Incumplir con el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad no es extraño en México. Una abultada lista de víctimas de desaparición forzada evidencia que las circunstancias en que fueron desaparecidas, su destino final y los responsables del delito, se mantienen en la incertidumbre. La mención a la responsabilidad de Estado en lo acontecido, sea por acción u omisión, ha sido constante y creciente en las últimas décadas.

 

En todo caso, un Estado de derecho debería cumplir con el esclarecimiento de los hechos y el debido juicio a los responsables ya que esa es la principal reparación para las víctimas y sus familiares. Como lo señaló la CoIDH (2009 y 2014), “…la privación continua de la verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos”. Y el tribunal valora aún más: este derecho no sólo asiste a las víctimas directas e indirectas, sino que alcanza a la sociedad en virtud de que se violan los principales instrumentos internacionales en la materia.

 

La CoIDH en noviembre de 2009 sentenció a México por primera vez, en un caso de desaparición forzada en Guerrero: el de Rosendo Radilla en 1974. En la sentencia se sostiene que el Estado mexicano es responsable de la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y de la vida y está obligado a continuar con la búsqueda efectiva y la localización inmediata.

 

Pese a que algunos de los señalamientos fueron atendidos, sin embargo, los esfuerzos por esclarecer las circunstancias de su desaparición y localizar sus restos han sido infructuosos y continúa el no cumplimiento del derecho a la verdad. En tanto la desaparición de Radilla y muchas más personas durante la “guerra sucia” fue invisibilizada interna e internacionalmente por décadas debido a una dúctil política estatal.

 

El 26 de septiembre de 2014 se exhibió la inoperancia oficial para dar respuesta inmediata a lo que acontecía públicamente en Iguala, donde se vieron involucrados directa o indirectamente distintos órdenes de gobierno y de las corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal. El mundo entero, en tiempo real, tomó conocimiento de los hechos. Ello ha derivado en una reiteración en diversos ámbitos. México no ha superado la situación de impunidad como consecuencia de la fragilidad institucional y de la presunta colusión de algunos sectores políticos con las corporaciones del crimen organizado.

 

Las demandas ante flagrantes violaciones conducen a buscar un apoyo para su resolución. El acuerdo con la CIDH hizo posible que durante un año, a pesar de evidentes y denunciados candados, trabajara el GIEI. Una constante desacreditación directa o indirecta desde el ámbito oficial recayó sobre el grupo, y dañó esta experiencia singular de cooperación internacional. Fobias y filias ancestrales se retroalimentaron al mismo tiempo para imponer una visión sobre “lo extranjero” que descalificó su intervención en diferentes diligencias.

 

Llama la atención esta postura descalificadora en el mundo de hoy. Los informes del GIEI (2015 y 2016) y del EAAF (2016) dan cuenta de sucesos que impugnan las versiones oficiales. Cuestión fundamental también para una investigación como la que se tiene entre manos en el caso Radilla.

 

¿Qué resultados y recomendaciones deja el GIEI? Lega una lección: la importancia de atender a las víctimas y la evidencia de un sistema de justicia cuya estructura no responde a la protección de los derechos humanos. Aporta rutas de búsqueda con reiterados o nuevos indicios y pone énfasis en la necesidad de peritos independientes de la PGR.

 

Recomienda construir un sistema de justicia penal con capacidad de investigar graves violaciones que, en su camino, no atente contra los derechos de víctimas y presuntos culpables, y exhorta, a la vez, a evitar la re victimización y la criminalización. Sugiere que exista una actitud positiva ante la cooperación internacional.

 

¿Qué deja el adiós al GIEI?

 

La percepción de que permanecerá una estructura de impunidad.

 

¿Llevará esta crisis a un adiós a la CIDH? Quizá sea muy pronto para adelantarlo, aunque sí para sospechar que se ha tomado una senda de insólita ambigüedad entre signar tratados internacionales sobre derechos humanos, construir instituciones y órganos de atención nacionales en la materia y, en simultáneo, desacreditar directa o indirectamente a los representantes de la CIDH.

 

¿Qué será entonces lo que “obliga” al Estado mexicano, y a su actual gobierno, a recorrer un camino de trampas recurrentes, para embargar o canjear su credibilidad como Estado de derecho? No hay una respuesta inmediata. Pero si no se revierte la estrategia mexicana, de no cumplimiento del derecho a la verdad, el caso Ayotzinapa de manera obligada, desembocará, más temprano que tarde, en el máximo tribunal interamericano, la CoIDH.

 

@institutomora

www.mora.edu.mx

@OpinionLSR

*Dra. Silvia Dutrénit Bielous

Es profesora-investigadora titular del Instituto Mora. Especialista en Historia reciente de América Latina. Coordina una red sobre la historia de los equipos de antropología forense y participa de otra acerca de los exilios. Integrante de los Sistemas Nacionales de Investigadores de México y Uruguay, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

 



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