Durante los primeros días de esta semana, la agresión de Miguel Herrera contra Cristian Martinoli ocupó gran parte de la atención de los medios de comunicación y las redes sociales. No hay duda que el cuestionamiento masivo a Herrera estaba plenamente justificado, el uso de la violencia en contra de un periodista crítico no es el tipo de conducta que se espera o puede aceptarse del técnico de la Selección Nacional. A lo cual se añade el malestar previo por haber usado su imagen para promocionar al PVEM y el pobre desempeño de su equipo en el terreno de juego.
Sin embargo, en las últimas dos semanas otros hechos y datos mucho más relevantes que las desventuras de El Piojo, exigían también una masiva indignación ciudadana: La revelación de cifras sobre pobreza en México o el deterioro del ingreso en los hogares, el estado del endeudamiento público de las entidades federativas o nuevos escándalos de corrupción que vinculan ahora a la empresa OHL con PEMEX y CFE.
Entre todos los acontecimientos ante los cuales es posible indignarse, me parece especialmente importante el informe preliminar de la CNDH al respecto de la investigación oficial en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Este documento, presentado el jueves 23 de julio, a diez meses de ocurridos los acontecimientos, calificados por la CNDH como “el más grave conjunto de violaciones a los Derecho Humanos –además de un cúmulo de crímenes de todo orden-, de cuantos haya memoria reciente en este país” (p. 4), representa una radiografía puntual de la profunda impunidad que lastra a nuestro país.
En la presentación del Informe, la CNDH resume con las palabras precisas el alcance y significado del horror que Ayotzinapa significa para México desde el 27 de septiembre de 2014: “En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada. Tragedia acentuada, más allá de ‘Iguala’, por los hallazgos de cadáveres sepultados en decenas de fosas clandestinas sin nombre, sin identidad, sin tiempo, sin nada” (p. 4-5).
Pero ante el horror de la tragedia misma, el Informe nos advierte sobre el brutalidad de la doble victimización, la que ahora sufren las víctimas y sus familiares, aquellos que no pueden tener acceso a la justicia y la verdad, en especial ante una investigación deficiente e insuficiente, en la cual destaca la “falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, que se estima serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva e integral de los hechos” (p. 5).
Porque para comprender el daño que la impunidad causa a nuestro país, no basta con señalar la falta de castigo, la existencia de corrupción o la participación de autoridades en actividades delictivas, sino también identificar el alcance de la ineficiencia, la omisión y la incompetencia en la procuración de justicia.
Es motivo de indignación que la PGR, a diez meses de la tragedia, sea objeto de 26 de las 32 recomendaciones de la CNDH, de las cuales algunas se entenderían como elementales para investigar los hechos: Integrar las fichas de identificación y perfiles de identidades de los 43 estudiantes desaparecidos; investigar por qué fueron llevados los estudiantes a Iguala; coordinar acciones tendientes a la ejecución de órdenes de aprehensión; recabar declaración de policías y militares; obtener declaraciones de los buzos que rescataron la evidencia del Río San Juan; solicitar información sobre las condiciones climatológicas y ambientales los días de la tragedia para validar la hipótesis de la cremación en el basurero de Cocula; completar peritaciones y dictámenes en materia de edafología, balística, genética, antropología y odontología forense, así como diligencias de reconstrucción de los hechos, etcétera.
Graves, muy graves, las omisiones que identifica la CNDH en el estado de la investigación. Sorprendente que el gobierno que ha quedado marcado nacional e internacionalmente por el horror de Ayotzinapa, no haya entendido que la tragedia exigía una investigación exhaustiva, eficiente, técnicamente impecable y sin omisiones. Ante una tragedia que involucra violaciones graves a los derechos humanos y complicidad de autoridades con el crimen organizado, el gobierno que no tenía margen de error ha actuado nuevamente en forma errática.
Preocupa que las autoridades de todos los niveles de gobierno, sigan sin asumir el mandato del párrafo tercero del primer artículo de nuestra Constitución: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Habrá que esperar la forma en que la PGR y las demás autoridades involucradas respondan ante las observaciones de la CNDH y ver qué son capaces de hacer para garantizar certidumbre en la investigación a las víctimas, sus familias y a todos los mexicanos en los dos meses que faltan para que se cumpla un año de la desaparición de los estudiantes.
La que por definición es la primera responsabilidad del Estado, garantizar seguridad y justicia a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, sigue siendo una obligación que el Estado mexicano es incapaz de cumplir. Más que la afirmación pomposa de verdades históricas, el horror de Ayotzinapa exige a las autoridades simple y sencillamente hacer justicia y no permitir más impunidad.