El caso de Daphne, la adolescente que denunció haber sido violada por cuatro jóvenes conocidos como Los Porkys, ha encendido una alerta e indignado a la sociedad mexicana, ya que los presuntos agresores son hijos de exitosos empresarios y familias acaudaladas veracruzanas, y las autoridades de procuración de justicia de la entidad tardaron mucho en responder, por ende se presumía que los juniors serían cubiertos con el manto de la impunidad.
La violación de Daphne por parte de jóvenes que no superan los 20 años, que pertenecen a familias aparentemente bien constituidas y de buena reputación, que fueron “educados” en escuelas de prestigio, es una tragedia de múltiples aristas: Porque es un ejemplo de nuestras fallas como sociedad mexicana, de la carencia de valores éticos y morales, de que vivimos en una época de crisis y convulsa…
Del mismo modo, la vejación de Daphne representa otro fracaso más para nuestro actual sistema de justicia penal, y el hecho de que haya sucedido en Veracruz (no sólo la violación en sí, también la inacción de las autoridades), es una evidencia de lo que sucede en dicha entidad, la cual parece estar colapsada por la violencia, inseguridad e impunidad, solapada en algunas ocasiones por algunos niveles de gobierno.
Y es que lamentablemente, en los últimos años, Veracruz no ha dejado de ser noticia nacional e internacional: Están los ya 19 periodistas asesinados, la gran mayoría de los casos sigue sin resolverse; las decenas de “levantados” y desaparecidos, algunos por policías estatales y municipales, los crímenes también continúan sin solventarse; y las irregularidades encontradas por la Auditoria Superior de la Federación en las cuentas públicas, por poner algunos ejemplos. Entonces el caso de Daphne es uno más que se suma a la impunidad que reina en la entidad.
Javier Fernández, padre de Daphne, se reunió con los presuntos responsables y sus padres, en este encuentro se pactaron tres condiciones para evitar que el caso llegara a tribunales: Que los presuntos violadores pidieran perdón a su hija por medio de un vídeo; que si se encontraban con su hija en algún sitio, los presuntos culpables se fueran de inmediato; y que los jóvenes responsables del abuso fueran a terapia con un psiquiatra.
El 16 de mayo del pasado año, cuatro meses después de la violación, el padre de Daphne presentó la denuncia ante las autoridades veracruzanas, al considerar que no se habían cumplido las condiciones pactadas, antes mencionadas. La acusación se llevó a cabo en mayo pero los presuntos culpables fueron citados a declarar hasta el pasado 10 de septiembre de 2015.
De acuerdo con el padre de la denunciante, familiares de los jóvenes se encargaron de difundir mentiras repugnantes por medio de correos electrónicos y las redes sociales, con la finalidad de ensuciar el nombre de quien había tenido la valentía de revelar un crimen: pretendían que Daphne fuera castigada por atreverse a denunciar.
Lo esperable era que la Fiscalía de Veracruz actuara, que investigara el caso y fincará responsabilidades, cosa que evidentemente no sucedió, y en este caso como miles más en nuestro país, la justicia no fue pronta ni expedita, y claramente no es para todos. El caso de Daphne contribuyó a perpetuar algunos de los vicios más graves de nuestra sociedad: El clasismo, el influyentismo y el prejuicio social.
El padre de Daphne, a pesar de lo todo lo que ello conlleva decidió hacer pública la violación de su hija, porque no está dispuesto a tolerar que el caso quede impune, porque entendió que la defensa de las personas acusadas utilizarían toda clase de tácticas dilatorias, porque sintió que el gobierno de Javier Duarte, simplemente no haría justicia en favor de la víctima, como ya ha sucedido y hemos sido todos testigos, en muchas ocasiones en la entidad.
Afortunadamente este caso ganó presencia en los medios masivos de comunicación, y se han dado manifestaciones públicas en redes sociales y presenciales para exigir justicia al gobierno de Veracruz. Sólo tres semanas después de que el padre de Daphne enviara la carta a los medios exponiendo su caso, la Fiscalía de la entidad dio a conocer que fueron giradas órdenes de aprensión, no contra los cuatro acusados, sólo tres. Sin embargo, pocos días antes supimos que dos de los presuntos responsables ya habían abandonado el país.
En esta ocasión la Fiscalía de Veracruz se vio sujeta a fuertes presiones por su reticencia a actuar y el malestar público la obligó a reaccionar. Tal vez fue tarde, pero se abrió una puerta, la sociedad está exigiendo más, algunos sectores ya no estamos dispuestos a seguir siendo testigos de que las agresiones sexuales y físicas contra las mujeres queden impunes, peor aún que sean castigadas por medio del escrutinio social por atreverse a denunciar.
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