A partir del gasolinazo se puso de moda el tema de la austeridad. El gobierno federal, los gobiernos de los estados y el de la Ciudad de México, los partidos políticos y los comentaristas de noticias hablan de la pertinencia de recortar el presupuesto de la cúspide del poder. Es interesante que se haya desatado esta fiebre de propuestas de austeridad, ya que sin duda se trata de una victoria ideológica y moral de Andrés Manuel López Obrador y Morena.
Fue López Obrador, en su gestión como Jefe de Gobierno de la capital, el primero no sólo en plantear el tema sino de aplicarlo de forma efectiva y exitosa. Gracias a que evitó los despilfarros pudo financiar la pensión universal a adultos mayores y la capital del país se convirtió en ejemplo del manejo de recursos a favor de la población.
Con la conformación de Morena se ha hecho común que los diputados federales y locales de esa fuerza política año con año asuman una postura crítica y propongan planes de austeridad para lograr que el dinero público se vaya a cubrir las necesidades de la ciudadanía y no a solventar los lujos de los gobernantes. Estas propuestas siempre han sido votadas en contra por el PRI, el PAN y hasta por el PRD.
Sin embargo, los que desde el año 2000 criticaron a López Obrador por aplicar un plan de austeridad en el entonces Distrito Federal y los que apenas hace unos meses votaron contra las propuestas de Morena contra el dispendio en los órganos de gobierno ahora dicen que están a favor de eliminar el derroche de la élite política.
Aunque esta postura sea de dientes para afuera, sin duda es un triunfo de López Obrador y Morena porque si partidos y gobiernos se ven obligados a dar declaraciones a favor de la austeridad quiere decir que ya es una mayoría ciudadana la que exige hacer un uso racional del gasto público.
No obstante, las propuestas de planes de austeridad presentados hasta el momento son muy limitadas. Si la propuesta de gasto austero del gobierno federal no dice nada, lo que proponen el Gobierno capitalino, el Tribunal Superior de Justicia y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México dicen menos aún.
En lo que los tres órganos de gobierno de la ciudad proponen como “plan de austeridad” no viene nada relacionado con eliminar privilegios como los megabonos que se asignan los diputados locales, ni de recortar realmente el presupuesto de la Asamblea Legislativa ya que si bien pueden prescindir de la mitad de los recursos que gastan, los diputados sólo ofrecen un recorte del siete por ciento.
Tampoco hablan de eliminar seguros médicos privados en los tres órganos de gobierno, ni de desaparecer apoyos como automóviles, bonos, sobresueldos y jubilaciones doradas existentes en el Tribunal Superior de Justicia local.
También, el supuesto plan de austeridad no cancela los viajes al extranjero, ni el derroche publicitario como la contratación de globos aerostáticos o la realización de flashmobs para promover la marca CDMX.
De la misma forma, la “austeridad” del gobierno capitalino no habla de recortar subsecretarías, órganos y direcciones de área que han sido creadas en esta administración y que sólo han significado el robustecimiento del aparato gubernamental sin que esto implique mayor beneficio para la gente.
Además, no sólo se trata de recortar gasto, también es necesario definir a dónde van a dar los recursos ahorrados. Si los planes de austeridad surgieron a raíz del gasolinazo, los recursos que se liberen deben ocuparse en impedir que el aumento de la gasolina signifique un incremento en las tarifas del transporte y así defender a la gente de la ciudad.
Esto es perfectamente posible. Si con medidas de austeridad López Obrador pudo dar una pensión a todos los adultos mayores, Mancera puede evitar el incremento del transporte si se amarra el cinturón realmente. Como dice el dicho: querer es poder.