La desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, tristemente constituye un episodio de violencia política y de violencia perpetrada contra la población civil por parte de grupos criminales que no sólo expresa la dinámica de las organizaciones delictivas en contubernio con grupos de poder –sean políticos, económicos, etcétera, (a estas alturas, qué más da)- sino que también sintetiza y manifiesta tensiones estructurales dentro de la sociedad mexicana.
En efecto, lo verdaderamente doloroso de Ayotzinapa (una historia cruda y brutal en sus detalles, e increíble en su estructura) es que la muerte de ciudadanos y la desaparición de los jóvenes normalistas muestra, sí, la irracional y poco estratégica lucha por el poder que impulsa la lógica de las organizaciones criminales, pero sobre todo, refleja la pérdida de brújula de nuestra sociedad en diversos frentes.
Así, se observa que los orígenes, el desarrollo, la incertidumbre actual y los posibles y muy diversos desenlaces de esta historia expresan una trayectoria histórica preocupante: desde el desplazamiento y agotamiento de valores fundamentales que han hecho posible y han sostenido nuestra diversidad cultural (léase, respeto a la vida de las familias de los adversarios, entre muchos otros), hasta la ruptura de un amplio catálogo de normas e instituciones sociales (todavía hace poco tiempo, hasta las mafias solían tener códigos), lo que ha generado una inercia diabólica, una espiral de violencia que nos ha colocado, a un sector de la sociedad, a los medios de comunicación y a la clase política y elite gobernante, en una situación de crisis.
En otras palabras, lo de Ayotzinapa no es sólo un operativo de represión que se salió de control, que se le fue de las manos a la pareja gobernante de Iguala. Ni siquiera es sólo una parte de las consecuencias no deseadas de la guerra contra las drogas. Refleja, antes bien, una crisis cultural, social y política. Una crisis de identidad colectiva, que cuestiona nuestro modelo de sociedad y de nación, que refleja décadas de exclusión e indolencia, de fracasos políticos, de tropiezos económicos y de indiferencia ciudadana. De ahí la singularidad de Ayotzinapa. De ahí la intensa y extensa respuesta social que ha generado y la alarma internacional que ha encendido.
Toda crisis obliga, sin embargo, a cierto monitoreo reflexivo que se despliega a lo largo de diversos niveles espaciales: desde lo local y regional hasta los escenarios nacional e internacional. Asistimos, pues, a una reflexión colectiva, (incipiente y dispersa, si se quiere) sobre nuestro futuro como sociedad, como estado y nación, en el contexto de una larga guerra contra las drogas (que se ha endosado más fracasos que éxitos), de un nuevo impulso y tránsito en nuestro modelo económico, de espirales y péndulos en lo político y de (re)incorporación activa en el concierto internacional.
Es decir, a partir del traumático episodio de Ayotzinapa parte de la sociedad mexicana –y no olvidemos que es sólo una parte-, comienza a preguntar ¿qué está pasando? ¿Por qué esta violencia tan brutal? ¿Hacia dónde vamos?
En un país con diversos sectores sociales movilizados (a despecho de quienes sostienen la tesis de una "sociedad adormecida", México posee una larga y robusta tradición de protesta), no es casual que la sociedad exprese esta angustia y reflexión a través de una de las pocas herramientas que ha tenido a mano: la organización y movilización social; ambas entendidas como un recurso legítimo e históricamente ensayado de crítica a las instituciones y, fundamentalmente, de crítica a la clase política y gobernante.
Es en este contexto, en el que se deberá dar el reacomodo de piezas al interior de la esfera política con miras a absorber y canalizar las implicaciones sociales y culturales de este episodio, el cual tendrá que ser, necesariamente, de quiebre.
A nivel local-regional la tarea se antoja titánica. El gobernador interino de Guerrero, quien, por cierto, carece de experiencia política en las "grandes ligas", tendrá que comenzar una tarea que no parece podrá llevar a buen puerto, si no es con el apoyo político y de la fuerza pública del estado mexicano (¿con otro comisionado?), y esto es: desarticular la red de complicidades tejida alrededor del crimen organizado, con el riesgo de quedarse sin interlocutores (sin clase política) con los cuales pactar y asegurar la gobernabilidad del estado y de los municipios más afectados.
La dinámica del gobierno interino de Guerrero se desplegará, por tanto, impulsada, sí, por el espíritu e ímpetu de la crítica, la organización y la movilización social, pero también dentro de los límites impuestos por la configuración del poder político regional y nacional.
Por otro lado, a nivel nacional-internacional, el país aparece, nuevamente, como una sociedad que se debate entre la civilización y la barbarie, entre la modernidad y el atavismo, entre el consenso y los acuerdos políticos y el odio y la violencia brutal contra los otros. Conciliar ambos Méxicos ha sido tarea de la historia desde el siglo XIX, con evidente fracaso. Y es que éste no es quehacer exclusivo de la política, ni solamente de sus mujeres y hombres.
Es una faena colectiva, en el que deberán participar los mismos actores que hoy inundan calles y medios de comunicación. La tarea de la política será, en todo caso, acompañar, articular e institucionalizar la toma de decisiones colectivas vinculantes, en el sentido del gran sociólogo Niklas Luhmann.
Por tanto, un acuerdo como el que ahora dejan entrever las fuerzas políticas, no tendrá que ser sólo entre la clase política -como el Pacto por México que tanto reconocimiento internacional le otorgó a esta administración federal y que se tradujo en las recientes reformas estructurales-, sino uno que incluya, no en el discurso, sino en el diseño, operación y evaluación de políticas, ya no sólo a las elites de la sociedad organizada y movilizada, como sucedió en la administración de Felipe Calderón (recuérdese el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad), sino también a la sociedad de la periferia, a esa sociedad que hoy llora a sus hijos y marcha hacia el centro de México.
Es en esta tarea que se abre todo un horizonte de transformación para el país, lo cual, evidentemente, acarrea sus propios riesgos.