El costo de las raterías en México equivale a cuatro puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), unos 740 mil millones de pesos. La corrupción socava las estructuras de la sociedad, le resta oportunidades a los pobres y crea, cada año, cada sexenio, una nueva gavilla de ricos.
Un alto porcentaje, casi el 95 por ciento, de agentes de migración, policías, comandantes, directores de escuelas, políticos, constructores, gobernadores, directores de áreas e instituciones, presidentes municipales, encargados de obras, jefes de mantenimiento y de compras, roban.
Y México aguanta. Sigue aguantando en un marco de inestabilidad financiera. Los empresarios han lanzado la alerta. Esta enorme sangría puede llevar al país al caos. Tenemos una caterva de pillos, algunos con cuello y corbata, otros desde sindicatos, magisterios, e instituciones del Estado.
Encima tenemos que soportar a un grupo de diputados y senadores que parecieran ser enemigos de México. Aprueban reformas que en vez de beneficiar a los mexicanos los hunden en la pobreza. Claro está: ellos no sienten el peso de la crisis porque ganan miles de pesos mensuales y se enriquecen con una serie de negocios colaterales como paquetes de obras de construcción.
Más que reformas, México requiere frenar la corrupción porque esta destruye. Julio A. Millán Bojalil, presidente del Grupo Corporación Azteca (Coraza) ha reclamado que el gasto público sea manejado de manera eficiente, sobre la base de una contraloría social que vigile el uso de los recursos.
“Lo que nos molesta es que nos mientan, que el gobierno no diga la verdad. Se requiere que nos diga cómo se ejerce el dinero que aportan los contribuyentes y así evitar la corrupción”, expuso Millán Bojalil, durante el foro México Cumbre de Negocios, realizado en Guadalajara, Jalisco.
Combatir la corrupción es fundamental, no sólo en los países emergentes, dijo Eswar Prassad, de la Brookings Institution de Estados Unidos quien consideró que la correcta asignación de los recursos es fundamental para que la economía sea más estable.
A este problema, que afecta enormemente a la sociedad, tiene que sumarse el pedido de malos empleados que exigen dinero para darle velocidad a algún trámite como ocurre también cuando alguien va a sacar un acta de nacimiento o hacer trámites para casarse y tienen que “caerse” con una lana. Diariamente malos empleados de Telmex, la CFE o el servicio del agua potable piden para las “aguas”.
Pero ahí no acaba el calvario de los mexicanos quienes el próximo año gracias a los diputados que aprobaron un “nuevo impuesto” a las gasolinas tendrán que pagar más. Aunque algunos quieren barajearla y decir que esto no es otra cosa más que fijar el gravamen del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS), lo que se traduce en que para el próximo año se adelante la liberación del precio del combustible.
En el 2016 todos los automovilistas y transportistas tendrán que pagar entre 3.52 y 4.58 pesos por cada litro de gasolina o Diesel que compren, adicionales al precio vigente del energético.
Ello es consecuencia de un impuesto especial que la Cámara de Diputados aprobó como parte de la miscelánea fiscal de 2016 que no es más que otro golpe a la depauperada economía de los mexicanos. Lamentablemente las protestas sólo se hacen sentir en las redes sociales y la gente no gana las calles como sí lo hacen en otras naciones del continente.
Y mientras se avizora un panorama negro para los mexicanos en el año venidero, diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado y el Presidente de México se desplazan, de forma grosera, en grandes caravanas, insultando a los pobres mexicanos.
Filas de Suburbans, camionetas Escalade o Lincoln se ven en empobrecidos estados de México donde diputadillos y gobernadores se sienten virreyes de las comarcas que gobiernan. En todo el país esta nueva clase de ricos compran ranchos ganaderos, haciendas, construyen casas, hacen edificios y lavan el dinero a través de testaferros.
¡Esta bola de ratas, tienen jodido a México!
Así o más claro.
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