La semana pasada el Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto por el que se reforman 5 leyes para incorporar el concepto de violencia política por razones de género así como sanciones administrativas para los que cometan las conductas a las que se refiere la iniciativa.
El proyecto de Decreto fue aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y votación. Las leyes que se propone modificar son: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sin duda, faltaron las reformas necesarias para tipificar estas conductas y establecer sanciones por su comisión, pero no podemos dejar de lado que, después de cinco años de que se presentó la primera de las iniciativas sobre violencia política contra las mujeres, su aprobación por una de las Cámaras del Congreso de la Unión es un paso de enorme importancia que no puede dejar de reconocerse.
Justamente el martes de esta semana una de las mujeres violentada políticamente en el proceso electoral 2014-2015, que hace diez meses fue obligada mediante amenazas a renunciar al cargo que democráticamente había ganado, logró reasumir el cargo de Presidenta Municipal en Chenalhó, Chiapas. La primera mujer en gobernar ese municipio y a la que se obligó a dimitir por el solo hecho de ser mujer.
Siete meses tuvieron que pasar para que la presidenta municipal de Chenalhó pudiera volver a su cargo. La Sala Superior ordenó reinstalar a Rosa Pérez en su cargo desde el mes de agosto pasado. La presidencia municipal de Rosa Pérez es por el plazo de tres años, de los cuales 10 meses ha permanecido en su cargo y otra persona, un hombre desde luego, ejerciendo la titularidad de la Alcaldía habiendo una sentencia que no sólo reconoce su triunfo sino que ordena reinstalarla nuevamente y hace responsables a las autoridades estatales de tomar las medidas necesarias para el resguardo y seguridad de la presidenta municipal, de su familia y de su equipo de trabajo así como del acatamiento de esa sentencia.
La foto de la Alcaldesa Rosa Pérez, sentada en el palacio municipal de Chenalhó, rodeada de los integrantes del Ayuntamiento, es impactante. La presidenta municipal no había podido regresar a este recinto desde que fue obligada a renunciar en mayo pasado y, por lo tanto, se vio obligada a realizar las funciones inherentes a su cargo desde un municipio cercano, San Cristóbal de las Casas. Desafortunadamente, se suscitaron reprobables actos de violencia por el control del palacio municipal que, además de lamentar, deben evitarse a toda costa.
La vida y la integridad de Rosa Pérez corren todavía peligro. Como sociedad, la vida de Rosa es responsabilidad de todos. Las autoridades deben cumplir con sus obligaciones y proteger y garantizar la vida de Rosa Pérez, sin embargo, la ciudadanía debe estar atenta y no voltear la mirada hacia otra parte. Esperemos que la aprobación del Proyecto de Decreto que está siendo revisado por la Cámara de Diputados sea la ruta para prevenir, atender, sancionar, eliminar y reparar la violencia política en contra de las mujeres en México.