En pleno proceso electoral y con una economía estancada, el gobierno federal ha optado por expedir decretos con beneficios fiscales para sectores específicos de la base contribuyente.
Sólo en marzo de 2015, el presidente Enrique Peña firmó cinco decretos con diversos beneficios y estímulos fiscales como: 1) la ampliación de beneficios fiscales para los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); 2) las medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de procedencia extranjera en los que no pueda acreditarse su importación definitiva; 3) la renovación del parque vehicular del transporte federal de carga, pasajeros y turismo con diez años o más de antigüedad; 4) la ampliación de la deducción inmediata de inversiones en bienes de activo fijo para los contribuyentes de las zonas afectadas por el huracán “Odile”; 5) el estímulo fiscal para los terceros proveedores de las constructoras de vivienda; 6) una condonación del IVA por la enajenación de suplementos alimenticios; y 7) la ampliación del plazo de diferimiento del ISR para las sociedades cooperativas de producción.
En el caso del RIF, el decreto con beneficios fiscales, publicado el 11 de marzo, estableció la reducción al 100% de tres impuestos: ISR, IVA y el IEPS por todo el ejercicio fiscal 2015; además de estas exenciones, se autorizó ampliar hasta 2016 el 50% del subsidio de las contribuciones de seguridad social correspondientes.
Para la sustitución de vehículos de autotransporte de carga, pasajeros y turismo, el 26 de marzo de 2015 se otorgó un beneficio para que los propietarios de “autos chocolates” pudiesen canjear dicho vehículo a cuenta de uno nuevo o semi-nuevo, considerando para ello un estímulo fiscal equivalente al ISR que pagarían por dicha transacción; además, se concedió a los importadores de vehículos “chocolates” el estímulo fiscal consistente en la condonación del 100% de las contribuciones que se generen por la importación definitiva del vehículo; así como un estímulo fiscal para los fabricantes, ensambladores o distribuidores residentes en el país, consistente en un crédito equivalente a la cantidad que resulte menor entre el precio al que se reciba el vehículo usado, el 15% del precio del vehículo nuevo o las cantidades establecidas en el propio decreto; este monto será acreditable contra el ISR, las retenciones efectuadas a terceros y el IVA.
El mismo 26 de marzo y con la finalidad de renovar el parque vehicular del autotransporte federal, se estableció que los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados en el país, podrán adquirir de los permisionarios aquellos vehículos que tuvieran diez años o más de antigüedad, con un estímulo fiscal consistente en un crédito equivalente a la cantidad que resulte menor entre el precio en que se adquiera el vehículo usado o el 15% del valor del vehículo nuevo; dicho monto, se podrá acreditar en contra del ISR propio o retenido, o contra el IVA. Para el permisionario, se otorgó un estímulo fiscal equivalente al monto del ISR correspondiente a la operación de tomar a cuenta del precio de venta del vehículo por adquirir.
El tercer decreto con beneficios fiscales publicado el 26 de marzo, modifica diversos beneficios para los contribuyentes de los municipios de Comundú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé, todos de Baja California Sur, afectados por el huracán “Odile”, en septiembre de 2014.
Y es que, inicialmente se había autorizado la deducción inmediata de inversiones en bienes nuevos de activo fijo, aplicando una tasa del 100% sobre el monto original de la inversión, pese a que el gobierno federal señaló, meses antes, que la “deducción inmediata de inversiones” había probado no ser una forma eficiente de apoyo la inversión y que, por el contrario, había sido utilizada por empresas de gran tamaño para reducir injustificadamente su carga tributaria.
Contraviniendo sus propios argumentos, en el nuevo decreto para mitigar los efectos económicos del huracán “Odile”, el gobierno federal amplió el plazo del 15 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015, para que las inversiones realizadas durante ese periodo en bienes de activo fijo, pudiesen ser deducidas en forma total e inmediata para el ejercicio fiscal de que se trate.
Otras medidas fiscales publicadas a 10 días del inicio formal de las campañas federales, fueron las de apoyo al sector vivienda: En este decreto se benefició a quienes proveen de servicios (tecnología, maquinaría especializada, materiales, obra) a las constructoras de vivienda, al otorgarles un estímulo fiscal equivalente al 100% del IVA causado por la prestación de dichos servicios.
Este decreto también condonó el pago del IVA y sus accesorios causados por la enajenación de suplementos alimenticios –aquellos elaborados con una mezcla de productos químicos, hierbas y de extractos naturales-; y para las sociedades cooperativas de producción, se estableció un beneficio fiscal para que, cuando determinen utilidad gravable del ejercicio fiscal y no la distribuyan, puedan diferir la totalidad del ISR hasta por cinco años.
En conjunto, estos beneficios y estímulos fiscales representarán una pérdida millonaria para los ingresos fiscales del gobierno –que ya de por sí están dañados– y aunque benefician a sectores específicos de la base contribuyente, dejan en desventaja a los contribuyentes cautivos que, como explicamos en la colaboración anterior, este 2015 pagarán más impuestos “gracias” a la reforma fiscal tóxica del PRI y PRD.
De igual manera, la publicación de estos decretos representan una aceptación implícita del gobierno federal de lo que, desde octubre de 2013, advertí en tribuna y ante los medios: La reforma fiscal incluyó “una serie de barreras de entrada a la competitividad y a la generación de inversiones en el país, especialmente en materia de ISR y a algunas prácticas de terrorismo fiscal”; como sea, celebro que el gobierno federal por fin esté entrando en razón y ahora esperamos que los diputados del PRI –los actuales y los que vienen– también se den cuenta que la revisión y corrección de la reforma fiscal tóxica es el primer paso para cambiar el rumbo económico del país.
Mención aparte merece la muy cuestionable –y sospechosa– discrecionalidad de la decisión de la Secretaría de Hacienda de otorgar beneficios fiscales en pleno período de campañas electorales, en lugar de haber aceptado, cuando se lo propusimos, corregir de fondo la desastrosa reforma fiscal que se empeñaron en impulsar. ¿No creen?