La transformación de la Procuraduría en Fiscalía es una pieza central del nuevo diseño institucional que pretende despolitizar la investigación judicial, hacerla efectiva y combatir a fondo la corrupción. Pero ningún diseño institucional sirve si los actores se coluden para evitar que las nuevas instituciones funcionen. Es el caso del nombramiento del Senador Raúl Cervantes como procurador, con la intención confesa de servir durante nueve años en este cargo. Es probable que un personaje como Cervantes, abogado de Enrique Peña durante la campaña, tenga características para ser procurador. Un cargo que implica subordinación con el Presidente, responsable último de las decisiones. Un abogado y legislador destacado como Cervantes sería adecuado para presentar y desarrollar un plan para transformar la Procuraduría en Fiscalía, con la finalidad de que en un par de años se nombre a un fiscal, con la independencia que el cargo demanda. Es posible dar el beneficio de la duda a Cervantes en esta tarea, pero definitivamente no se puede desligar de los intereses que representa.

 

Se dice que más que enfocarnos en quien encabezará la Fiscalía, lo importante es exigir una reforma profunda de su estructura, procedimientos y formas de actuar. Que Cervantes tiene los incentivos para hacer un buen trabajo, para que no se cuestione su paso de procurador a fiscal. No es verdad. Un fiscal como el que corresponde a un nuevo diseño institucional solamente será creíble y podrá cumplir con su responsabilidad si tiene márgenes amplios de independencia con respecto al Ejecutivo actual, al próximo y al resto de los actores políticos. De otra manera no será creíble que, en caso de que se tengan elementos para realizar una investigación, el fiscal pueda actuar con profesionalismo contra personajes de la más alta jerarquía política. El nombramiento más bien parece una especie de acuerdo en el que se dejaron pasar las reformas en materia de combate a la corrupción, importantes y pertinentes, a cambio de negociar a las cabezas del sistema, para garantizar impunidad, al menos a un cierto nivel.

 

La manera como se procesó la ratificación de Cervantes, sin discusión en el Senado, no permite ser optimista con respecto a los próximos nombramientos del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Será que se acordó que el PRI nombraría al fiscal general, para que el PAN nombrara al fiscal anticorrupción y el PRD al secretario técnico del sistema? Es posible si se considera que en la reciente elección de los magistrados electorales los partidos no solamente se repartieron las posiciones, sino que se quiere, una vez electos, ampliar su periodo, para que la próxima Legislatura no elija a unos nuevos. Posiblemente se trata del mismo acuerdo que permitió que se aprobaran las leyes anti corrupción (insisto, en general correctas) sin la obligación de los servidores públicos de publicitar sus bienes. Si es así, entonces aceptemos que las reformas realizadas tendrán mucho menos efecto para combatir la corrupción de lo que se ha vendido.

 

Es todavía posible rectificar. Urge que la regulación secundaria obligue al Senado a un estricto proceso de escrutinio para la elección del fiscal general, que impida el paso automático del procurador, nombrado por el presidente y parte de su equipo cercano, a la Fiscalía general. Se requiere ofrecer garantías de que las cuotas de los partidos no son las que van a definir a los responsables de los otros cargos del sistema. Me parece que es necesario que los grupos de la sociedad civil que impulsaron el nuevo diseño institucional se pronuncien en contra de que una persona claramente cercana a la actual administración encabece los nueve años de la Fiscalía. De no hacerlo, se corre el enorme riesgo de haber cambiado de nuevo el marco institucional, con los mejores propósitos, pero sin resultados porque los actores a regular son  capaces de capturarlo.

 

@vidallerenas 

@OpinionLSR


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