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CDMX: La reforma que se nos fue

La razón central de la reforma es que la Ciudad de México se constituya como una entidad autónoma.

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Escrito en OPINIÓN el

A lo largo de su Presidencia, Carlos Salinas de Gortari nunca dejó de reprochar a los capitalinos que no hubieran votado por él. Por eso se opuso sistemáticamente a que el titular del Poder Ejecutivo del Distrito Federal fuera electo por voto universal, libre, directo y secreto. Sabía que en el momento en que la regencia dejara de ser una oficina anexa de Los Pinos, el PRI perdería el control sobre la capital del país. El tiempo le daría la razón. Años más tarde, en 1997, se celebraron las primeras elecciones democráticas en el Distrito Federal, y con éstas, llegó el triunfo de la izquierda.

 

El sexenio de Salinas acabó, pero su lógica prevalece. Esto explica por qué cuando ya se había alcanzado un inusitado acuerdo político en el Senado para culminar la prolongada transición a la autonomía plena de la Ciudad de México, la minuta fue súbitamente desechada por la cámara revisora. Tras concluir que la medida no beneficiaría electoralmente al PRI, durante la última sesión de la 62 Legislatura la mayoría de los diputados, capitaneados por Manlio Fabio Beltrones, decidió dar marcha atrás, incumpliendo su parte en un acuerdo del cual fueron corresponsables.

 

En septiembre tomarán protesta como diputados federales 500 nuevos actores que estuvieron al margen de las prolongadas negociaciones que antecedieron la Reforma Política del Distrito Federal, con lo cual se iniciará una nueva dinámica legislativa con sus propias prioridades. Con este “borrón y cuenta nueva”, se antoja remota la posibilidad que de aquí a 2018 se vuelva a abrir una coyuntura  propicia para debatir la reforma y enmendar sus graves fallas (principalmente el aberrante 40% de constituyentes designados por poderes constituidos).

 

Por mezquindades políticas a las que se sumaron fuertes presiones del alto clero y de lobbies de extrema derecha en contra de la posibilidad de que los derechos LGBT y la interrupción del embarazo se elevaran a rango constitucional, de nueva cuenta se diluyó una formidable oportunidad para saldar una deuda histórica con los capitalinos.

 

En este contexto, algunos líderes de opinión buscaron desacreditar la reforma por diferentes vías: que era innecesaria, que no traería beneficios directos a los ciudadanos, que sólo implicaría mayor gasto y burocracia. Incluso no faltó quien dijera que eso del Constituyente era una cursilería. Aunque la reforma ya se frustró, estas posturas obligan a hacer algunas precisiones póstumas.

 

En su artículo Neta ¿Hace falta?, María Amparo Casar sostiene que es prescindible una Constitución del DF y que bastaría con la sola modificación de su Estatuto de Gobierno. Lo que esta columnista no dice es que tal como está la ley, reformar el Estatuto es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Esto implica que los legisladores locales que elegimos en el DF no tienen atribuciones para enmendar la ley local de mayor jerarquía, mientras que un diputado federal del estado de Tamaulipas o Quintana Roo, por el cual evidentemente los capitalinos no votamos, sí cuenta con esa competencia. Esto solo puede calificarse como una distorsión de la representación popular en tanto intromisión indebida de legisladores de otras entidades federativas en el régimen interno del Distrito Federal.

 

La razón central de la reforma es que la Ciudad de México se constituya como una entidad autónoma. Si bien seguirá siendo capital de la República y sede de los poderes federales, por primera vez contará con facultades plenas y equiparables a las del resto de las entidades federativas para resolver todo lo concerniente a su régimen interno.

 

María Amparo Casar agrega que la reforma aprobada en el Senado no propone una nueva distribución de poderes ni una nueva relación gobernantes/gobernados. No repara en que la reforma política del Distrito Federal no se limita exclusivamente a las decisiones del Congreso de la Unión. Tampoco se confina a redefinir el ámbito de competencias, facultades y concurrencias entre el gobierno federal y el local coexistentes en un mismo territorio. Esto es apenas el punto de partida. La reforma desencadenaría la elaboración de una Constitución local y de diversas legislaciones secundarias. Serían estos los espacios y momentos indicados para redefinir la arquitectura del poder local, la distribución de facultades y competencias entre el gobierno central y las alcaldías, la relación entre gobernantes y gobernados, e incluso una nueva geografía política. Justo para eso es la autonomía.

 

Otra pregunta reiterativa en la opinión publicada es qué ganan los ciudadanos con esta reforma, solo para proceder a responder de un plumazo y sin rigor de por medio que nada. Veamos.

 

En primer lugar, se consolidarían los derechos y garantías civiles que se han conquistado en la ciudad de México, elevándolos a rango constitucional (matrimonio igualitario, interrupción del embarazo, derechos sociales universales y exigibles, etcétera).

 

Un segundo beneficio provendría de robustecer los espacios de participación ciudadana. Debido a su proximidad, es el municipio, alcaldía o como se le quiera llamar, el nivel en que los ciudadanos pueden incidir de manera más directa y determinante en la acción pública. A través de los Concejos se establecerían por primera vez en la historia contemporánea de la capital del país, contrapesos institucionales a las autoridades unipersonales devenidas en cacicazgos delegacionales. Estos cuerpos colegiados plurales estarían a cargo de aprobar el presupuesto anual, fiscalizar el gasto público, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas y llamar a rendir cuentas al alcalde.

 

Además, no sólo la ciudad en su conjunto a través del fondo de capitalidad, sino también cada una de las delegaciones tendrían más recursos federales. La reforma permitiría que las alcaldías reciban participaciones federales directas, como actualmente reciben todos los municipios del país, salvo las delegaciones del DF.

 

Finalmente, un beneficio no menos importante es el de la proyección de la Ciudad de México. ¿Cómo debería ser el pacto fundacional de una comunidad política frente a las realidades y los desafíos del Siglo XXI? Para el jurista Pedro Salazar, el Constituyente representaría una oportunidad única para promulgar una Constitución moderna, clara, coherente y bien ordenada. Su contenido tendría que ser de vanguardia, esto es, establecer un catálogo de derechos amplios, progresistas, orientados en clave igualitaria y libertaria.

 

Esto implicaría que los derechos de las personas sean el centro de la ecuación, la estrella polar que oriente las acciones de todos los poderes y de todas las acciones de gobierno. Podría ser una Constitución modelo para el México del Siglo XXI que haga de la igualdad el piso base para una agenda robusta de derechos. Por el lado de la organización de los poderes podría ser ejemplo de un modelo eficiente, republicano y funcional,  pues solo organizándolos de este modo es posible garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

 

En conclusión, para lograr todo esto y más, una reforma política y una Constitución para la Ciudad de México “neta, sí hacen falta”.

 

@EncinasN