La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad de individuos ante la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002 y México ratificóel Estatuto de Roma -tratado internacional mediante el que fue creada- en el año 2005, incorporando su reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los crímenes de lesa humanidad descritos en el artículo 7 de dicho Estatuto, implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México, este tipo de crímenes se cometen con cierta regularidad, acentuándose estos ilícitos en los últimos años.
Tanto el día de ayer como hoy, conmemoramos el primer aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, la ejecución extrajudicial de 3 estudiantes más, así como el asesinato de otras tres víctimas: un hombre, una mujer y un joven.
Si bien es cierto que la investigación continúa su curso, no ha sido por buena voluntad del gobierno, sino por la presión de las familias y estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”de Ayotzinapa, quienes junto con las organizaciones que les acompañan han llevado sus demandas de justicias más alláde nuestras fronteras.
Afirmar que la comisión de estos delitos es responsabilidad del Estado va mucho más allá de la participación de las autoridades de todos los niveles de gobierno para organizar, perpetrar y encubrir estos atroces hechos, incluye también una situación agravada de injusticia social, desempleo y falta de oportunidades reales de desarrollo a nivel nacional, acompañado por una sociedad que se mantiene apática en un gran porcentaje, ante la desesperanza que genera la misma situación en la que vivimos, o el desinterés por exigir justicia mientras “no nos toque a nosotros”.
Ante esta secuencia de situaciones y con el ejemplo dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en manos del Grupo de Interdisciplinarios de Expertos Independientes ha revelado avances significativos en la investigación mediante un informe, bien podríamos preguntarnos: ¿Es necesaria la intervención de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el caso Ayotzinapa?
Este planteamiento no implicaría solamente llevar a juicio a todas las personas responsables por el simple hecho de que estos sucesos ocurrieron, sino por suceder a un grupo específico de la población que ya había sido atacado de manera previa y que ha sido atacado a lo largo de la historia: Estudiantes provenientes de sectores campesinos u obreros de nuestro país, que reciben una educación rural que consiste no sólo en una educación profesional sino ideológica y de izquierda.
Ayotzinapa significa desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, encubrimiento por parte de las autoridades municipales, estatales y federales; participación activa u omisa del Ejército, criminalización de la protesta social que ha derivado en detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles o inhumanos y ataques a las personas defensoras de derechos humanos que han dado seguimiento a este asunto saliendo a marchar exigiendo justicia y la participación activa de grupos de delincuencia organizada vinculados con los gobiernos en torno a este caso.
Nuestro país no se encuentra en condición alguna de investigar adecuadamente y llevar a juicio a los responsables de este atroz hecho, hasta ahora así lo ha demostrado la investigación y la falta de interés por parte de las autoridades, asícomo el hecho de que en nuestra legislación no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad, volviendo imposible para nuestro país juzgar estas conductas que son especialmente graves y para las cuales en México no hay sanción.
Ante una Procuraduría General de la República poco autónoma y ante la evidente necesidad de dar justicia a las víctimas de Iguala, es imprescindible mantener la memoria viva de lo ocurrido la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y es vital que como sociedad entendamos que ante la ausencia de protección por parte del Estado, también tenemos la posibilidad de recurrir a instancias internacionales y que la premisa de no dejar solas a la víctimas también significa no dejarnos solos a nosotros mismos ante un gobierno al que le gusta olvidar y que olvidemos.