Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, son lugares conocidos por la magnitud de las atrocidades que allí ocurrieron. Son casos considerados como violaciones gravísimas a los derechos humanos y las heridas contemporáneas más emblemáticas del país. Sin embargo, hay muchas otras localidades en el país como San Fernando, Allende, Apatzingán, por ejemplo, que no han quedado exentas del dolor e impunidad.
Estas llagas supurantes en el país, estas infamias que han sido continuamente observadas a nivel mundial y que, no obstante el enojo gubernamental, son motivo de continuas recomendaciones y de informes internacionales adversos, se originaron a partir de los abusos en el uso de la fuerza pública y la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones policiacas (especialmente en el caso Iguala).
En ese sentido la aprehensión el pasado viernes 21 de octubre de Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública de Iguala en el nefasto periodo de José Luis Abarca, puede ser la clave para determinar con exactitud cuál fue el destino de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Más de dos años estuvo prófugo, cuando bien pudo ser aprehendido desde la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando rindió declaración ante el ministerio público estatal en Iguala.
Más allá de que su detención pudo haber sido inmediata el mismo 27 de septiembre de 2014, el que haya sido aprehendido (se tenía el temor de que sus cómplices lo hubieran asesinado), puede arrojar luz sobre el lugar o los lugares hacia donde llevaron los delincuentes y los policías a los estudiantes.
De igual manera puede permitir precisar que instrucciones recibió y cuáles transmitió esos días cruentos y la red de complicidades entre políticos, fuerzas policiacas y delincuentes de la región; así como identificar a sus padrinos estatales y nacionales.
En Iguala no sólo perpetraron policías y delincuentes esta desaparición forzada que tanto ha lastimado a las familias de los normalistas, a Guerrero y a México. Durante el periodo de Abarca y Felipe Flores las desapariciones, los asesinatos, las extorsiones, los secuestros y las fosas clandestinas se multiplicaron.
La delincuencia organizada tenía el control total de la policía municipal de Iguala y de Cocula, y de otros municipios de la región, entre ellos Huitzuco. Felipe Flores era uno de los jefes de la delincuencia con el cargo de secretario de Seguridad Pública de Iguala, con un grupo de sicarios dentro de la corporación llamados "los bélicos", sanguinarios y con total protección que eran dueños y señores de las salidas y entradas a Iguala.
También será necesario que Felipe Flores responda a la interrogante que plantea Témoris Grecko en su libro "Mentira Histórica": "¿Cómo es que se incrementaban los asesinatos y las desapariciones por centenares, y los cerros se llenaban de fosas clandestinas, y las autoridades no actuaban? ¿Cómo es que las policías de Iguala y otros municipios establecían retenes en carreteras federales, donde robaban, violaban, mataban y secuestraban rutinariamente, y la Policía Federal y el Ejército los dejaban hacer?
El propio general Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ante la primera Comisión del caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados, en la que participé como legislador federal, expresó que el propio Felipe Flores cuando se le preguntó por parte de la comandancia del 27 Batallón de Infantería cómo estaba la situación en Iguala, respondió que todo estaba en calma y controlado. Sin duda, Flores Velázquez, según esta versión, engañó al Ejército mientras perpetraba con sus cómplices esa desaparición infame de los jóvenes, mataban a seis personas y lesionaban a varios más.
Corresponde ahora que todas las actuaciones y declaraciones de Felipe Flores se lleven conforme al debido proceso, para evitar que se puede perder la oportunidad de tener los elementos veraces que permitan conocer qué fue realmente lo ocurrido con los jóvenes. No sólo se trata de que Felipe Flores, una vez sentenciado, cumpla una condena contundente sino de que se pueda saber la verdad, localizar a los jóvenes, castigar a los culpables y dar certeza a los familiares de las víctimas, al país y al estado.
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