El fin de semana pasado tuvo lugar la elección interna para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), cuyo vencedor resultó el queretano Ricardo Anaya Cortés, frente al senador con licencia, Javier Corral Jurado, que posiciona al grupo político de su ex presidente, Gustavo Madero Muñoz, quien junto con Marko Cortés, se disputan el cargo de coordinador de los diputados federales panistas en la conformación de la LXIII Legislatura de la Cámara Baja.
Mientras tanto, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se registraron como candidatos únicos, Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy, en lo que se ha denominado como un triunfo de la militancia priísta, frente al primer priísta del país y su grupo compacto político.
En el Partido de la Revolución Democrática (PRD), su actual dirigente, Carlos Navarrete Ruiz, ha pedido a su Consejo Nacional que designen a una nueva dirigencia y ya hay varios interesados en ocupar las diversas carteras.
Ellos, Anaya, Beltrones y el que resulte electo en el PRD, serán los que dirijan los destinos de sus partidos, con miras a las elecciones para renovar gobernador en las elecciones locales de 2016 en los estados de Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Pero es posible que la autoridad electoral no tenga la autoridad, -moral por supuesto-, que se requiere para organizar los procesos electorales en estas 12 Entidades Federativas, ya que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) perdonó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la serie de ilegalidades preelectorales, electorales y poselectorales, suficientes para retirarle el registro.
El principal argumento para desistir de dicha pena, provino de un desafortunado comentario del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien dijo que por los actos del PVEM “no puso en riesgo la democracia…”. Sin embargo, si consideramos a la democracia integrada al Estado de derecho, el PVEM violó todo lo posible para obtener un beneficio, y por tanto, el razonamiento de Córdova Vianello es absurdo.
Además, el presidente del INE dijo que sancionar al PVEM con 600 millones de pesos opacaba los señalamientos de impunidad y falta de castigo. Dijo que la pérdida del registro sería equiparable a la nulidad de la elección, como si todo ese dinero fuera suficiente para borrar las ilegalidades.
Por su parte y en abono a lo dicho por Córdova, la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, reiteró que las ilegalidades cometidas por el Verde “no son de gravedad extrema que conduzca a su desaparición…”.
Este Consejo General no se ha caracterizado por ser organizado o previsor, ya que desde enero de este año rumbo a la jornada electoral del 7 de junio pasado, los sistemas de cómputo presentaron deficiencias en los sistemas de nómina, de captura de ciudadanos, en la primera insaculación e incluso, advirtiendo de la probabilidad en fallar el PREP al consejero Ciro Murayama con tiempo suficiente, quien minimizó y subestimó el dicho.
La democracia no sólo comprende los actos preparatorios y el de la jornada electoral, como algunos ignorantemente usan como argumento para desviar el tema. En su más amplia expresión compromete una serie de valores políticos, económicos y sociales, en un sistema cuyo campo social se encuentra vulnerado y cuyos actos de dicha autoridad vienen a enrarecer el ambiente político a favor de los partidos políticos.
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