Finalmente hay buenas noticias para las candidaturas independientes. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucional en contra de la Ley Electoral aprobada por el Congreso del Estado de Puebla, declaró inconstitucional el requisito que establecía que cada elector que apoyara las aspiraciones de un ciudadano para obtener una candidatura independiente, debía comparecer personalmente ante la autoridad local para firmar el formato correspondiente.
La votación sobre este tema, por increíble que parezca, no fue unánime sino por mayoría. Afortunadamente, para 9 integrantes de la Corte, el requisito previsto en la ley electoral de ese Estado violenta el principio constitucional de las y los ciudadanos para ser electos, sin ser postulados por un partido político, para ocupar cargos de elección popular, además de considerarlo excesivo y desproporcional.
Esta es una de las medidas a las que han recurrido las legislaturas locales con la finalidad de obstaculizar el acceso de la ciudadanía a este mecanismo de participación ciudadana, que rompe el monopolio de las postulaciones a cargo de los partidos políticos. Sin duda es una buena noticia para limitar las ocurrencias de las legislaturas por intentar contener el acceso a cargos de elección popular por la vía independiente.
Por otra parte, la Corte resolvió, respecto de la misma ley electoral, que el requisito del porcentaje de apoyo del 3% del padrón electoral requerido para obtener una candidatura independiente era inconstitucional, en virtud de que el cómputo debe hacerse respecto del listado nominal de electores y no del padrón. Sin embargo, esto no resuelve el problema de fondo. Con la finalidad de desincentivar las candidaturas independientes, los partidos políticos a través de sus legisladores en los congresos estatales, han elevado el porcentaje de apoyo necesario para conseguir el registro. Los porcentajes son contrarios a los estándares internacionales que recomiendan el 1% para esta figura.
Las candidaturas independientes es otro de los temas en el que resulta evidente el doble discurso de los partidos políticos y los legisladores. Por un lado, porque es políticamente correcto, se manifiestan públicamente a abrir las formas en las que la ciudadanía pueda participar en política y acceder a cargos de elección popular y, por otra parte, en los hechos, aprueban reformas para hacer nugatorio el ejercicio de este derecho para los ciudadanos que quieren ejercer sus derechos sin depender de los partidos políticos.
Los altos porcentajes para obtener el registro a una candidatura independiente; las copias simples de la credencial para votar con fotografía; los breves plazos para reunir el apoyo ciudadano; la comparecencia personal de las y los ciudadanos que apoyen una candidatura independiente ante el órgano electoral local y, restricciones respecto al monto y fuentes de financiamiento privado a las que pueden acceder las y los candidatos independientes, son una clara muestra de ello.
Militantes y legisladores de los partidos políticos, las candidaturas independientes llegaron para quedarse porque la mayoría de los ciudadanos estamos interesados en el bien de México y en incidir en los espacios de decisión pública. Aunque a ustedes les perjudique perder el monopolio al que están acostumbrados, la ciudadanía seguirá buscando nuevas rutas y mecanismos para acceder a los espacios públicos y transparentar desde ahí el manejo de los recursos, lograr verdaderos ejercicios de rendición de cuentas y combatir la corrupción que tanto daño le hace a nuestro país.