El penúltimo año de gobierno de Enrique Peña Nieto es también el tiempo de sumar pendientes históricos para las fuerzas armadas del país.
En el Ejército, el imperativo de la modernización institucional, real, completa, sigue vigente y va mucho más allá de la compra de flotas completas de aviones y helicópteros que, siendo necesarios por requerirse para cumplir misiones fundamentales, siguen mostrándose como la parte más comprometida, concreta y efectiva de la modernización militar.
Sucede lo mismo con la compra de blindados ligeros, con la adquisición de sistemas remotos no tripulados y con equipos de radiocomunicación para operaciones de alto impacto.
Esta parte de la modernización es buena, porque va de la mano con la necesidad de renovar equipos, materiales y procesos que se han ido desgastando de manea natural con el tiempo.
Pero la modernización más importante, la que mantiene la cohesión, el espíritu de cuerpo, la fuerza y la credibilidad en la cadena de mando, es la que tiene que ver con las formas y mecanismos que le dan vida a la estructura militar.
Modernizar a la Sedena debe incluir también –además de un marco legal que no sólo justifique, explique y delimite sus acciones contra el crimen organizado y en apoyo a labores de seguridad pública– la creación de instancias civiles desde las cuales se diseñen y manejen mecanismos eficientes y creíbles para que los militares rindan cuentas de sus operativos.
Modernizar debe incluir la reingeniería necesaria para que la justicia militar sea una instancia efectiva que rija la disciplina castrense a partir de una estructura en la que la voluntad de los mandos superiores (comenzando por el alto mando y su plana mayor) no se imponga en la aplicación de las leyes y reglamentos judiciales de la institución.
Modernizar debería significar terminar con los juicios y procesos por consigna, eliminar las graves deficiencias investigativas, acabar con la fabricación de pruebas, con la cooptación e intimidación de testigos, con la aceptación de pruebas y testimonios sin corroboración, sin mayor sustento que la orden de alguien de más arriba para proceder.
El impulso sin precedentes a la Industria Militar mexicana es un gran aliento, es un paso enorme, porque la deberá dar a la capacidad y presencia militar mexicana en el extranjero una nueva dimensión, una imagen de verdadera fuerza armada preparada operativa y técnicamente para misiones y contextos en los que el principal reto sea algo más que ejercer como policías emergentes para hacerle frente a un enemigo emboscado.
Modernizarse, entonces, deberá ser también asumir compromisos y cumplir metas medibles en materia de respeto y promoción de los derechos humanos dentro y fuera de los cuarteles.
La guerra contra las drogas, la lucha para tratar de derrotar o disminuir el poder de los grupos del crimen organizado vive un severo retroceso. Se estancó. Se hizo previsible, incompleta, reactiva e inimaginablemente costosa en muchos sentidos.
Los soldados y sus jefes viven ahora con la pesada deuda de la agenda de los derechos humanos como una carga innegable e inocultable dentro y fuera de las instalaciones militares.
Marinos y militares siguen adelante en las encuestas en las que se les pide a los ciudadanos señalar cuáles son las instituciones en las que más confían, pero los niveles de aceptación a su papel y desempeño decrecen de manera sostenida año con año. Esto es un hecho.
En la Armada de México el proceso modernizador es distinto, porque no sólo tiene que ver con el rearme, con la sustitución de equipo y material envejecido, desgastado.
Tiene que ver, sobre todo, con la manera en la que sus últimos dos secretarios han proyectado el poder naval y el poder nacional relacionado con esta parte de la soberanía, hacia el exterior.
Saynez y Soberón se embarcaron –literalmente– en una misión que llevara a sus marinos hacia una etapa de modernización que ha llevado a la institución a un acercamiento sin precedentes con los gobiernos de los Estados Unidos.
La cooperación entre la Marina y sus contrapartes norteamericanas ha sido creciente, inevitable y también tortuosa.
Buscar en aguas internacionales el fogueo, el roce y la cercanía que no se alcanzan en los cuarteles ha tenido sus costos; van desde la presencia militar norteamericana en actividades de inteligencia, hasta la participación de personal operativo estadunidense en determinadas acciones y contextos de alto riesgo para los dos países.
Temas como el combate al terrorismo, que incluyen la persecución y detención de sospechosos islámicos en territorio nacional, han ocupado los esfuerzos de marinos mexicanos y norteamericanos.
A la par de estas dinámicas va el sinuoso terreno de la compra de armamento y equipo sofisticado de inteligencia antidrogas y antiterrorismo. Sistemas operativos, sistemas de escucha silenciosa, equipos de visión nocturna, material para facilitar el seguimiento e infiltración de marinos vestidos de civiles y la infaltable guía de operadores y supervisores de los Estados Unidos marcan desde finales del sexenio calderonista el ritmo del quehacer naval mexicano.
Los marinos, al igual que los soldados, tienen en carne viva la agenda de la promoción y el respeto a los derechos humanos como parte de sus misiones.
La realidad es elocuente al respecto. La Marina encabeza la lista de instituciones del gabinete de seguridad que más Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en este sexenio, con 15 notificaciones (15/2013, 16/2013, 41/ 2013, 52 /2013, 53/2013, 68/2013, 31/2014, 3/2015, 1/2016, 10/2016, 11/2016, 20/2016, 30/2016, 43/2016 y 62/2016).
Le sigue la Sedena, con 9 Recomendaciones (2/2013, 19/2013, 57/2013, 33/2015, 2/2016, 29/2016, 37/2016, 42/2016 y 65/2016), aunque en ambos casos se trata de violaciones a los derechos humanos (desde cateos y detenciones ilegales, hasta ejecuciones, desapariciones forzadas y muerte de menores de edad y mujeres) cometidas a finales del sexenio pasado y otras llevadas a cabo en el actual gobierno de Peña Nieto.
El tema sigue ahí, en las agendas de dos instituciones hartas de fungir como policías que no son, diseñadas originalmente para defender al país de agresiones externas, para resguardar la seguridad interior, para asistir a la población en casos de desastre, para resguardar instalaciones vitales, para garantizar la seguridad y el desarrollo del país.
Militares y marinos no reconocen en un civil armado a un delincuente. Ven, por doctrina y formación natural, a un enemigo al cual se debe aniquilar en el acto (abatir, dirían los más técnicos y puristas).
De esta premisa deriva buena parte del conflicto creado por el uso extralegal y metaconstitucional de la tropa y la marinería como policías antinarco.
El 2017 no será muy distinto en estos términos, sobre todo si los legisladores se empeñan en el contubernio y el despropósito de elaborar leyes con cara de patente de corso.