Los ingresos son menores por la caída del precio del petróleo, pero también por la menor plataforma de exportación. La plataforma es casi 35% menor que la que teníamos en 2015 y las exportaciones cayeron 30% con respecto a lo calculado para el año pasado. El costo de la cobertura petrolera será 77% mayor a la contratada en 2016. Es decir, el uso de este instrumento cada vez tiene un mayor costo, en este año será de 37,216 mdp. Cada vez será más complicado recurrir a las coberturas.

 

El gasto público será de 23.8% del PIB, un punto y medio menos que el año pasado. El total del presupuesto es casi el doble que hace 20 años, pero todavía menor al de países como Argentina o Brasil. Si se toma en cuenta que se anunció un recorte de 164 mmdp para 2015, en realidad se tendrá un crecimiento de 1.8% real con respecto al presupuesto recortado. Sin embargo, del análisis del segundo informe trimestral de finanzas públicas se puede pensar que en realidad se gastará incluso más de lo originalmente presupuestado. Es posible que el presupuesto propuesto para 2017 en realidad podría ser 10% menor al que efectivamente se va a ejercer. En los últimos años el gobierno ha ejercido alrededor de 200 mmdp más de lo aprobado y a junio de presente año el gobierno ya ejerció 366 mmdp, 60 mmdp al mes.

 

El incremento en la deuda tiene varias explicaciones. Una es que la deuda se ha utilizado para financiar más gasto con respecto a lo aprobado. Otra es que cuando se tienen más recursos estos no se utilizan para prepagar deuda. Los recursos que se utilizaron para ese propósito durante 2016, que se obtuvieron del remanente de operación del Banco de México, eran completamente previsibles. El incremento de la deuda también tiene que ver con compromisos de gasto que adquirió el gobierno federal, como las aportaciones a los fondos de pensiones de Pemex y CFE, que los dos últimos años superaron los 150 mmdp y tendrán que cubrirse también en 2016, pero que no están presupuestados.

 

La disminución de los recursos para financiar programas públicos se deriva del menor gasto no programable, principalmente debido al mayor costo financiero de la deuda. El gasto no programable crece más de 12% con respecto al 2016, en alrededor de 146 mmdp adicionales. Lo anterior debido, a la mayor deuda, el incremento de las tasas de interés y la devaluación cambiaría. Se trata de más del 28% del gasto total del gobierno.

 

En los primeros tres años del gobierno, el gasto en personal creció en 30 mmdp. Para 2017 el capítulo de servicios personales creció 0.5%, si se considera el gasto ya recortado en 2006 el incremento es de 1.2 por ciento. Entre 2012 y 2017, el capítulo de servicios personales se incrementó en 80 mmdp, alrededor de 23 por ciento. El presupuesto para materiales y suministros también se incrementa en 8% para 2017.

 

El recorte al gasto en infraestructura de más de 35 mil millones de pesos. El recorte se concentra en las carreteras. La inversión física disminuye en 30% y la financiera 18.4 por ciento. Pemex tiene una caída en su presupuesto de 13%, de más de 32% de la inversión, especialmente la que tiene que ver con la infraestructura en hidrocarburos.

 

El capítulo de subsidios y transferencias, que financia los programas sociales se reduce en casi 19%, sin tomar en cuenta las pensiones. Las asignaciones a pensiones crecen 14%, alrededor de 88 mil millones de pesos adicionales en las pensiones de instituciones como IMSS y el ISSSTE. El programa 60 y más, que ofrece transferencias directas a personas que no cuentan con una pensión formal cayó en 4.1%, cuando el año pasado ya había sido reducido en alrededor de 9 por ciento. Los problemas de crecimiento y mala calidad de empleo tienen hoy un impacto negativo en las finanzas públicas, por medio del costo de las pensiones.

 

Los ramos administrativos, es decir, los que incluyen a las secretarías y dependencias de la administración pública central, caen en casi 17 por ciento. En general se trata de ramos que incluyen programas o inversión como agricultura, comunicaciones o medio ambiente tiene caídas que van del 30 al 40 por ciento. Los ramos de entidades que se encargan de actividades administrativas o de procuración de justicia tienen reducciones menores de un dígito. El presupuesto educativo se reduce 4%, el presupuesto para la salud universal se reduce, en términos reales en 4 mil 610 millones de pesos.

 

El ramo 23, que concentra las ampliaciones que hacen los diputados y los movimientos que realiza la SHCP durante el año, tiene una reducción de 36% con respecto a los aprobados. Se trata de un ramo que se incrementa como resultado de la negociación en el Congreso y durante el ejercicio. En ese ramo también se reducen fondos que se convienen con los estados como metropolitanos y regionales. Sin embargo, las aportaciones, que son los recursos que sirven para pagar por servicios descentralizados a entidades y servicios de los municipios, crecen en 2.2 por ciento. Las participaciones, que son recursos de libre disposición que se distribuyen a las entidades como parte del arreglo fiscal, crecen 5.3 por ciento. Esto se debe a que los ingresos que el gobierno obtiene por los hidrocarburos provienen cada vez menos de los ingresos de Pemex por la exportación, pero ahora por el gravamen a las gasolinas, entonces son clasificados como impuestos, no como utilidades de dicha empresa, por lo que una proporción mayor es distribuida a las entidades. Los ingresos por impuestos a gasolinas superarán los 280 mil millones de pesos, lo que es mayor a lo que se obtuvo por la reforma fiscal el año posterior a su aprobación.

 

*Aclaro que buena parte de los datos que seleccioné en realidad provienen del trabajo de Héctor Villarreal, en el CIEP, y de Mariana Campos, en México Evalúa y del diálogo con ambos especialistas del tema presupuestal. Por supuesto, la responsabilidad del texto es mía.

 

@vidallerenas 

@OpinionLSR


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