Un nuevo deporte, afición y carrera profesional ha emergido gracias al gobierno federal: la caza de información que lleve a localizar a los gobernadores, primero de Veracruz y ahora un ex gobernador de Tamaulipas de hace más de dos sexenios.
La mejor estrategia para la autoridad encargada de la procuración de justicia en nuestro país fue la de ofrecer quince millones de pesos a quien proporcione información sobre el paradero de, hasta ahora, dos personas que fueron titulares del poder ejecutivo de dos entidades federativas en nuestro país. Treinta millones de pesos sin duda incentivo suficiente para casi cualquier ciudadano dejar cualquier carrera o negocio y lograr, por otra parte, algo que la autoridad federal parece no poder conseguir: datos contundentes sobre el lugar en el que radican estos dos políticos mexicanos.
Varias son las interrogantes que surgen respecto a esta forma de operar de Procuraduría General de Justicia. En primer lugar, comenzaremos por una aclaración: ellos no ofrecen nada, el dinero se encuentra asignado como parte del presupuesto federal a esa procuraduría para el cumplimiento de sus atribuciones pero, esos recursos provienen de los impuestos que pagamos las y los mexicanos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que evaluó esa dependencia para determinar que esta era una buena ruta para recabar información sobre el destino de estos dos personajes? ¿Será esta la ruta que seguirían para los muchos gobernadores y servidores públicos que deban rendir cuentas sobre la corrupción e impunidad en diversas entidades? ¿Nos alcanzarán los recursos económicos como país para seguir ofreciendo millones de pesos por información útil?
En el fondo de todo se encuentra una vez más la incredulidad de los mexicanos respecto a que las autoridades no saben dónde se encuentran dos ex gobernadores, uno con licencia y otro que concluyó el cargo hace trece años, de dos entidades federativas. No, no creemos que el gobierno federal no sepa dónde están. Pero, por otra parte, es sin duda más preocupante que en nuestro país los gobernadores con licencia y los ex gobernadores se pierdan, simplemente desaparezcan. ¿Así funciona la seguridad de los ex titulares del poder ejecutivo de una entidad federativa? Es decir, los señores podrían estar enfermos, muertos, secuestrados, en la cárcel en otro país y en México no sabríamos absolutamente nada de su paradero.
No puede otorgarse ninguna credibilidad a la hipótesis de que nuestras autoridades respecto a que no saben dónde se encuentran Javier Duarte y Tomás Yarrington o qué pasó en el caso de Ayotzinapa. El circo levantado alrededor de una supuesta procuración de justicia es lamentable. La actuación de las autoridades desafortunadamente no se centra en investigar o perseguir delitos en cumplimiento de sus funciones sino en que, si los asuntos adquieren alta repercusión en los medios de comunicación o en la ciudadanía, o bien, autoridades diversas a las nacionales actúan en contra de este tipo de personajes, es entonces el momento oportuno para que la justicia mexicana haga acto de aparición. Lo reconozcamos o no, el caso Duarte es uno de los que preocupa a la autoridad por la presión a la que se ha encontrado sometida.
En México no es posible identificar la puesta en marcha de acciones para prevenir la comisión de delitos, tampoco para que se investiguen ni se sancionen. Duarte, como varios colegas y ex colegas, no teme a las consecuencias jurídicas de sus actos de corrupción porque son inexistentes. Roban, ellos y sus cómplices, a destajo y en nuestras caras porque saben que la procuración de justicia es una utopía en México. La única explicación a que se estén tomando algunas medidas es de índole electoral. Veremos cómo empezarán a aparecer algunos gobernadores o pistas para localizarlos conforme se vaya midiendo el impacto electoral en los procesos electorales de 2017 y 2018.
Es ahí donde comenzarán las negociaciones para sacar o poner a dormir expedientes según convenga a los intereses de los partidos políticos y de sus posibilidades reales en las contiendas venideras. La procuración de justicia en México se encuentra sometida a la negociación política, a lo que convenga en el momento.