A 18 meses de ocurrida la tragedia por la desaparición de decenas de jóvenes normalistas de Ayotzinapa,  lo que trajo la caída de un gobernador (Ángel Aguirre), de un procurador de la República (Jesús Murillo), de un alcalde y su esposa, e incluso del dirigente nacional de un partido de un partido político (Carlos Navarrete, del PRD),  el tema exhibe aún gran potencial de erosión política e institucional. 

 

El problema seguirá creciendo en los próximos días al concretarse el fin del convenio que permitió la participación de un grupo internacional de expertos en este tema, con el aval del gobierno mexicano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.

 

Justo en este campo, el internacional, parece ensancharse todos los días el hoyo negro en el que parece colapsada la imagen externa de la administración Peña Nieto, que a inicios de 2013, a golpe de reformas y pactos, había construido lo que la prensa mundial llamó “el momento mexicano”.

 

 Poco duro esa luna de miel. En el tercio final de 2014, se produjeron tres hechos en cadena: la masacre de Cocula (septiembre), la suspensión del proyecto de tren eléctrico México-Querétaro y el escándalo por la llamada “Casa Blanca”, ambos en noviembre de ese año.   

 

Analistas serios creen detectar en la cancelación del mega-tren el inicio del desplome del prestigio internacional del gobierno mexicano, con un componente crucial en la agenda contra la corrupción. El tema del combate a la venalidad pública, especialmente en América Latina, atraviesa los organismos multilaterales, los gobiernos de naciones con democracias maduras y la prensa global, para formar una especie de frente común guiado por una “mano invisible” que se ha  encarnecido en los casos de México, Brasil y Venezuela, por mencionar sólo tres de los que dominan hoy el debate en la región latinoamericana.

 

Hay otras visiones sobre el tema, según las cuales la irritación externa no es alentada por la moral pública internacional sino por incentivos mucho más prosaicos,  como el desplazamiento en México de actores clave en el campo de los negocios globales, como las compañías petroleras y la constructoras, entre otras. Tal marginación se estaría produciendo, indican estas versiones, a favor de corporaciones mexicanas o multinacionales  cercanas al actual gobierno.

 

Este enfoque echa mano de los paralelismos que muestran el acoso judicial contra la financiera española OHL, por su frívola y viciada forma de hacer negocios, y la campaña impulsada desde Madrid por el caso del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.

 

Ningún mexicano medianamente informado daría un devaluado peso por la honorabilidad del señor Moreira, pero la estentórea campaña seguida en la prensa española –notablemente en “El País”, con tantos intereses latinoamericanos- y en un segmento del aparato judicial español ofrecen espacio para asentar algunas dudas.  Uno de los indicios fue la frase “misión cumplida” en un comunicado de la Policía ibérica, que parecía burlarse al citar una expresión idéntica del presidente Peña Nieto apenas días antes, en ocasión del nuevo arresto del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

 

¿Está castigando el concierto internacional al gobierno Peña Nieto y a México con él, utilizando a organismos multilaterales de derechos humanos por temas como Ayotzinapa? Esa es la pregunta que cada vez más se hacen en el entorno político y empresarial del país.

 

¿Funcionan la OEA, la Corte Interamericana, incluso la Corte de Justicia Internacional de La Haya, o las denuncias en la prensa internacional,  como una válvula de presión cuando un país abandona los estándares mínimos en materia de corrupción pública y respeto a los ciudadanos (nuestras cifras de desapariciones forzadas son una humillación ante el mundo)? ¿Funciona este esquema como un “Gran Hermano” global que dispone de mecanismos de intervención cada vez más sofisticados?

 

Este enfoque puede resultar una provocación pero desde hace meses expande adeptos en México, en ámbitos como el Congreso, la banca y la finanzas, donde se preguntan por la dimensión de la grieta que parece abrirse cada vez más entre el gobierno mexicano y el mundo. Y si nadie atina a explicar por ahora la dinámica de esa grieta, mucho menos se encontrarán pronto mecanismos para sellarla. (robertorock@hotmail.com).

 

lrc



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