La nuestra, más que una época de cambios es un cambio de época, así lo sugiere una revisión de los últimos acontecimientos políticos y sociales que predominan en nuestro país luego de la primera y segunda alternancia del año 2000 y la de 2012 así como de los reacomodos en las estructuras del poder, tanto en el gobierno y las fuerzas políticas como en la agenda de las instituciones autónomas y de las organizaciones de la sociedad civil. En sí, es la época de la transición a la democracia y de la consecuente instauración democrática que aún no acabamos de definir y de concretar en el país. Una época esperanzadora con graves riesgos de regresión autoritaria.
Si por época entendemos un periodo de tiempo más o menos duradero, marcado por los hechos históricos acaecidos y por una determinada forma de vida, sin duda la nuestra es una nueva época, de apertura democrática luego de una larga noche de autoritarismo mono partidista, de alta concentración del poder y de libertades restringidas por un régimen vertical centrado en la figura presidencial como autoridad exclusiva y dominante. Ahora vivimos una cierta normalidad electoral, una evidente distribución del poder entre las fuerzas políticas tradicionales e independientes, existe libertad de expresión, hay mayor acceso a la información pública y tenemos una economía, aunque aún petrolizada, más diversificada y abierta al mercado internacional.
En México, el inicio del siglo XXI coincidió con la alternancia política en la Presidencia de la República. Sacar al PRI de Los Pinos fue el signo inequívoco de un cambio cargado de altas expectativas que nunca fueron acotadas y que, en la inmediatez, no fueron satisfechas simple y sencillamente porque eran irrealizables en el corto plazo. En consecuencia, la alternancia sin cambio de reglas, con una enorme debilidad institucional, sin solución a los vacíos de poder político, financiero, de transparencia y de espacios de participación social vino acompañada de una sensación de frustración y de decepción democrática ante la falta de resultados inmediatos y tangibles.
De allá a acá, hemos transitado entre la asignación de culpas a los gobiernos panistas y la mezquindad del PRI en su etapa de oposición para aprobar las reformas que luego en el gobierno festinó como propias; y el retorno triunfalista e igualmente decepcionante de los que si sabían cómo gobernar y que hoy son cuestionados socialmente por las prácticas de corrupción al más alto nivel, la incapacidad para resolver la crisis de inseguridad y para alcanzar el crecimiento y desarrollo del país ante una economía estancada por los errores del régimen y las presiones internacionales.
Nuestra época también está marcada por la falta de acuerdos políticos de fondo para cambiar el rumbo del país, evidenciados por la incapacidad del gobierno para conducir la implementación de las reformas estructurales luego de la momentánea autoría que produjo el Pacto por México. También se caracteriza por las limitaciones de las fuerzas políticas, dadas las crisis que se vive al interior de los partidos políticos, por los hechos de corrupción, del alejamiento de las grandes causas ciudadanas y de la lucha intestina por el poder que los revela, en distintos grados, divididos y extraviados.
El resultado de los desaciertos de la llamada clase política es terrible y altamente dañino para todos; se traduce en un nuevo consenso caracterizado por el descrédito de la política, los políticos, el gobierno y los partidos que se refleja en los sondeos de opinión pública, en las redes sociales y en la mayoría de los medios de comunicación. Esto es así debido a la insuficiente participación ciudadana (incluso electoralmente), por el voto diferenciado, por el voto condicionado mediante prácticas clientelares y también por la participación de nuevas formas como las candidaturas independientes, aunque por ahora no lo sean tanto.
En medio de este torbellino de acontecimientos que revelan la provisionalidad y fragilidad de nuestro sistema político, está ocurriendo la renovación de las dirigencias partidistas y la definición de los líderes de las bancadas para la próxima legislatura federal. Los tres partidos más representativos, por diferentes vías y cada uno según su especie, han iniciado procesos para ese fin; estos cambios, sin duda importantes para el futuro de nuestra democracia, deben ser vistos en el contexto del proceso de transición y distinguir, más allá de la anécdota o el episodio, en qué medida contribuyen a la consolidación democrática o a la regresión populista o autoritaria si se siguen deteriorando los partidos políticos que, de acuerdo a nuestra ley vigente, son la vía más concurrida para acceder al poder.
El Partido Acción Nacional, fiel a su tradición democrática, está en campaña con dos contendientes muy representativos de su vida interna: Ricardo Anaya y Javier Corral. Ambos se encuentran en intensa contienda y han debatido recientemente bajo reglas públicas y aceptadas. El próximo domingo el voto directo de la militancia, vigilado por una comisión ad hoc, habrá de definir el resultado.
En el caso del PRI el tema es de facto y a la antigua, lo resuelve el dedo presidencial y se basa en los controles del poder y la disciplina partidista, aunque no menos complejo en medio de la debilidad del Presidente y las luchas anticipadas por la sucesión del 2018. Manlio Fabio Beltrones será el presidente del PRI luego de un recorrido de simulación democrática para conseguir los apoyos de las bases y sectores.
El PRD ha anticipado el cambio tras la dura crisis electoral y el agotamiento de sus liderazgos tradicionales, bien a bien no se sabe qué pasara al interior, lo cierto es que viene un relevo que puede llegar hasta la refundación de ese partido.
Sea cual sea el resultado en el corto plazo, las tres fuerzas más representativas y el resto de los partidos están obligados a concretar acuerdos legislativos, de participación de electores y de diseño de régimen que permitan oxigenar la vida pública de México. Si la voluntad política centrada en el interés nacional no alcanza, por lo menos por instituto de conservación se debe procurar la permanencia y consolidación del régimen democrático y cerrar el paso a las tentaciones autoritarias y populistas.
Por la vía conveniente las fuerzas democráticas están política y moralmente obligadas a fortalecer las instituciones y a definir la vía democrática como el único camino posible para resolver la encrucijada y abrirle espacios de crecimiento y desarrollo al país. Es cierto, como dijo Churchill, que "la democracia no es perfecta pero es lo mejor que tenemos".