La mentira siempre acaba por derrumbarse con el paso del tiempo. Las versiones urdidas por el gobierno federal en torno al caso Ayotzinapa terminaron por derrumbarse. La mentira de la incineración en Cocula de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" fue precedida de varios hechos.

 

La cerrazón del Gobierno Federal para que los elementos del Ejército Mexicano fueran debidamente investigados; el rechazo por parte del mismo gobierno a las declaraciones de Juan Méndez, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, quien afirmó que en México la tortura se da de manera generalizada; el rechazo e intento de desprestigio a la investigación y experiencia internacionalmente reconocida del Equipo Argentino de Antropología Forense que exhibió al menos 20 errores en las investigaciones de la Procuraduría General de la República.

 

El “Informe Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones”, presentado el domingo 6 de septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos develó el alcance de la falsedad maquinada por la Procuraduría General de la República.

 

El Informe en sí mismo nos deja con una sensación negativa, porque se confirma de manera oficial e internacional que los tres niveles de gobierno estuvieron involucrados y que sí tuvieron que ver, que desde el minuto cero dieron seguimiento a los estudiantes y que el teatro mediático y jurídico que han montado solamente ha debilitado a las instituciones y revictimizado a los sobrevivientes, a sus familias y a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa: Todas y todos ellos también son víctimas.

 

Lo acontecido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, hace casi un año, es un caso emblemático y un botón de muestra sobre lo que ocurre con las personas desaparecidas en nuestro país. A diferencia de los múltiples casos de los que poco o nada se sabe, éste fue ampliamente difundido y conocido por la sociedad y a pesar de ello, la pobreza en la investigación y en la impartición de justicia llegó al grado de requerir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

En el estado de Guerrero hay madres, padres y familias enteras que buscan a sus desaparecidos sin los reflectores que tiene el caso Ayotzinapa, lo que nos lleva a concluir que existe impunidad absoluta en esta materia.

 

Existen también pendientes legislativos tanto a nivel federal como a nivel de los estados. Necesitamos una ley bien hecha, que subsane los graves errores y lagunas que existen actualmente en la legislación que parten desde un mal tipo penal de desaparición forzada a nivel federal, y la ausencia en lo absoluto de este tipo penal en algunas entidades.

 

Un gran avance que tenemos ahora es el conocimiento de un gran sector de la ciudadanía respecto a este delito, junto con un mayor entendimiento de que cualquier persona puede ser víctima, de que no es un delito lejano y que lastima a la sociedad en su conjunto.

 

Es cierto, Ayotzinapa fue el Estado, porque vivimos en un país en el que las instituciones y gobiernos han fallado sistemáticamente, porque México es controlado por los grupos de delincuencia organizada en varias regiones y porque no se ha logrado generar un plan de combate a la delincuencia y la corrupción que sea eficaz y respetuoso de los derechos humanos.

 

Pero también es el Estado porque como sociedad hemos caído en la apatía, hemos dejado de exigir a quienes nos gobiernan y nos conformamos con promesas vanas que se hacen en cada campaña electoral.

 

Estamos a tiempo, tras esta terrible tragedia que ha develado cientos de fosas y heridas más, para corregir el rumbo y sumar esfuerzos. La historia de lucha de nuestro país y el ojo vigilante de las instancias internacionales lo apremian, pero sobre todo debemos hacerlo por nuestro futuro y por un mejor presente en donde logremos reducir los índices de impunidad y donde logremos garantizar que Ayotzinapa no se repetirá nunca más.

 

Las instituciones del Estado mexicano han perdido confiabilidad para conducir una investigación objetiva, profesional y exhaustiva para esclarecer la verdad de los reprobables acontecimientos de Iguala. No hay credibilidad en la PGR.

 

A pocos días de que se cumpla un año de estos incalificables hechos es imprescindible una investigación conducida por un fiscal internacional con la coadyuvancia de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuyas pesquisas las haga suyas el ministerio público para ejercitar la acción penal correspondiente.

 

Los derechos humanos no tienen límites jurisdiccionales, la desaparición forzada no prescribe y es un crimen de lesa humanidad. Sólo con la colaboración de instancias intachables en materia de derechos humanos se podrá determinar la verdad de los hechos y castigar a los responsables.

 



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