Aunque todavía no inician formalmente las campañas de las #Elecciones2017, las tendencias comunicacionales parecen claras. Por un lado, la mayoría de los partidos se inclinarán por los ataques y descalificaciones. Por el otro, le darán un peso significativo a las denuncias contra sus adversarios ante las autoridades judiciales.
La judicialización de las campañas ya está en marcha.
Las acusaciones ante autoridades electorales, federales y locales apuntan a diversos frentes, que van desde un número importante de aspirantes a presidencias municipales hasta las y los principales candidatos a gobernador.
#Morena denunció a @JosefinaVM.
La candidata del #PAN fue acusada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 900 millones de pesos a la fundación Juntos Podemos, que ella dirige. Por otra parte, la candidata de Morena, Delfina Gómez (@delfinagomeza) fue denunciada y sancionada el mes pasado por la difusión indebida de spots y luego cuestionada por algunas inconsistencias en su declaración final y ante lo que reportó en su #3de3.
En Coahuila y Nayarit tampoco se prevén campañas tersas.
Las divisiones y choques entre los principales partidos hicieron muy difícil la definición de las alianzas y sus candidatos. A partir de ahora se esperan otras posibles reacciones jurídicas, por ejemplo, frente a la negativa que dio el #PRI a Humberto Moreira para participar en la contienda de Coahuila.
Veracruz seguirá en el “ojo del huracán”.
Además de las denuncias que se han presentado en contra de varios candidatos a presidente municipal, lo más probable es que la batalla entre el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes (@YoconYunes), y el presidente de #Morena Andrés Manuel @lopezobrador_, siga escalando pues en el conflicto la apuesta es a la elección presidencial del próximo año.
Como si se tratara de un déjà vu, las historias se repiten.
La corrupción, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y otras acusaciones similares seguirán siendo presentadas en las #RedesSociales a través de filtraciones de documentos, grabaciones telefónicas o videos obtenidos —también casi siempre— de manera ilegal.
Por desgracia, la tendencia a la guerra sucia sigue creciendo.
Si bien ha quedado demostrado que acciones de este tipo rara vez se convierten en los factores determinantes o decisivos en la intención del voto ciudadano, sí provocan efectos adversos como desconfianza e incredulidad en toda la clase política.
Por si fuera poco, tampoco ayudan a consolidar nuestra democracia.
En esencia, lo que generan es un clima de descomposición política y social que afecta la convivencia pacífica entre los diversos sectores de la sociedad, ya que son generadoras no solo de violencia verbal, sino que además se convierten en fuente de desprestigio de algunas personas que no cometieron algún ilícito.
En la lucha por el poder, el conflicto es inevitable.
De hecho, en este espacio hemos sostenido en diversas ocasiones que los personajes políticos deben aceptarlo, comprenderlo, no temerle y entrar en éste siempre que sea necesario, pues tiene el potencial de hacer crecer los liderazgos cuando se sale bien librado.
Sin embargo, optar por la guerra sucia es el camino más fácil.
Pero es también el que ofrece las menores garantías de éxito y los resultados más ruines. Quienes conocen bien las técnicas e instrumentos de la #ComunicaciónPolítica saben que existen otras rutas más eficaces como las campañas negativas o de contraste.
De ninguna manera está mal diferenciarse del adversario.
El debate abierto, asertivo, crudo y hasta descarnado puede convertirse en una poderosa herramienta cuando las y los candidatos disponen de evidencias que desacrediten a sus adversarios.
Pero en campaña, la lucha debe darse dentro de los espacios políticos.
La opción judicial tendría que transitar por otras vías, lo que no significa que se dejen de presentar las denuncias que correspondan contra quienes cometan cualquier delito. Pero de ahí a convertirlas en los ejes principales de los actos de campaña es otra cosa.
Para recuperar la confianza de la sociedad hay que reencauzar el paradigma.
Si queremos seguir fortaleciendo nuestra democracia, es preciso y urgente recuperar la legitimidad de las campañas electorales. Convertirlas en un lodazal bajo el supuesto de que es el mejor camino para ganar una elección, no ha resultado más que una fórmula de perder—perder.
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