¿Qué tiene que hacer el congreso local de Durango, Yucatán o Jalisco determinando los derechos de los ciudadanos de la capital del país? Nada. Del mismo modo que un legislador del Distrito Federal no tendría por qué andar redactando las leyes de Tabasco, Sinaloa o Puebla.
En México prevalece una aberración bicentenaria: La consecución de la esperada autonomía del Distrito Federal depende de la decisión de legisladores de otras entidades federativas. Esto no solamente implica que, a nivel federal, la cámara de origen –en este caso el Senado– y la revisora –diputados– se pongan de acuerdo para aprobar una ley. Tratándose de una reforma constitucional, tendrá que ser ratificada cuando menos por 17 congresos locales y publicada por el titular del Ejecutivo. En cualquiera de estas etapas podría quedar congelada.
Asistimos a una trama múltiples veces puesta en escena, sólo que ahora con distintos personajes: Políticos de otras entidades federativas regatean a los ciudadanos del Distrito Federal el reconocimiento de su ciudadanía plena y utilizan la reforma política como una moneda de cambio para obtener prerrogativas y beneficios.
De nueva cuenta se oyen en las tribunas parlamentarias los añejos prejuicios contra la capital del país: Que es una entidad de privilegios, que es financiada por la Federación, que despoja de sus recursos a los otros estados. Retumban en las paredes del Pleno ecos de aquellos debates parlamentarios en los que se alertaba sobre el peligro para la estabilidad de los poderes federales asentados en la capital si el gobierno local asumía el control de los cuerpos de seguridad pública. Contra toda evidencia todavía hay quienes sostienen que dos poderes en un mismo territorio –el federal y el local– generan tensiones ingobernables.
Existe una línea de continuidad en las disputas entre monarquistas e independentistas de la Colonia, entre federalistas y centralistas del México independiente, entre liberales y conservadores de la Guerra de Reforma que desemboca en nuestros tiempos en los debates entre izquierdas y derechas: A la ciudad de México siempre se le ha castigado y mirado con recelo por ser un lugar que alberga pensamiento crítico y de vanguardia.
Es por estas cualidades que la reforma aprobada por el Senado tiene un grave defecto de origen: La conformación del Poder Constituyente con un 40% de representantes elegidos por poderes constituidos, ya sea el presidente, el jefe de Gobierno del DF, los diputados y los senadores. Esta distorsión de la voluntad popular es a todas luces una actitud injerencista cuyas motivaciones son públicamente inconfesables (a menos que intentar controlar con una representación artificial el proceso constituyente y sus resultados, así como pretender recuperar sin el apoyo ciudadano el control político sobre la capital sean posturas legítimas).
Fue esta la condicionante que impuso la mayoría priísta para aprobar la reforma. Vuelve a relucir aquella visión tutelar que infantiliza a los habitantes de la capital, como si necesitáramos de la guía de “los que saben” para trazar nuestro destino como comunidad política.
¿Por qué tanta cizaña contra el Distrito Federal?¿Por qué a dos siglos de iniciar la marcha por su autonomía no la hemos alcanzado? Para dar respuesta a ello, hay que analizar el perfil sociológico del antichilango.
Coincidentemente en los mismos días en que se dictaminaba en comisiones la Reforma Política del DF, la Comisión de la Familia, famosa por sus posturas homofóbicas, instaló en el Senado de la República una exposición fotográfica cuyo fin era sumar adeptos en contra del aborto. En ese acto, el senador por el estado de Baja California, Víctor Hermosillo, comenzó a esbozar algunos componentes del discurso antichilango.
El diagnóstico del legislador panista es que nuestro país está infestado de hedonismo, lo cual ha producido una crisis de valores. Lamenta que las parejas prefieran tener un perrito a tener un hijo –los llamados “perrhijos”–. Considera que las mujeres en “su libertad que disque tomaron”, les ha ido peor porque ahora los hombres se agasajan y no se casan. Con aires de nostalgia, remembró aquellos tiempos en los que el divorcio era una cosa rara.
Para este legislador la capital de todos los mexicanos ha de ser una suerte de antesala a los reinos de Lucifer. Qué decir de un paseo dominical por el parque México de la Condesa –repleto de mascotas y hedonistas–. Para el antichilango el problema reside en que esta ciudad reconoce múltiples sociedades de convivencia y el matrimonio entre personas del mismo sexo, de modo que cada quien puede planear su vida desde la libertad de elección y no sometido a un dogma. Aquí no hay “disque derechos” de las mujeres, sino derechos garantizados por la ley para que las mujeres, por ejemplo, puedan decidir sobre su propio cuerpo.
Días después, en su fundamentación para votar en contra de la Reforma Política del DF, Hermosillo ofreció una pieza retórica que capta los elementos centrales del discurso antichilango:
“El presupuesto de la ciudad de México es muy favorecido por la Federación, no pagan educación ni salud”.
“La ciudad de México es fruto del centralismo, favoritismo y feudalismo de nuestro país. Poco antes se decía que fuera de México todo era Cuautitlán”.
“La provincia se ha desarrollado a pesar del favoritismo hacia el centro”.
En el fondo, lo que el discurso antichilango quiere animar es una falsa confrontación entre lo que ellos mismos denominan el centro y la periferia. Contrariamente, el DF es una ciudad de puertas abiertas conformada por mexicanos que migraron de todos los estados del país, cuya identidad sigue siendo enriquecida por los millones de visitantes que recibe todos los días.
Tomo como ejemplo a este legislador porque su posición es emblemática, pero como él hay cientos de representantes populares de las 31 entidades federativas (y uno que otro chilango extraviado) a los que les tiene sin cuidado que el DF no tenga su propia Constitución y que sus habitantes sean ciudadanos de segunda.
De hecho, algunos analistas críticos de la minuta que los senadores enviaron a San Lázaro, resaltaron que el rechazo a la reforma del DF está presente en todos los partidos, lo cual es cierto, pero no repararon en lo más significativo: El componente antichilango de buena parte de los legisladores que no son de esta ciudad, independientemente del partido al que pertenezcan.
Tras dos siglos de debates, el DF sigue padeciendo una condición de excepcionalidad gracias a la cual los poderes federales asumen buena parte de las atribuciones de las que gozan el resto de las entidades. Situación paradójica: A una ciudad politizada, informada y vibrante se le pretende seguir tutelando bajo el pretexto de que es sede de los poderes federales, cuando su único pecado es tener una vocación progresista con un electorado de izquierdas que reprueban la administración de Peña Nieto.