A raíz del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Iguala - Ayotzinapa la versión oficial, la “verdad histórica” del gobierno federal, terminó por derrumbarse, después de que el grueso de la población la refutara siempre, con base en la desinteresada actuación del equipo encabezado por Jesús Murillo Karam, ex procurador, y en los estudios científicos de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes informaron desde un inicio que la versión del incendio en Cocula no contaba con bases científicas.

 

Los hechos trágicos y reprobables de Ayotzinapa por el nivel de impunidad y la dimensión de las violaciones graves a los derechos humanos, generaron además de las protestas y la solidaridad internacional nuevos referentes en la búsqueda de la justicia y la atención a las desapariciones forzadas en el país. Por un lado, la participación de un grupo internacional de expertos, convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el inicio de los trabajos hacia una Ley de Desaparición Forzada en el país y -con ello- el reconocimiento de la creciente comisión de este delito en nuestro país.

 

Por otro lado, a nivel federal la Procuraduría General de la República (PGR) ha optado por la creación de una Fiscalía especializada en la materia que ahora opera con 20 personas, para su futura ampliación a 53 y, por último, la reciente aprobación por el Congreso de Guerrero para crear una Fiscalía de la misma naturaleza en dicha entidad en donde, a raíz de Ayotzinapa, se han descubierto fosas clandestinas que al día de hoy suman cientos de cuerpos encontrados, sin que todos hayan sido identificados.

 

El nuevo curso en las investigaciones ha hecho que el pasado 17 de diciembre la PGR detuviera al ex alcalde de Cocula en el periodo 2012-2015, César Miguel Peñaloza Santana, quien fue presidente municipal cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, a pesar de que había sido arraigado en dos ocasiones y se negara de manera inicial una orden de aprehensión en su contra.

 

Por su parte, el jueves pasado las familias de Ayotzinapa se reunieron con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, en una reunión que catalogaron como productiva y que abrió espacio a la necesidad de una segunda reunión que se llevará a cabo en fecha próxima, en un ambiente que -contrario a lo que había sucedido- no fue de confrontación sino de incipiente distensión.

 

Sin embargo, a pesar de esta nueva situación sigue persistiendo la negativa del Ejército a ampliar sus declaraciones en presencia del GIEI, pues hasta el día de hoy no queda clara su participación, y diversas autoridades han confirmado versiones que contradicen lo dicho por el titular de la Sedena, General Salvador Cienfuegos, quien se ha negado a colaborar más allá de lo estrictamente necesario. Lo mejor para conocer la verdad es que en los interrogatorios a los miembros del Ejército que tengan que dar su testimonio sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, participen los miembros del GIEI auxiliando directamente al ministerio público federal.

 

Para el Ejército, el informe del GIEI no ha abierto un nuevo camino como sucediera con el gobierno federal, ni ha sido una lección como tampoco lo fueron Tlatelolco, Acteal o Tlatlaya.

En este sentido, se comprueba nuevamente que es apremiante el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, a fin de que las diversas violaciones de derechos humanos que se han cometido por integrantes de sus filas disminuyan.

 

La investigación sigue abierta y el caso no se cierra, como lo pretendió el gobierno en la era de Murillo Karam, producto de la resistencia y lucha de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, así como la lucha que de manera individual han dado también los familiares de las víctimas que murieron en esa noche, en especial para los dos estudiantes asesinados en Iguala, (dos de las seis personas que perdieron la vida) en cuyos casos se presume tortura; así como para los estudiantes gravemente heridos que hasta el día de hoy continúan enfrentando enormes retos en torno a su salud.

 

Ayotzinapa no es un caso cerrado, pero sí es un caso paradigmático e indignante que debe sentar las bases de la erradicación de la desaparición forzada de personas en nuestro país y también pone en evidencia -una vez más- que el Estado en su conjunto es responsable de la comisión de violaciones graves a los derechos humanos, cuando no ha sentado las bases sociales, políticas y económicas necesaria para evitar que sean cometidos, pero sobre todo lo es cuando encubre, protege y es omiso ante los graves resultados se esas violaciones.

 

La Procuraduría General de la República debe abrir una línea de investigación en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas que se centre en los hechos que se suscitaron en la comunidad de Carrizalillo esos días, en testimonios rendidos ante la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Iguala en el Congreso Local de Guerrero, el comisario de la comunidad y pobladores aseguran que esos días y esas horas del 26 y 27 de septiembre de 2014 se suscitaron hechos en esa población del municipio de Eduardo Neri que ameritan ser investigadas por su probable vinculación con la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes, e incluso aseguran que ahí se escondió la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, resguardada y protegida por el grupo criminal al que se le atribuyen los hechos. En Carrizalillo pudieran responderse muchas de las interrogantes sobre la ruta que siguieron los delincuentes en este suceso que ha conmocionado al mundo; esperamos que la PGR deje su tozudez de seguir enfocándose en Cocula y abra esta vía de investigación. México y Guerrero deben saber la verdad.

 



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