Mi acercamiento inicial a Don Sergio Valls fue a su obra. En 2003 se publicó la primera edición del Nuevo Derecho Administrativo escrito en coautoría con Carlos Matute y editado por Porrúa. El texto, prologado por Don Mariano Azuela, es particularmente interesante porque, a mi juicio, fue el primer libro que trata con un enfoque novedoso las grandes transformaciones que la administración pública ha tendido en las últimas tres décadas: la influencia del mangement público, la crisis del Estado social, la privatización, las nuevas formas de organización administrativa. Sin duda es un aporte sobresaliente a la magra reflexión nacional sobre el derecho administrativo.
En el 2004 es designado ministro de la Corte en una terna en la que se daba como segura la designación de Bernardo Sepúlveda. Que dada su previa identificación con el PRI hubiese sido incluido en la terna por un presidente del PAN, dice mucho de los talentos políticos de Don Sergio.
Con los antecedentes en la academia, en el servicio público en áreas de la seguridad social y su experiencia política, resultaba interesante seguir sus propuestas, discurso y votaciones en la Corte. Desde mi perspectiva de administrativista resultaba más interesante apreciar cómo abordaba la tensión entre “los derechos” y “el interés público”.
Es todavía temprano para hacer un balance del legado institucional del ministro Valls, pero un acercamiento a sus posiciones nos da una idea de su forma de pensar:
Por ejemplo en el Caso Witz, en el que se discutió si la libertad de expresión alcanzaba a proteger una creación literaria que ridiculizaba los símbolos patrios, votó negando tal alcance. Igualmente consideró que no eran graves las violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho en aquella investigación que asumió la Corte bajo su extinta facultad para investigar violaciones graves.
En contraste, votó favorablemente por la constitucionalidad de la suspensión del embarazo al discutirse la “Ley Robles”, y consideró la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (Acción de inconstitucionalidad 2/2010).
Sin duda, como todas, una función judicial de contrastes que al tiempo tendrá que ser analizada. Deja un hueco que dará lugar al juego de la política en un momento particularmente delicado tanto para la Corte como para el país. Pero esta es otra historia.