La administración Peña Nieto parece haber elegido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, como la nueva víctima que puede ser marcada y eventualmente aniquilada políticamente por el estigma de Ayotzinapa, como ocurrió ya con el ex procurador de la República Jesús Murillo Karam.

 

Osorio Chong recibió la amarga tarea de  hacer el anuncio oficial de que no se otorgará una nueva prórroga a las actividades del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (que investiga la desaparición y muerte de los jóvenes normalistas),  integrado con base en un convenio establecido entre el gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un panel de organismos nacionales expertos en el tema.

 

La determinación tendrá un costo político para el conjunto del régimen, pero quedará personificada en Osorio Chong, lo que a la postre puede resultar dañino y acaso letal para sus aspiraciones a buscar la candidatura presidencial del PRI a la Presidencia de la República en 2018.

 

En el cajón de las cosas que aún no sabemos quedarán las razones de Los Pinos para decidir que fuera Osorio Chong y no la PGR o la Cancillería, por ejemplo, quien pusiera su nombre y su prestigio detrás de una historia que ha demostrado ser una olla de ácido para aquellos que se han sumergido en ella.

 

Es posible que el flanco del gobierno que ha impulsado el endurecimiento ante este tema quiera cobrar a Osorio Chong, entre otras facturas, haber sido el promotor inicial del convenio, pues fue en sus oficinas la reunión en donde se concibió la creación del GIEI, en un encuentro privado al que acudieron el secretario general de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, y el referido procurador Murillo Karam.

 

Quienes han estudiado la historia de esos días se preguntan por qué Osorio y Murillo confiaron el tema a dos novatas en este campo: La subprocuradora jurídica de la PGR, Mariana Benítez, y la subsecretaria Lía Limón, en Gobernación. También se preguntan por qué el consejero jurídico de la Presidencia,  Humberto Castillejos, dejó pasar este convenio que ahora busca demoler tan activamente, según testimonios recogidos.

 

El multicitado convenio era signo de una visión moderna de Estado, que reconoce que los derechos humanos, los de cualquier persona, van más allá de las fronteras e incluso de las soberanías de los países, y que es la comunidad internacional –uno de los efectos más benéficos de la globalización- la que vela por la vigencia de garantías para la dignidad de los seres humanos, de cualquier de ellos.

 

Este ánimo duró un poco más de un año en el corazón de la administración Peña Nieto. Pero el tema Ayotzinapa carcomió por 500 días moral y políticamente al gobierno, que lucía acorralado. Reiterados pronunciamientos de voces nacionales e internacionales favorecían  un jurado internacional para resolver el tema, similar al que llevó a la cárcel a un presidente en Guatemala y tiene ahora en el banquillo de los acusados al Estado en Honduras, por cargos masivos de corrupción.

 

Apenas unas horas después de que Osorio decidiera confirmar, mediante declaraciones en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva, la cancelación del convenio con el GIEI, el presidente de la citada CIDH, James Cavallaro, declaró a Proceso que ello “no depende del gobierno” Peña Nieto, sino del propio organismo que encabeza.

 

La dureza de la postura de Cavallaro no tiene referentes en la etapa moderna del país. Y según fuentes consultadas, refleja hartazgo de las entidades multilaterales ligadas con el tema, lo que podría haber hecho que aquél se sintiera respaldado para ir más allá no sólo de la diplomacia a la que está obligado, sino incluso del convenio mismo establecido con México.

 

El acuerdo de referencia, en su ahora famosa Cláusula 10, establece que efectivamente, será la Comisión la que determinará la vigencia del GIEI “en consulta con las partes”. Si una de las dos partes –el Estado mexicano- se niega a seguir, como ya lo advirtió,  conservar las tareas del Grupo sería interpretado en la comunidad internacional como una declaración de guerra contra el gobierno mexicano, el cual vería cómo crecen los costos de su decisión.

 

Osorio Chong podría no sobrevivir a semejante tempestad, como no lo hizo en su momento Jesús Murillo Karam, abandonado por todos, entre otros por Osorio Chong, su paisano y alguna vez, su pupilo político.

 

robertorock@hotmail.com

@OpinionLSR

 



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