El gobierno y el Estado en su conjunto, tiene que hacer una revisión a profundidad de su papel como garante de los derechos humanos. Millones de personas son excluidas del goce de sus derechos por un sistema que valida la discriminación en todas sus estructuras, que constantemente viola el derecho mínimo de igualdad y no discriminación, porque los gobiernos se olvidan de sus obligaciones para la seguridad y el bienestar de las mayorías empobrecidas, de los grupos de especial atención por sus desventajas, dejando que privados y políticos oportunistas hagan de las suyas ganando brevas a costa de aquéllos.
Un ejemplo inmediato, que poca difusión ha tenido en los medios, es la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que urgió al gobierno de México a no entregar a la Fundación Teletón (ligada a Televisa) recursos financieros que el Estado dedica a la rehabilitación de las personas con discapacidad, porque “buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado sean objeto de administración en un ente privado, como Teletón”.
Esto significa que el gobierno en lugar de cumplir con su obligación para que las instituciones del Estado apoyen a este sector de la sociedad, con un acceso universal, le da esos recursos a empresas que deciden a su criterio a quienes atienden o no. ¿Por qué esos ciudadanos discapacitados tienen que aprestarse a las condiciones de un privado? Porque el Estado no lo hace, porque en lugar de fortalecer a las instituciones en complemento con las organizaciones civiles, fortalece a las grandes empresas privadas.
Esa es una conducta reiterada en infinidad de ámbitos de la política pública, como lo fue con la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del gobierno federal, pues mientras ató de manos a los medios públicos para obtener los suficientes recursos para cumplir con su cometido y a las estaciones comunitarias las obliga a depender de la publicidad oficial de un cicatero 1%, a los medios comerciales les permitirá comercializar hasta más del 50% de su programación, además de que seguirán recibiendo multimillonarias ganancias a través de la publicidad oficial.
En lugar de fortalecer a los medios públicos que son de la sociedad, de establecer medidas afirmativas para el sector social, comunitario e indígena, los restringió sin ninguna proporcionalidad o argumento razonable.
Las medidas discriminatorias a los medios comunitarios e indígenas no aguantan la prueba de argumentación categórica, de razonabilidad o de ponderación en materia de derechos humanos y libertad de expresión, por eso es que varias comunidades indígenas y emisoras comunitarias interpusieron demandas de amparos, pues se les conculcan las derechos mínimos que la Constitución les reconoce pero que el gobierno se niega a materializar.
Quienes operan medios comunitarios pertenecen a lugares mayoritariamente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, porque ahí es donde están las comunidades más pobres del país, porque ahí es donde se necesitan medios para combatir los cacicazgos, denunciar las violaciones a los derechos, informar a la gente en su propio idioma, en su propia dinámica cultural, pero en lugar de ser normalizadas por el Estado, facilitando las trámites administrativos y técnicos para su existencia y dándoles condiciones para acceder a diversos recursos económicos, les impuso medidas de acceso a las frecuencias y a recursos económico de manera discriminatoria.
Cómo esperar que esas comunidades asoladas por la miseria, la violencia estructural, van a cumplir todos esas medidas, cuando hasta incluso tienen que cuidar la vida por informar, como sucedió con el director de la emisora comunitaria de Luvianos en el Estado de México, que sufrió la desgracia de que el crimen organizado le asesinara a su hijo ahí mismo en la estación.
Esas medidas legales se hicieron a demanda y gusto de los medios comerciales como Televisa y los congregados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que ahora mediante sus “líderes de opinión”, han iniciado (¡otra vez!) una campaña para desacreditarlas afirmando que son negocios del PRD, propalando mentiras como que la radio comercial en América Latina casi ha desaparecido por la presencia de medios comunitarios o que en Europa no se les permite la comercialización por que se alejan de sus fines sociales, cuando en Francia y en Inglaterra no solamente se les permite, hasta en un 20%, sino que también son apoyadas por un fondo concursable con recursos provenientes de los medios electrónicos comerciales.
Tanto Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Europa, han recomendado a los Estados no sólo el reconocimiento de los medios comunitarios, sino también su fortalecimiento con medidas afirmativas, por cuanto son el vehículo de expresión para las grandes mayorías excluidas del debate democrático, pero en México en esta materia se legisla y ejecuta una política pública contraria, al gusto de las empresas privadas.
Crisis de derechos humanos
Es casi imposible no referirse en estos días a lo sucedido en Guerrero. ¿Cómo entender lo ocurrido en Iguala a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa? Esa barbarie que nos ha conmocionado nos devolvió a la realidad que siempre le hemos dado la espalda; puso en evidencia la denuncia ignorada de la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país desde hace décadas, pero que se agravó profundamente con la preeminencia del crimen organizado en los últimos 14 años, que extendió sus tentáculos por todas las estructuras del Estado.
Las advertencias al Estado mexicano vinieron desde hace mucho tiempo por parte organizaciones de la sociedad civil y por distintos organismos internacionales de derechos humanos.
Que ahora nos quieran hacer creer que la tragedia tiene sólo como causa el involucramiento de narcotraficantes con autoridades estatales, es tratar de desviar la atención para evitar que se patentice que el Estado fue omiso en sus obligaciones para proteger los derechos de la población a pesar de que sabían de la situación, esa omisión hace responsable al Estado de la desaparición de los 43 estudiantes, la muerte brutal de otros tres y las agresiones humillantes de todos los jóvenes que fueron perseguidos por los policías involucrados en el operativo.
“Nos persiguieron como si fuéramos perros” dice en uno de sus testimonios un joven que logró huir de la represión policiaca. Y es que hay una saña en el operativo de Iguala que nos cimbra, porque borra todo vestigio de dignidad humana.
Esa dignidad avasallada, borrada también por la matanza de San Fernando en Tamaulipas; las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y los feminicidios en el Estado de México; la muerte de un niño por la represión del gobernador de Puebla, son muestras de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que tienen un denominador común: la impunidad, esa que permite que quiéen tiene el dinero o las influencias necesarias no es, ni será castigado.
Toda mi solidaridad a las familias de los estudiantes asesinados y desaparecidos, su dolor es nuestro dolor.