial del estado están al servicio de los intereses del grupo político dominante, por lo que crece el número de adversarios que han ido a dar a la cárcel.

 

Ello incluye –hay que subrayar- a destacados militantes del Institucional, al grado de que en al menos un caso, el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, debió pedir al gobernador Velasco excarcelar a un priísta que enfrentaba cargos falsos. El hombre salió libre pero sigue sometido a acoso desde el propio palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez, la capital.

 

Las más reciente vuelta de tuerca en la putrefacción de la política local fue el escándalo surgido luego de que el tribunal federal electoral ordenó suspender las campañas locales que deben celebrarse el próximo día 19, al descubrirse que el gobierno de Velasco alentó a que todos los partidos violaran la obligación constitucional de asignar sus candidaturas en forma equitativa entre hombres y mujeres.

 

La orden de parar campañas hasta corregir el problema fue impulsada en el tribunal federal por la magistrada María del Carmen Alanís, identificada con el PRI, y desde luego  avalada por todos los integrantes del pleno.

 

En Chiapas todos los partidos violaron la disposición legal, con la escandalosa complicidad de su Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que encabeza María de Lourdes Morales Urbina, un personaje de oscuro pasado, ligada al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y pese a ello, nombrada en ese puesto por los consejeros del Instituto Nacional Electoral, a cargo de Lorenzo Córdova.  El INE fue notificado de estos hechos y deberá decidir si destituye a la señora Morales Urbina.

 

Algunos ejemplos de lo que ocurrió con las postulaciones, que la Constitución ordena que sean paritarias entre hombres y mujeres, lo aportan mayormente las listas del PVEM, con 106 candidatos hombres y 14 mujeres, o las del PRI, con 102 hombres y 14 mujeres. Pero el PAN lanzó 63-4, y el PRD, 73-26. Todos estaban en la jugada de apostar a una burla impune.

 

Imposible no encontrar en este historia el estilo mostrado por el Partido Verde en las pasadas elecciones federales consumadas el 7 de junio, durante las cuales también violó de manera reincidente la Constitución anunciándose en espacios prohibidos, desafiando y buscando demoler al árbitro electoral, el citado INE.

 

Quizá porque carece de otras bases de soporte que no sean el engaño y la transa, el Partido Verde no deja de maniobrar, especialmente en Chiapas. Otra de sus determinaciones ha sido usar el dinero público y los programas sociales para dar origen a nuevos partidos políticos, en otro claro atropello a la Constitución.

 

En junio pasado, mientras el gobernador Manuel Velasco seguía festejando su boda de pantomima con la actriz y cantante Anahí, en un auditorio de Tuxtla Gutiérrez repleto de beneficiarios de becas y otras ayudas gubernamentales, Emanuel de Jesús Córdova García, un joven de 23 años heredero de un cacicazgos político regional, tomó posesión del fantasmal Partido Chiapas Unido.

 

Curiosa pero no sorpresivamente, al acto acudieron el presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, y el secretario general de Gobierno de la administración de Manuel Velasco, Eduardo Ramírez Aguilar. También –por si al acto de cinismo le faltara algún toque adicional-, el señor Miguel Ángel Córdova Ochoa, secretario de Desarrollo y Participación Social (Sedepas) del estado. Sí, se trata del padre del nuevo “dirigente” partidista.

 

En esta misma línea estratégica del PVEM y del gobernador Velasco se halla otro partido político que ya participa en el actual proceso electoral, cuyo nombre es Mover Chiapas. El operador para crear este organismo fue Enoc Hernández Cruz, director del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (Icatech), pero en realidad operador de la construcción de clientelas políticas en la entidad, lo que incluye la fundación “Dr. Manuel Velasco Suárez”.

 

En esta ruta de degradación política del estado han sido embarcados el PRI y el gobierno Peña Nieto, pese a que, en los hechos, la estrategia del PVEM y de su gobernador pelele  es que en la próxima sucesión gubernamental puedan conservar el poder en el  estado, con o sus aliados en el centro del país.

 

Se trata apenas de una faceta de lo costoso que representa para Peña Nieto, su partido y su gobierno el acuerdo con el Partido Verde y la familia de la que es propiedad desde su fundación. Se trata de una amistad cara y riesgosa. Una alianza muy, muy incómoda.

 

robertorock@lasillarota.com

 

 



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