Hace apenas unos días, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado a partir de la petición del gobierno mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció que la “versión histórica” de los hechos del gobierno mexicano, en el caso de Ayotzinapa, era en realidad un cuento chino.
Ello básicamente porque a partir de la evidencia científica recabada, para que se hubieran podido cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula, en Guerrero se hubiera requerido de al menos 60 horas y una enorme cantidad de combustible, que en la versión oficial de los hechos resulta inverosímil.
La reacción lógica y natural de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa fue de descontento, y por supuesto, ello alimentó todo tipo de teorías paralelas vinculadas con la desaparición de las víctimas.
A pesar de que algunos funcionarios del gobierno mexicano han rechazado las conclusiones del GIEI, para el ciudadano promedio no resulta sorprendente el poner en entredicho la veracidad de las investigaciones realizadas por el propio Estado. De hecho, resulta contrario al sentido común mexicano, el creer plenamente las versiones oficiales de las autoridades mexicanas.
Ello tiene que ver con nuestra propia experiencia cotidiana con la autoridad, con las policías y los ministerios públicos, y por supuesto, con los resultados de otras investigaciones realizadas en casos relevantes, tales como la Guardería ABC, las muertas de Juárez, el caso de Florence Cassez, Acteal, Aguas Blancas, y así la lista se puede hacer interminable.
El problema en todos los casos es el mismo, una mezcla de incompetencia, corrupción, deficiencias estructurales de las instituciones, y por supuesto, la presencia del crimen organizado.
Por mencionar algunos ejemplos, en el caso vinculado con los feminicidios en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que el Estado mexicano tenía pleno conocimiento del riesgo que corrían las mujeres de ser objeto de violencia en esa ciudad, y no adoptó medidas efectivas de prevención para reducir los factores de riesgo.
En particular que los Ministerios Públicos de esa ciudad no actuaron con prontitud dentro de las primeras horas en que se denunciaron las desapariciones y días después solamente se limitaron a realizar actuaciones formales que no repercutieron en acciones efectivas para localizar a las víctimas.
En otro caso muy diferente, y que tuvo gran atención mediática como el de la francesa Florence Cassez, la Suprema Corte concluyó que el Estado mexicano había montado un espectáculo mediático que era ajeno a la realidad, y que debido a que no adoptó las medidas para preservar la escena del crimen y las pruebas correspondientes, era imposible averiguar la verdad histórica. En realidad, como afirmó la Corte, no se trató de una actuación loable de la policía al rescatar a unas víctimas de secuestro, ni siquiera de una situación accidental, sino de la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación.
Tal pareciera ser que los resultados de las investigaciones del gobierno mexicano son más mitos que verdades históricas, por no llamarlas mentiras oficiales. Aun cuando estamos caminando hacia un modelo en el que las procuradurías de justicia gozarán de independencia respecto del Ejecutivo, los resultados no parecen estar garantizados.
El sistema de procuración de justicia basado en consideraciones y cálculos políticos es un modelo obsoleto que carece de credibilidad alguna. Sin embargo, el modelo seguirá operando y creando nuevos mitos oficiales, mientras nuestra capacidad de indignación y nuestra memoria sea tan corta como hasta ahora.