Para que un país consolide una auténtica democracia se necesitan muchos aspectos entre los que destacan, normas jurídicas adecuadas que sean resultado de un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas del país que tengan como legitimidad a la sociedad misma. Estas normas jurídicas a su vez, son las que establecen los procedimientos de convivencia social, desarrollo económico, cultural, social y político de un país, para lo cual es necesaria la construcción de instituciones que sean consolidadas no sólo por esas normas, sino respetadas e integradas con reglas claras y sin ningún proceso de manipulación que impida su fortalecimiento.
México es considerado un país democrático, pero su arribo a dicho sistema político no fue fácil, pasaron muchos años de esfuerzo y lucha de distintas fuerzas políticas consideradas de oposición, de intelectuales, de periodistas y de la sociedad en general que exigió un respeto a las necesidades mayoritarias de la población. En el mismo sentido, ha sido un largo recorrer en el tiempo la consolidación de instituciones en nuestro país que, dicho sea de paso, muchas han surgido a raíz de fuertes conflictos políticos y sociales, ahí tenemos como ejemplo, que luego de la tan cuestionada elección presidencial del año de 1988, naciera una nueva legislación electoral federal que dio vida al otrora Instituto Federal Electoral y a nuevas normas que garantizaron un mejor sistema de medios de impugnación en torno a los procesos electorales.
Hace apenas unos días, el Senado de la República eligió a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y diversos medios de comunicación han reclamado y hecho patente que el mismo no guardó un criterio de consenso entre las distintas fuerzas políticas del país, sino se hace mención a la repartición de “cuotas partidistas de poder” sustentado en un “Acuerdo” político.
Los Magistrados que fueron electos para fungir de manera escalonada con su encargo (3, 6 y 9 años), cuentan con una gran trayectoria profesional y académica, ellos no tienen la culpa y son ajenos del procedimiento legislativo determinado, aunque si revisamos detenidamente la lista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al Senado, existieron desde mi punto de vista, candidatos con aun mayor trayectoria y, sobre todo, con mayor experiencia en el rubro jurídico electoral.
Entre lo publicado por diversos medios de comunicación vale la pena revisar el extraordinario blog del buen analista y mejor periodista Fred Álvarez, que refiere de manera detallada el curso que tomó el “…nombramiento de los jueces electorales” en el que refiere que prevaleció un “acuerdo político” que derivó en un “show” (legislativo).
Sugiero a los amables lectores de esta columna puedan darse un tiempo para revisar dicho espacio por demás interesante, en tanto aquí les dejo el link: Ir al Blog
En dicho espacio periodístico resalta inclusive una lista previa con nombres diferentes a los ciudadanos que tomaron protesta y que ocuparán su cargo en el mes de noviembre y que además, tendrán la alta responsabilidad de calificar las elecciones presidenciales del año 2018, claro, pasando por los procesos electorales que tendrán verificativo el año entrante, en donde destaca la elección de gobernador del Estado de México.
Si en realidad existió un acuerdo político y no un consenso bajo las normas legislativas establecidas, nuestras máximas autoridades jurisdiccionales en materia electoral llegan sin un consenso suficiente, insisto sin ser culpa de los hoy magistrados, pero en donde el legislativo tendrá y deberá dar las explicaciones no sólo ante quienes se opusieron a dicho “Acuerdo” sino ante la sociedad en general.
Si este “Acuerdo” resulta real, lo único que se consolida es el debilitamiento de nuestras instituciones y ni qué decir de #TEPJF que más que debilitarlo necesitaba consolidarlo y dotarlo de una auténtica autonomía de decisión jurídica y político, de lo contrario cualquier determinación que en el curso de su función tome seguramente estará cuestionada por el velo de dicho “Acuerdo” que pareciera esconderse en las sombras y que relucirá en cada asunto y medio de impugnación que a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación le toque resolver. Veremos su comportamiento con el transcurrir de los procesos electorales tanto locales como federales que le toque conocer.
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