El equipo multinacional de forenses presentó las conclusiones de su investigación sobre lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, con los 43 estudiantes de la Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Guerrero, en el que señalan entre otras cosas, que la PGR forzó resultados, ocultó información y apresuró conclusiones, cometiendo errores que pusieron en riesgo la identificación de los restos enviados a Austria. Mientras tanto, la PGR intenta desmentir lo dicho por los forenses, sin credibilidad.
La citada investigación de los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a descalificar la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam.
Por ejemplo, Ricardo Raphael afirma (Política Zoom, mayo 14, 2015) que la PGR estableció 13 causas penales diferentes, que fueron enviadas a seis juzgados ubicados en Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Guadalajara; es decir, violando el principio de unidad procesal.
No sólo eso. El mismo texto afirma que a unos funcionarios la PGR los acusó de secuestro y a otros por crimen organizado. Unos eran policías y otros empleados públicos, presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos; es decir, diversidad de delitos, sin una unidad penal.
A algunos de ellos los enviaron a compurgar sus penas al penal de Tepic, otro a Jalisco y un tercero al Altiplano.
Además de esta premeditada división del proceso por todo el país, aparece la sospechosa presencia de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones de la PGR, en el lugar de los hechos durante esos fatídicos días, en los que también se localizaron restos óseos. La sospecha de siembra de pruebas recae sobre Zerón.
Haber encarcelado al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, no fue suficiente; ya que evidenció la ausencia de coordinación entre la Policía Federal, la PGR, el CISEN y el Ejército, con los cuerpos de seguridad municipal y del Estado de Guerrero.
A esta crisis se le sumó la sospecha de legisladores alemanes, quienes encontraron en el Convenio para la Venta de Armas de Alemania a México, el caldo de cultivo ideal para que dicho armamento fuera el cuerpo del delito para materializar los sucesos de Iguala y abriendo la sospecha internacional que algo grave había sucedido.
Esto vino a poner en evidencia las crisis en políticas públicas en diversas materias, como inteligencia, seguridad y, principalmente, derechos humanos. Sacó a la luz pública las redes de delincuencia que tejió el poder político con la delincuencia y cuyo asiento encontró una zona de confort en el gobierno del PRD en Iguala, con la posible complicidad del gobierno de Guerrero del fallido gobernador Ángel Aguirre Rivero. Se evidenció la nula vigencia y sincronía de la Agenda Nacional de Riesgos, que no pudo prevenir los eventos de Ayotzinapa.
Esta parte de derechos humanos mereció una atención especial del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, quien informó sobre el estado en que se encuentra el tema de las desapariciones, a propósito del caso Ayotzinapa, con cuya organización se produjo un delicado frente de crisis político internacional.
Es un problema de Estado, porque se dejaron vulnerables los subcampos del poder social, al permitir el estado mexicano que la delincuencia superara, por la causa que haya sido, la capacidad de respuesta instalada para proteger a la ciudadanía.
Abrió otros frentes de crisis para el gobierno federal, por otros casos de desapariciones en mismo Guerrero, cuando se descubrieron fosas clandestinas con más cuerpos de los que la autoridad buscaba.
Por esto es que la comunidad internacional se ha volcado en críticas el gobierno mexicano.