El Gobierno de la Ciudad de México y el espíritu republicano navegan por aguas opuestas, pues mientras el manejo mercantil de los recursos públicos es la marca de la administración capitalina, al segundo lo definen la prudencia, la austeridad y la veracidad.
Y si prudencia y austeridad chocan con el oropel del régimen capitalino, el embuste emana prácticamente de todos los actos del jefe de Gobierno.
En efecto, desde 2013 el Gobierno de la ciudad ha operado con gigantescos superávits presupuestales porque, de forma consecutiva, ha presentado, ante la Asamblea Legislativa, estimaciones de ingresos muy inferiores a los recursos realmente esperados.
Cifras del Informe de Avance Trimestral enero - diciembre 2016, publicado por la propia Secretaría de Finanzas capitalina, confirman que durante la actual administración la subestimación de la iniciativa de ingresos ha sido la marca de la casa.
Peor aún: al aprobarla, año tras año la Asamblea Legislativa ha tolerado esta inescrupulosa práctica y ha permitido que el jefe de Gobierno suplante sus funciones para convertirse en un organismo subordinado a éste.
El mecanismo de la manipulación es sencillo: la jefatura de Gobierno presenta a la Asamblea una Iniciativa de Ley de Ingresos muy inferior a la verdadera, a sabiendas de que la recaudación real rebasará con creces esa estimación.
De tal forma, de 2013 a 2016 ha recaudado, en promedio, ingresos de 19 a 27 por ciento superiores en relación con los autorizados por el organismo parlamentario.
Gracias a esta artimaña adoptada por las autoridades de la ciudad con la tolerancia cómplice de PRI, PAN y PRD, cada año el jefe de Gobierno ejerce de manera discrecional multimillonarios recursos adicionales a los autorizados, es decir, los gasta, guarda o reparte según conviene a sus intereses y apetitos políticos y electorales.
Esta tendencia se reitera con el superávit registrado en 2016. Como para el cierre preliminar de ese año se reconoce una percepción real de 221 mil 281 millones de pesos, y el monto aprobado por la Asamblea fue de 181 mil 381 millones, la diferencia de 39 mil 900 millones entre una y otra cantidad es la multimillonaria suma que la administración capitalina maneja sin control social ni del Poder Legislativo.
Diferencia que asciende, cabe precisar, a un aumento de 22 por ciento entre la cifra autorizada y la verdaderamente recaudada, si bien es seguro que cuando se publique la Cuenta Pública 2016, la recaudación ascenderá por lo menos a 226 mil millones de pesos: 44 mil millones por encima de la autorizada por la Asamblea.
Este sobrante de 39 mil 900 millones en 2016 confirma la tendencia del jefe de Gobierno de administrar sin supervisión social multimillonarias sumas de recursos públicos. Y corrobora que la mentira es el eje de su discurso político, porque engaña a la ciudadanía al presentar iniciativas de ingresos muy subestimadas, pese a estar seguro que las percepciones serán muy superiores.
En efecto, en 2013 la Asamblea aprobó al gobierno de la Ciudad de México 144 mil millones de pesos de ingresos, pero la suma de recursos a finales de ese año aumentó a 171 mil 700 millones. En 2014 fueron autorizados 156 mil 840 millones, y la suma de ingresos al cierre de ese año llegó a 195 mil 560 millones. Tendencia que se confirmó el siguiente año, en 2015, cuando el organismo parlamentario aprobó 169 mil 220 millones de pesos y el gobierno dispuso de 214 mil 650 millones de pesos.
Es en verdad escandaloso, ofensivo para la ciudadanía a la cual se comprometió a defender con honestidad y veracidad, el manejo de recursos públicos que el jefe de Gobierno maneja de forma arbitraria, mientras asegura que no hay dinero suficiente para pagar los programas básicos de beneficio social, por ejemplo, la Pensión de Adultos Mayores, que por ley establece que el gobierno está obligado a encauzar los recursos suficientes para cubrir a la totalidad de derechohabientes.
Porque para cubrir el universo total de las personas de 68 o más años, se necesitan tan sólo 800 millones de pesos más. Mientras la administración capitalina dispone, de manera autoritaria de casi 40 mil millones de pesos, no le alcanza para destinar el uno por ciento de los recursos superavitarios al pago de este derecho social básico.
Pese a manejar de forma tal estas enormes cantidades, según el régimen capitalino tampoco hay dinero para mejorar la infraestructura, ni para las escuelas de educación básica, ni para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En cambio, le sobran torrentes de dinero para encauzarlo a los programas electoreros de las delegaciones controladas por el PRD y partidos aliados. Sí hay dinero, y de sobra, para comprar tinacos, despensas, para degradar la voluntad popular.
Es obscena la forma en que el gobierno capitalino maneja el dinero recaudado de los ciudadanos, a quienes se les deberían regresar los recursos en forma de servicios eficientes. Llega a tal extremo este abuso, que durante la actual administración dos de cada diez pesos han sido gastados caprichosamente.
Esto es así porque con excepción de morena, la Asamblea Legislativa ha claudicado ante el jefe de Gobierno. En cambio, en tiempos electorales gastó 700 millones de pesos en programas de empleo temporal. Tienen un destino electorero desligado del ejercicio responsable del presupuesto.
“Sólo cuestión de negocios”, diría Vito Corleone, el célebre capo de El Padrino.
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