Cuatro meses después de dejar COFETEL, el Día de Reyes de 2014 envié una nota a un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Básicamente alertaba el inconveniente de abandonar, sin más, el modelo utilizado por la Comisión en la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Tijuana. Por esos días un modelo distinto empezaba a ganar adeptos entre la gente de Xola.
Lo importante no era la preeminencia de un modelo u otro, sino el cumplimiento del mandato constitucional que obliga a culminar nuestra transición el próximo 31 de diciembre. Salvo que los responsables hagan un urgente ejercicio de autocrítica, el recorte presupuestal anunciado por el secretario Videgaray parece ser el último clavo en el ataúd de la fracción I del artículo Octavo Transitorio de la reforma constitucional.
Pero ni el petróleo ni Videgaray tienen culpa. El obstáculo no es la coyuntura económica sino la necedad de la SCT (con o sin interés electoral de por medio) de echar por la borda el aprendizaje de Tijuana y experimentar con un modelo caro de beneficios falaces. [1] A trece meses del envío de aquella nota, vale la pena recuperar algunos de sus fragmentos. Lo que es evidente es que nadie en SCT puede llamarse a engaño con lo sucedido.
Preámbulo
“Como cualquier política pública, la transición a la TDT debe sujetarse a evaluaciones y, en su caso, modificaciones. En su momento y por determinadas circunstancias COFETEL eligió para el Piloto de Tijuana un esquema basado en la instalación de decodificadores. Cualquier cambio radical a este esquema debiera, primero, documentar los inconvenientes de repetirlo y, segundo, ofrecer evidencia y relativa certeza de que el nuevo modelo será más eficaz o provee mayores beneficios.[2]
Lo que también es importante recordar es que durante distintas sesiones de la Comisión Intersecretarial en la Administración pasada, los miembros de la misma dedicaron varias reuniones a analizar distintos esquemas (entrega directa de decodificadores, sistema de vales, televisores, dispositivos móviles, etcétera). Es decir, el esquema que hoy pretende implementarse ya fue analizado y por distintas razones se privilegió la entrega directa de decodificadores”.
El modelo SCT
“SCT plantea llevar a cabo este proceso a partir de nuevos criterios:
a) Entrega de […] televisores digitales, con puerto de entrada para conectarse a internet (internet ready), que tengan incorporado el sistema Android (estos televisores no existen) y con una dimensión de 22 pulgadas. Se incluye solamente antena interior.
b) El costo de cada aparato debe oscilar entre los 100 y 150 dólares.[3]
c) La entrega de los televisores a la población beneficiada se llevara a cabo a partir de que SEDESOL defina un padrón de beneficiarios; una parte de la población deberá acudir a centros de acopio para recibir su televisión.
d) La ventajas que la Secretaría considera son las siguientes: ahorro de energía para el país del orden de 1,500 millones de pesos anuales por el menor consumo de las televisiones digitales; incremento sustancial de la conectividad de banda ancha en el país; el reciclaje de televisiones analógicas”.
Las notables deficiencias
“No se incluye la dotación de antenas exteriores. De acuerdo a lo observado en Tijuana, por la topografía de la ciudad, existen zonas en las cuales la recepción de señales de televisión abierta es muy débil. La adecuada recepción de señales digitales sólo se pudo lograr con la instalación de antenas exteriores. Esto seguramente ocurrirá en ciudades con características similares a Tijuana […]
Se incrementa el costo por hogar en relación al plan piloto de Tijuana. Cabe recordar que el costo promedio por hogar en esta ciudad fue de $1,000 pesos, de los cuales sólo 12.4% correspondió a la vista e instalación. La SCT lo compensa reduciendo el universo de beneficiarios y seguramente lo justificará aduciendo que se incluye la penetración de banda ancha, lo que no ocurrió en Tijuana, pero tampoco ocurre con un televisor que simplemente puede acceder a internet […]
De acuerdo a la experiencia de Tijuana, el mecanismo que propone la Secretaría podría tener varios riesgos si no se instrumenta adecuadamente. Los más importantes son evitar duplicidades en el apoyo a los hogares beneficiados y sobre todo contar con la evidencia documental de que se logró la penetración de TDT para que el IFETEL pueda decretar el apagón [4] […]
La idea de la SCT de aprovechar el apagón analógico para incrementar la penetración de banda ancha [no toma] en consideración el segmento de la población al que está orientado. Los decodificadores en Tijuana fueron entregados al universo de habitantes que no podían pagar un sistema de cable. ¿Qué hace pensar que este mismo universo puede pagar un servicio de banda ancha? […]
El mecanismo de entrega de los equipos debe ser revisado. Políticamente será difícil para el Ejecutivo Federal justificar la entrega de televisores si como oposición el PRI y el PVEM cuestionaron públicamente esta estrategia en vísperas de las elecciones en EDOMEX y las intermedias de 2009, cuando de hecho la Administración del entonces Presidente Calderón no consideró esa vía. Para PAN y PRD será muy sencillo retomar esas críticas.
A ese costo habría que agregar la campaña que las televisoras llevarán a cabo. Si con decodificadores efectivamente instalados y constancias firmadas por ciudadanos se dudó de la penetración y continuidad del servicio, con vales o televisores (en un proceso que además involucra a una cantidad importante de dependencias públicas para su éxito) esta crítica sin duda aumentará y quizá encuentre sustento.
A quienes en la SCT tienen la responsabilidad de la ejecución del proyecto, le sería de mucha utilidad conocer a fondo todos los detalles del Plan Piloto en Tijuana, de tal manera que el diseño de las siguientes fases de TDT considere todas las variables que inciden en este proceso y que evidentemente SCT desconoce, pues la experiencia se quedó en IFT”.
Retomo el último párrafo de la nota, pues no me cabe la menor duda que con la experiencia adquirida en Tijuana los funcionarios del IFT habrían llevado a buen puerto el mandato constitucional. La encomienda no era sencilla, pero el de Tijuana había probado ser un modelo exitoso que —sin explicación alguna— fue abandonado ante el aplauso silencioso de quienes continúan beneficiándose de los tropezones en la materia.
Por cierto, de la increíble contradicción de establecer un órgano regulador autónomo y trasladar a dependencias del Ejecutivo un programa tan políticamente sensible se alertó a todos y cada uno de los miembros del Pacto. La oposición nos debe esa explicación y un año entero en el que el tema, literalmente, les pasó de noche; otra vez de noche.
En estos días distintos especialistas han exigido a la SCT retomar como modelo la instalación de decodificadores. Me sumo a la exigencia. Es la única manera de rescatar el apagón y cumplir con la Constitución. Estoy convencido que si la SCT recula y durante los próximos once meses establece estrechos mecanismos de colaboración con el IFT, la transición aún podría estar a nuestro alcance. De no hacerlo, lamentablemente México continuará postergando su transición digital en beneficio de unos y perjuicio de millones.[5]
Para ello se necesita un ejercicio de humildad en la Secretaría y también, por qué no decirlo, un regulador más comprometido con y activo en el proceso mismo. Parecería que al IFT le ha sentado bien que el muerto se cargue en otra instancia. Si la SCT ha pecado de opaca y soberbia, me parece inentendible el silencio, casi cómplice, guardado por el Instituto durante estos meses, pero en particular durante estos últimos días. Es inaceptable que el Instituto se haya acomodado y restringido su papel a mero visor de porcentajes de penetración digital. Tan se equivocó que es probable que el fracaso de la TDT haya cobrado ya su primera víctima en la licitación de televisión con el abandono de la tercera parte de los concursantes que quedaban.
Por una larga lista de facultades que la Ley le confiere, el IFT debió comunicar públicamente a la SCT las localidades estratégicas tanto para el modelo de negocio de quienes aspiran a establecer una nueva cadena de televisión digital como aquellas en las que aún existen concesiones en la banda de los 700MHz y con ello garantizar la viabilidad de la Red Compartida. Si no se piensa abandonar el necio ejercicio de las televisiones, al menos asegurar que el esfuerzo se concentre en dar viabilidad a estos dos proyectos, también constitucionales.
Sirva ésta como segunda carta a los Reyes Magos. Que nos traigan instituciones humildes, coordinadas y comprometidas con nuestra transición digital.
[1] Pese a la intensa campaña de desinformación montada por las televisoras Tijuana concluyó exitosamente. Las cifras ofrecidas por COFETEL se confirmaron tanto en las ventanillas de atención ciudadana como en la ausencia de movimientos sociales que reclamaran la medida.
[2] En todos los caso, énfasis añadido.
[3] Gracias a un trabajo de Vania Guerrero (Reforma) hoy sabemos que el costo promedio de cada televisor en realidad fue de $2,400 (USD $165), contra los $790 de un decodificador o los $1,090 de un decodificador y una antena exterior instalados en la casa del beneficiario.
[4] Hace unos días funcionarios de SEDESOL expresaron públicamente que, como cualquier apoyo social, era decisión del ciudadano si vendía, regalaba o empeñaba el televisor digital recibido Es increíble que en un año de ejecución nadie les haya explicado las reglas particulares que constitucionalmente aplican a esta política pública y que necesitan de una penetración comprobada de TDT de 90% entre los miembros del padrón de beneficiarios de esa dependencia.
[5] Lo que se ha presentado como capricho del Presidente Calderón o, posteriormente, del Pacto por México, es en realidad una política pública que impulsa mayor competencia en televisión abierta, mejores paquetes en televisión de paga, mayor pluralidad de contenidos gracias a la multiprogramación y permite liberar las bandas de 700 y 600MHz como dividendos digitales propicios para servicios de banda ancha móvil. De ahí la antipatía entre distintos concesionarios.