Las elecciones de hoy 5 de junio en las que se disputa mil 365 cargos de representación popular. Parecería indicar que los mexicanos navegamos en la ruta de las instituciones democráticas y del ejercicio pleno de los derechos y libertades civiles y políticos. Sin embargo, la sombra de la violencia criminal y la influencia que ejerce en una parte no despreciable de la cartografía electoral sugiere que la democracia está bajo ataque y no logra vencer del todo las resistencias y cadenas que la sepultaron durante casi todo el siglo XX.
Por otro lado, la historia reciente muestra que la violencia política, ese mecanismo de los grupos en el poder para excluir o exterminar a opositores, hoy en día no sólo sigue vigente, sino que a lo largo de la última década se ha entreverado con la violencia criminal. En otras palabras, en el México de la democracia y la modernidad, la violencia política y la violencia criminal no sólo ponen bajo asedio al estado de derecho y el régimen democrático, sino que han logrado articular una burda pero robusta alianza que permite mantener el control político y social en amplias zonas del país, incluso constituyendo verdaderas autonomías regionales. La relación entre el campo criminal y el político se ha consolidado principalmente en la última década.
En el año 2000, con los vientos favorables del nuevo milenio y una vez que la profecía del apocalíptico Y2K había demostrado ser un fiasco, en México se avizoraba, a la vuelta de la esquina, la anhelada democracia sin adjetivos. Junto con la promesa de “sacar al PRI de Los Pinos”, Vicente Fox, en ese entonces líder opositor del PAN, felizmente repartía sueños e ilusiones: resolver conflictos en quince minutos, bonanza económica, el fin de la corrupción y sus múltiples cabezas (tepocatas, víboras prietas), el abatimiento de la pobreza, etc.
Con su victoria y toma de posesión como primer presidente emanado de la oposición en 71 años, parecía que la sociedad había logrado desterrar los vicios y bajezas del viejo régimen que impedían el florecimiento de la democracia procedimental. Era el principio del fin de las instituciones electorales subordinadas, de los mecanismos de coerción del voto y del clientelismo y el corporativismo que apuntalaban al viejo régimen. La tarea en puerta consistía de imaginar, construir y consolidar.
No obstante, el ensueño democrático se desvaneció tan pronto como nació. Más allá de las promesas incumplidas fue la traición al espíritu democrático, es decir, al derecho de todas y todos a participar en la vida política del país, lo que marcó el sexenio. En efecto, el enfrentamiento entre Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder de la izquierda, y Vicente Fox se caracterizó, sobre todo, por el uso partidista de las instituciones del Estado mexicano para eliminar de la contienda política al adversario. El ataque al político de izquierda (ya para entonces virtual candidato presidencial) se ejecutó mediante múltiples artilugios, siendo el famoso “desafuero” quizás uno de los más burdos y certeros.
Junto al embate institucional, los grupos en el poder diseñaron una densa campaña en los medios de comunicación que consistió de las más chocantes figuras de nuestro lenguaje y cultura cívica. Se impulsó una campaña cuyo discurso se revistió de clasismo e intelectualismo, que satanizaba al candidato AMLO y lo condenaba por populista, demagógico e iluminado. Con este discurso y campaña de odio (en el fondo también populista, demagógica e iluminada) se inauguraba una nueva fase de violencia política, con la cual se buscó excluir al adversario del juego democrático. Lo preocupante del caso es que, mientras la violencia política crecía, otro monstruo, acaso más gélido e infame, incubaba: el monstruo de la violencia criminal.
El conflicto y violencia políticos del también llamado sexenio de la alternancia (entre AMLO y Fox) desembocó en la más grave crisis política y social de la historia contemporánea: el conflicto poselectoral de 2006. El presidente Calderón protestó al cargo de Presidente de la República en medio de acusaciones de fraude, de espaldas a la sociedad movilizada e indignada y sorteando el plantón del corredor Zócalo-Reforma. La forma en que Calderón asumió el poder lo llevó a tomar decisiones apresuradas y viscerales. Portando el uniforme del ejército, el presidente buscó enviar un mensaje de autoridad y poder, que acaso invistieran su figura de legitimidad. Y fue así como inauguró la guerra contra las drogas y contra los grupos del crimen organizado.
Sin embargo, tal decisión desató la insurgencia criminal que carcome al país desde entonces. Como se ha documentado ad nauseam, el hecho de sacar al ejército a las calles a combatir cuerpo a cuerpo a las bandas criminales, detonó una espiral de violencia que aun hoy en día desangra al país entero.
Irónicamente, el conflicto político, el uso acomodaticio de las instituciones estatales y el hecho de violentar el marco jurídico para destruir a los enemigos políticos despertó la violencia criminal. Aún; desde entonces, tanto la violencia criminal como la violencia política se entrecruzan, por lo que a veces es difícil diferenciarlas.
El ejemplo sobre esto lo aporta una investigación reciente sobre la estrategia del gobierno federal en la guerra contra las drogas. A partir de 2006, muestra el estudio, el conflicto poselectoral incidió en el tipo de estrategias y de cooperación entre las fuerzas federales, estatales y municipales en el marco de la guerra contra las drogas. De acuerdo con los datos, el Gobierno Federal no cooperó del todo en aquellas regiones gobernadas por los partidos de oposición, en especial del PRD. Más aún, a partir de 2009, desde el Ejecutivo Federal se organizaron diversas campañas de aprehensiones y acusaciones contra políticos y funcionarios de la oposición, entre las que destaca el famoso “michoacanazo”. En otras palabras, desde la política se aprovecharon los efectos del crimen organizado para finiquitar un conflicto político.
De esta manera, casi sin percatarnos, la violencia política y la criminal no sólo conviven, sino que muchas veces son mutuamente funcionales. El poder político se sirve de la violencia criminal para eliminar adversarios (como el caso del michoacanazo) o el poder criminal hace uso de la violencia política para afianzarse en una determinada región.
Las ejecuciones de políticos, por ejemplo, son perpetradas por criminales en un ánimo de influenciar en el juego de poder local y mantener su dominio criminal. Tan sólo del 2005 al 2016 han sido asesinados más de 52 presidentes municipales. En el mismo tenor, los asesinatos de funcionarios de gobierno, desde los ediles encargados de las carteras de obra pública hasta los directores de seguridad municipal evidencian hasta qué punto las organizaciones criminales pretenden ejercer presión y control sobre las instituciones de gobernanza y seguridad.
Una de las cifras más significativas que muestra la simbiosis entre violencia política y violencia criminal es el número de periodistas asesinados por causa del ejercicio de su profesión. De acuerdo con Artículo 19 desde el año 2000, el número de periodistas asesinados asciende a 94. Al periodista en México se le asesina por sus denuncias sobre las complicidades entre el poder político y el poder criminal.
Pero lo más preocupante del asunto es que tanto la violencia política como la violencia criminal son los mecanismos que los grupos de interés (políticos y criminales) han adoptado para ejercer su gobierno en diversas regiones del país. En efecto, hoy en día existen dos modelos de gobernanza impuestos por criminales y políticos, que hacen uso de la violencia política y criminal.
En un extremo tenemos a Tamaulipas, estado sin ley y en guerra en donde las organizaciones criminales se han apoderado de los gobiernos locales o en donde los gobernantes locales son criminales. En este modelo de dominio criminal, es la ciudadanía la que más pierde, ya que realiza su vida cotidiana en un ambiente de inseguridad, indefensión y miedo. En estas regiones, la ciudadanía sucumbe asesinada, secuestrada, extorsionada, etc.
En el otro extremo, tenemos regiones enteras de Michoacán o Sinaloa, en donde impera una pax narca y, a veces, “democrática”. En algunos municipios de dichas entidades, los grupos del narco son parte del tejido social, de la fuerza policial y de las instituciones locales. Los criminales ejercen el poder político, crean instituciones informales de gobernanza, logran legitimidad a través de obras públicas, asignación de recursos, y de promesas de ascenso social.
En resumen, con la transición democrática, la violencia del régimen autoritario del priismo, dio paso, durante el sexenio de la alternancia, a un nuevo tipo de conflicto político. Pronto este proceso le abrió la puerta a la brutalidad criminal. Hoy, ambos poderes y formas de violencia conviven en feliz sintonía y sus fronteras son dudosas. La democracia sigue bajo amenaza.