Es tarea sustantiva de una autoridad generar condiciones de seguridad y justicia para las personas. Quien decida competir por un cargo público como ejecutivo estatal, debe tener en mente la necesidad de reducir la incidencia de delitos, combatir el crimen, dar acceso a la justicia a las personas, respetar los derechos humanos, fortalecer el Estado de Derecho. Para lograrlo, tanto la autoridad como la sociedad requierimos métricas precisas que nos presenten avances o retrocesos, que permitan generar inteligencia y desarrollar, implementar y evaluar políticas específicas para este tipo de fenómenos.
Es así que el descenso de la incidencia delictiva podría ser una buena noticia que da cuenta de mejores condiciones de seguridad en la vida de las personas. Sin embargo, en un contexto de debilidad institucional, las bajas en la estadística delictiva pueden ser resultado de manipulaciones de las bases de datos, de malas prácticas ministeriales para clasificar los delitos, de rechazo al acceso a la justicia de las personas, de dejar de registrar los delitos, de disuadir la denuncia de las víctimas, o incluso, de combatir el delito extrajudicialmente.
Es por eso que el descenso del número de denuncias y carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJE) de homicidios dolosos, homicidios culposos, extorsiones, robos con violencia, robos de vehículo, robos a casa habitación, a negocio y a transeúnte —comparando los primeros meses de 2016 contra el mismo periodo de 2015— que se observa en la información pública oficial, no necesariamente son buenas noticias.
El Estado de México ha estado en varias ocasiones al centro de críticas nacionales e internacionales de quienes vigilamos la rendición de cuentas a través de información pública. Las estadísticas delictivas en el Estado de México dejan mucho que desear en términos de su confiabilidad. En particular, ¿qué se puede afirmar de una entidad donde los registros de averiguaciones previas por extorsión son tan inconsistentes? Si analizamos dichas cifras encontraremos que sólo hay datos en 1999, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Sólo contamos con evidencia muy reciente del comportamiento delictivo. Esta no nos permite realizar comparaciones de mayor alcance o bien, determinar si el nivel registrado de averiguaciones previas en 2015 (36% menor que el de 2014) ha ocurrido en el pasado.
Asimismo vale la pena recordar el cuestionamiento realizado por parte de la publicación británica The Economist en relación con el cambio de criterio de clasificación de los homicidios dolosos en 2007, lo cual daba como resultado una aparente disminución de este delito de alto impacto[1]. Por otro lado, en el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México se demostró que la evolución de las averiguaciones previas por homicidio en el Estado de México entre 1997 y 2014 se caracteriza por que las tasas mensuales de homicidio doloso y culposo han sido sistemáticamente parecidas tanto en términos de su tendencia como de la magnitud de las fluctuaciones y los valores de las tasas. Éste es un comportamiento inusual pues en otras entidades existen diferencias entre las series durante algún periodo.
Es posible separar estas series en 2 etapas. La primera transcurre de 1997 a 2006 y se caracteriza por una tendencia ligeramente decreciente. En enero de 2007 se observa un salto descendente de ambas series equivalente a una reducción de 53 y 63% de la tasa mensual registrada en diciembre de 2006 de homicidio culposos y homicidio doloso, respectivamente. La segunda etapa abarca de 2007 a 2014 y se distingue por una tendencia ligeramente creciente de ambos delitos. Por último, en 2015 los homicidios culposos registrados disminuyeron 53.8% y se ubicaron en su nivel más bajo desde 2008.
Si se hace referencia a las solicitudes que ha efectuado el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) se puede destacar que aparentemente no cuentan con información sistematizada sobre fosas clandestinas y no existe certeza sobre la cantidad de feminicidios que han sido cometidos en el Estado de México. Esto último se debe a que en la respuesta a nuestra solicitud de información enviada vía INFOMEX a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se menciona que se iniciaron 48 averiguaciones previas por feminicidio durante 2014.
Mientras que en un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se refiere que la PGJEM informó que se habían iniciado 86 averiguaciones previas por feminicidio durante el primer cuatrimestre de 2014[2]. Respecto a la falta de certeza sobre la cantidad de feminicidios que se reconocen en el Estado de México, habría que retomar aquellos casos en los cuales este tipo de ilícitos han sido investigados y registrados como suicidios u homicidios culposos como sucedió en el caso de Mariana Lima, de Nadia Alejandra Muciño o de otras tantas mujeres en dicha entidad. Sin lugar a dudas, me atrevo a afirmar el feminicidio es un delito que las autoridades difícilmente reconocen y que generalmente clasifican mal.
Aunado a ello, es importante considerar que las cifras oficiales sobre incidencia delictiva no reflejan el total de delito puesto que no toma en consideración todos aquellos ilícitos que no fueron denunciados o en los cuales no se procedió a iniciar una carpeta de investigación, es decir, la cifra negra. Si se analiza dicho indicador a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) levantada por el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), se puede apreciar que de 2010 a 2014 ha reportado una cifra negra superior a la registrada en el ámbito nacional. Asimismo se puede apreciar que se mantenido como una de las 10 entidades con mayor cifra negra, por ejemplo, se consolidó como la séptima entidad federativa con mayor cifra negra la cual fue de 93.6% durante 2014. Esto significa que aproximadamente solo 6 de cada 100 delitos se denuncian en dicha entidad federativa.
Una breve mirada a los datos nos muestra que el Estado de México es la quinta entidad con mayor tasa de secuestro por cada 100 mil habitantes si se consideran los casos registrados tanto en el fuero común como federal, es decir, si se toman en cuenta aquellos que fueron investigados por las autoridades locales y federales. Esto es evidente porque reportó una tasa de 2.25 secuestros por cada 100 mil habitantes durante 2015 y se ubicó por debajo de lo registrado en Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Morelos. Aunado a ello, es importante mencionar que de enero de 2015 a febrero de 2016, en términos absolutos, el Estado de México es la entidad en la cual la federación ha atendido más secuestros, ya que durante ese periodo la Procuraduría General de la República (PGR) inició 245 averiguaciones previas.
En materia de robo (robo de vehículo y robo con violencia), el Estado de México ha presentado tasas por cada 100 mil habitantes consistentemente superiores a las registradas a nivel nacional tomando en consideración las estadísticas oficiales publicadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por ejemplo, en 2010 la tasa de robo de vehículo fue 49% mayor que la nacional. La brecha entre ambas tasas ha crecido sustancialmente de tal suerte que en 2015 la tasa fue 116% mayor que la nacional. De igual forma, la tasa de robo con violencia del Estado de México se ha mantenido por encima del indicador nacional. Lo anterior refleja que pese a las disminuciones registradas en los últimos años, la situación en el Estado de México no es halagüeña.
Paralelamente es importante recordar dos aspectos que mantienen vivo el problema: la corrupción y la manipulación de información para dar a conocer que las condiciones de la entidad son aparentemente mejores. Respecto al primero de los problemas mencionados, se ha logrado apreciar que la corrupción ejercida por parte de las autoridades encargadas de prevenir y reaccionar ante los eventos delictivos, es el perfecto caldo de cultivo e incentivo para que los delincuentes actúen con plena impunidad. Recordemos la manera en la que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana ha tenido que reconocer la corrupción institucionalizada que ha llevado a dar de baja a miles de policías y que explica la razón por la cual, en 2015 la autoridad estatal suspendió la aplicación de multas de tránsito para los ciudadanos, ya que no se garantizaba la conducta apegada a derecho por parte de los policías.
Desde el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) entendemos nuestra obligación como sociedad civil en, por un lado, dar cuenta de esta problemática una y otra vez y por otro, de coadyuvar en la solución y por eso hemos ofrecido nuestro apoyo para fortalecer las instituciones locales y federales para mejorar los mecanismos de registro, clasificación y publicación de los datos de incidencia delictiva.
Hace casi 2 años, en el espacio radiofónico de Ciro Gómez Leyva, ciertas autoridades locales del Estado de México desestimaron este tipo de datos así como el análisis que se ha realizado desde el ONC sobre la situación de seguridad en la entidad. Gracias a esa discusión abierta, el Secretario General de Gobierno, José Sergio Manzur Quiroga; el Procurador General del Estado, Alejandro Gómez Sánchez y yo acordamos abrir tanto al información sobre incidencia delictiva como la procuraduría a la sociedad civil, con miras a que el ONC llevara a cabo un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los procesos de registro y construcción de bases de datos con información pública de calidad. De igual manera, con el apoyo del ONC, la PGJEM impulsaría el fortalecimiento de la integridad profesional a través de la cultura de la legalidad.
Sin embargo, de poco sirvieron las reuniones y llamadas que sostuvimos, los oficios y viajes realizados, la insistencia e incluso presión pública: el Estado de México ha dicho “sí, sí, sí” con la mayor cordialidad que se podría esperar. No obstante, no ha dado un solo paso hacia delante y ello nos ha hecho desperdiciar tanto recursos como tiempo. Al respecto, quiero recalcar que este proyecto no tenía costo alguno para la PGJEM, ya que el ONC tiene como mandato no recibir recursos públicos mexicanos.
En resumen, ante lo que ha sucedido las autoridades estatales podrían ser consideradas como funcionarios amables informales y con poco interés para mejorar la seguridad y el acceso a la justicia de los ciudadanos. Un proyecto que fortalecía a la institución y que era donado, ha sido desperdiciado y le ha quitado una gran oportunidad a tantos buenos servidores públicos estatales que hacen un trabajo impecable, para que su trabajo luzca y sea reconocido. Una muestra de que lo único que se requiere es voluntad política para tratar de atender el problema de seguridad y justicia que existe en nuestro país pude apreciarse en los efectos que ha producido este proyecto en Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua, así como la reciente apertura que se ha tenido por parte de las autoridades de Morelos, Nuevo León, Veracruz y el interés por parte de Sonora.
Sabemos que las instituciones estatales de procuración de justicia trabajan con enormes dificultades: exceso de trabajo, pocos recursos, vicios institucionalizados y que además se trata de un tema difícil y peligroso que pone en riesgo la vida de los funcionarios y de sus familias. De igual manera, sabemos que se pone en juego el prestigio profesional de los servidores, pues siempre se encuentran bajo el puntual escrutinio público que suele consistir en mera crítica sin que exista de por medio comprensión sobre la problemática o la propia función de los servidores públicos en cuanto a procuración de justicia.
Como lo comenté anteriormente, justamente, por eso desde la sociedad civil ha ofrecido y ofrecemos constantemente nuestro apoyo para mejorar las condiciones laborales; el respeto a los derechos humanos de víctimas, presuntos culpables y de las propias autoridades; el apego y aprecio de la ley; la reconstrucción de la confianza, la seguridad, el acceso a la justicia y el Estado de Derecho en el ámbito local. No obstante, pareciera que no todas las autoridades se encuentran interesadas en atender estos problemas ni en recibir apoyo constructivo por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
La baja en la incidencia delictiva reportada por el Estado de México en un contexto de crisis de seguridad humana no es buena noticia. La falta de disposición con la sociedad civil no es buena noticia. La falta de rendición de cuentas no es buena noticia. La falta de construcción de confianza institucional e integridad profesional de los servidores públicos no es buena noticia y dificilmente nos llevará a una mejora de vida para los mexiquenses y para quienes circulamos por la entidad.
[1] Paris Martínez. “Falso” descenso de homicidios con Peña Nieto: The Economist en Animal Político
[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Incidencia de feminicidios