Desde finales de 2008, con la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, comenzó un proceso de unificación de los formatos utilizados para presentar de manera transparente y accesible la información pública sobre el ejercicio presupuestal (activos, pasivos, ingresos, egresos y deuda) en los gobiernos federal, estatal y municipal.
Respecto a esta Ley, la asociación civil “FUNDAR Centro de Análisis e Investigación”, ha dicho que contribuiría a cambiar la cultura de rendición de cuentas y transparencia en las entidades federativas, y que esta se convertiría en un instrumento efectivo para incrementar la calidad de la información presupuestal y reducir la opacidad.
La reflexión de Fundar es acertada: conocer con precisión cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos de todas las dependencias y entes de gobierno, es una condición indispensable para reconstruir la confianza de la ciudadanía hacia los gobiernos.
A pesar de estos beneficios, muchas entidades federativas se han resistido a implementar completamente las normas y lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con pretextos diversos, como la falta de personal capacitado o de tecnología para implementar las nuevas reglas de la Ley, no obstante que en los Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 recurrentemente ha sido autorizado un monto de más de 55 mil millones de pesos anuales para este tema.
Estas resistencias de los gobiernos locales ha provocado que la instrumentación de la armonización contable se retrase en varias ocasiones: en los transitorios del decreto original –publicado el 31 de diciembre de 2008 y reformado en 2012- se estableció que el 31 de diciembre de 2013 sería el plazo máximo para que los entes públicos presentaran su información financiera y que, tratándose de los municipios, tendrían hasta el 31 de diciembre de 2015 para cumplir con lo establecido en el Título Quinto “De la transparencia e información financiera”.
Incluso, en los transitorios de la reforma de 2015 a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se señaló que las entidades federativas deberían instalar sus respectivos Consejos de Armonización Contable a más tardar a los treinta días naturales posteriores a que el Consejo Nacional de Armonización Contable emitiera las reglas de operación respectivas, lo que supuestamente debía suceder el pasado 29 de febrero del presente año.
Los plazos legales se han cumplido, pero los gobiernos no han hecho lo propio.
Así lo demuestra el Informe Anual del Consejo Nacional de Armonización Contable, remitido a la Cámara de Diputados este lunes 29 de febrero, en el cual se revisan las acciones instrumentadas para “consolidar la armonización contable, impulsar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas en las entidades federativas y sus municipios”, y se divide en dos grandes apartados.
El primero evalúa, trimestralmente, 7 normas relacionadas con: a) la información sobre montos pagados en ayudas y subsidios; b) la información sobre los programas con recursos federales por orden de gobierno; c) la información relativa a las aportaciones federales en materia de salud; d) la información respecto a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública; e) la información sobre la deuda pagada o garantizada con fondos federales; f) la información sobre el ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros; y g) la información respecto a los Fondos de Aportaciones Federales para la Educación Básica y Normal, así como las Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
Tras la revisión de estos apartados –que deben estar disponibles en las páginas web de cada entidad federativa- el Informe revela que sólo 14 de 32 entidades federativas obligadas cumplieron a cabalidad –durante el último trimestre de 2014 y todo el 2015- con los criterios de transparencia y disponibilidad de información sobre el ejercicio presupuestal. Estas entidades son: Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
En la otra cara de la moneda se ubican 9 entidades federativas que cumplieron parcialmente con lo armonización contable: San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Tabasco, Zacatecas, Guerrero y Distrito Federal.
La peor calificada es San Luis Potosí, que durante el período revisado incumplió en 10 ocasiones con la publicación de la información que lo obliga la Ley, específicamente en lo relativo a la información sobre los programas con recursos federales; fondos para seguridad pública; y las aportaciones para educación. Después sigue Jalisco, que en 9 ocasiones no hizo pública la información relativa a montos pagados en ayudas y subsidios; programas con recursos federales; ejercicio y destino de gasto federalizado; y aportaciones para la educación.
En lo que respecta al Segundo Apartado del Informe, este analiza el cumplimiento anual de 5 variables: a) la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos; b) la información adicional al Proyecto de Presupuesto de Egresos; c) la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; d) la estructura del calendario de Ingresos con base mensual; y e) la estructura del calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.
El cumplimiento de estas normas revela un avance mayor: en 23 entidades federativas cumplieron completamente con la información a publicar. Sólo Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas fueron incapaces de ofrecer a la ciudadanía la información establecida en la Ley.
Para cerrar el Informe, el Consejo Nacional de Armonización Contable recomienda “incrementar el apoyo financiero para capacitación contable, de información financiera y de sistemas en los estados y municipios”, especialmente en aquellos municipios con menos de 25 mil habitantes, así como revisar “la compatibilidad de los ordenamientos actuales y de los que están discutiendo en el Congreso de la Unión”.
Los tres órdenes de gobierno han minimizado la importancia de la armonización contable a pesar de que ésta es una herramienta esencial para llevar las cuentas públicas; me explico, las auditorías que se realizan a éstas cuentas arrojan resultados ex post, nos indican a toro pasado cómo fue el ejercicio del gasto público y las observaciones que se hacen al mismo. Pero para un control ex ante se hace necesario llevar un buen registro contable, esta es la primera frontera para la rendición de cuentas.