Hasta la noche de ayer habían sumado millones las descargas de las muchas versiones en YouTube de la entrevista que Jorge Ramos, de Univisión hizo con Carmen Aristegui, la conocida conductora radiofónica que protagoniza una batalla jurídica, política y mediática que ha tenido en las últimas semanas episodios singulares.

 

La salida de Aristegui de MVS –la tercera en su carrera- es el episodio más llamativo, pero no el único de una historia que se va tejiendo todos los días en torno a si el gobierno del presidente Peña Nieto desarrolla una estrategia para cerrar espacios a la crítica. Una labor de censura que afectaría a medios de comunicación y periodistas. Pero quizá no sólo a ellos.

 

A todas luces, los operadores de Los Pinos están mandando una señal de obsesión por el control de libertades básicas en democracia. Se trata de una apuesta riesgosa, fuera de lugar y especialmente, de tiempo.  No hay ningún medio de comunicación, ni siquiera la televisión, que tenga hoy la penetración de las redes sociales. La globalidad hace que esté en nuestra conversación, en minutos, lo que publique un medio internacional.  Lo peor de la realidad es que no tiene remedio.

 

Todavía resuenan las carcajadas que en la prensa internacional despertó la exigencia de Martha Sahagún, entonces primera dama, cuando exigió hablar con “el dueño” de un periódico inglés de propiedad corporativa,  cuya corresponsal en México había publicado un reportaje incómodo para el entonces presidente Vicente Fox.

 

La citada conversación entre Jorge Ramos y Carmen Aristegui estuvo dominada por preguntas directísimas del primero, interesado en recoger versiones según las cuales la administración Peña Nieto es la responsable del despido de la conductora y de su equipo en grupo radiofónico MVS. Ramos, incluido recientemente por la revista Time en la lista de los principales líderes mundiales, preguntó incluso a Aristegui si Peña Nieto debe renunciar por la denuncia en torno a la “casa blanca”, y si la conductora teme por su vida a la luz de este incidente.

 

Si bien se trata de una referencia obligada en esta discusión que a todas luces rebasa ya las fronteras nacionales, el tema Aristegui-MVS no agrupa, ni por mucho, todo los temores de que en el círculo cercano al presidente Peña Nieto se esté librando una intentona orientada a silenciar la crítica proveniente de los medios de comunicación y de voces de columnistas y analistas.

 

El pasado viernes en su columna de El Universal, Ciro Gómez Leyva se pronunció en contra de esta posibilidad. En su texto, recuerda haber alertado sobre ello desde que se dio a conocer la existencia de la referida “casa blanca”, cuya propiedad se atribuyó la señora Angélica Rivero de Peña. Gómez Leyva, es pertinente subrayarlo, está lejos de poder ser considerado un simpatizante o un promotor de Carmen Aristegui.

 

Sobra recordar también que en las semanas y meses posteriores a la revelaciones sobre la “casa blanca” se sumaron otras, tanto en medios nacionales como en extranjeros tan acreditados como The Wall Street Journal, dando cuenta de otras mansiones no conocidas y cuya propiedad se atribuyó a los secretarios de Hacienda y de Gobernación, Luis Videgaray y Miguel Osorio Chong, lo mismo que al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, un personaje muy cercano a Peña Nieto.

 

Testimonios recabados para la elaboración de esta entrega del Informe Confidencial ponen de manifiesto que los afanes en segmentos del gobierno federal hacia un esquema de censura a la crítica ya están entre nosotros.

 

Funcionarios de varios ámbitos y dependencias, incluida la Secretaría de Gobernación, han contactado desde hace semanas a periodistas y a funcionarios de medios para advertirlos, con los más diversos argumentos y tonos, contra el riesgo de un enfrentamiento con el Ejecutivo federal si persisten en abordar temas “espinosos”.

 

Esos “mensajes” –de alguna manera hay que llamarlos- van desde amables recomendaciones en lenguaje amistoso, “como cosa mía…”; citaciones en oficinas gubernamentales para “leerles la cartilla”, hasta la transmisión directa de advertencias atribuidas a integrantes del primer círculo de Los Pinos.

 

Uno de estos señalamientos hizo saber a directivos del diario Reforma que se les considera “enemigos” del presidente de la República. En otros casos se ha dicho que hay medios “en guerra” con el gobierno. Evidentemente, se trata de personeros carentes de la sensibilidad que en política exige el uso de las palabras.

 

Es deseable que tales esfuerzos cesen pues sólo traerán altos costos para el gobierno federal, y daños colaterales en múltiples espacios para nuestra vida pública.

 

Todavía hay tiempo para que Peña Nieto entienda que el México necesario, del que él habla cotidianamente en sus mensajes oficiales, requiere contrapesos al poder. Y que su gobierno debe asumir la tarea de consolidar estos espacios, no intentar demolerlos.

 

robertorock@lasillarota.com



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