Es conocido el mal funcionamiento de la justicia cotidiana en México. La mayoría de los ciudadanos no reporta delitos mayores por que no confían en que obtendrán justicia, o incluso porque se colocarían en riesgo. Mucho menos denuncian problemas menores originados en delitos, abusos o accidentes. Lo que subyace en una cultura de irresponsabilidad generalizada.

 

Entre los incidentes menos graves pienso en casos como el del perro del vecino que muerde a un transeúnte; el conductor de un vehículo que golpea a un discapacitado en silla de ruedas por no prestar suficiente atención al conducir; la tienda que se promociona con altavoces a medianoche; o mi vecina que desde su azotea arrojó unos fierros al recolector de basura, con tan mala suerte que desprendió un cable y me dejó sin electricidad.

 

Son casos de mi conocimiento directo en los que no se contempló denunciar y derivaron en arreglos personales, o en nada. El que arrolló al discapacitado le compró una silla de ruedas nueva. Las más de las veces el afectado simplemente se aguanta.   

 

Nuestro sistema legal confunde delitos y accidentes, los relativamente leves y los graves. No hay suficientes puntos intermedios; la rara denuncia entra en un laberinto legal que apunta a extremos, inocencia o cárcel, para el perpetrador y usualmente nada, o muy poco, para la víctima.

 

En otros sistemas, anglosajones por ejemplo, existen vías intermedias en las que independientemente de si hubo o no delito, las victimas pueden demandar compensaciones monetarias relevantes. Son, comparados con el nuestro, sistemas más ágiles y flexibles, que recorren una vía alterna a la denuncia penal y en el que entran en consideración elementos como el nivel de  imprudencia, el daño causado, los recursos del perpetrador y el riesgo de reincidencia.

 

Asumir la responsabilidad incurrida mediante una compensación monetaria resulta una disuasión efectiva. Es algo que debería jugar un papel mucho mayor en nuestro sistema de justicia.

 

El caso de los bebés quemados en la guardería ABC debió dar lugar a una muy elevada compensación económica; seguro así habría sido en los Estados Unidos. La agresión a Ana Gabriela Guevara debería, independientemente del hecho delictivo, ser compensada a un alto costo. No hablo sólo de los responsables directos, sino, en particular, con énfasis, en los indirectos, los dueños del negocio, los patrones de los guaruras.  

 

Hay dos asuntos que deberían ser prioritarios; en primer lugar la mitigación del daño causado y, en segundo lugar pero tanto o más importante, desalentar de manera efectiva las conductas irresponsables y/o abusivas.

 

Nuestro sistema es deficiente y no lleva a los responsables indirectos a la cárcel; las más de las veces hasta los directamente responsables escapan de ella. Pero ir a la cárcel no es el mejor desincentivo. Lo es el pago de compensaciones monetarias serias.

 

La tragedia de Tultepec tiene un costo altísimo. No es posible ponerle precio a la muerte de más de treinta personas; pero aparte de ellas hay más de sesenta heridos y muchas familias, incluyendo niños huérfanos, que sufrirán enormemente, en lo económico y en lo emocional durante años. Es un enorme costo que no se compensa con “becas” para los huérfanos, subsidio a los comerciantes y reconstrucción del mercado. El punto es que alguien debe pagar en serio para mitigar el costo del sufrimiento económico y emocional de los afectados.

 

Lo principal no es que las autoridades o los locatarios de Tultepec, o los dueños de la guardería ABC, incluso los guaruras agresores, pasen años en la cárcel. Lo realmente importante es disuadir y compensar. Un mecanismo es recurrir a los seguros; hay que ampliar la cultura del aseguramiento. Deben ser exigibles y proveer compensaciones adecuadas.

 

Cierto que tener un seguro, como en el caso de un mercado de pólvora, encarecería el negocio. Pero en realidad lo que hace es distribuir en el tiempo y entre los que deben asumir la responsabilidad del riesgo el costo de un posible accidente. Tener un seguro apropiado, suficiente, para cubrir el costo de la tragedia de Tultepec obligaría a que la empresa aseguradora evaluara el riesgo e impusiera condiciones. La convertiría en supervisora del riesgo, como ocurre en otras culturas. Hay que entender que no fue un mero “accidente”, sino una suma de irresponsabilidades.

 

Los mexicanos, y en particular las victimas de estratos vulnerables, tenemos una actitud contraria al cobro de una compensación. Pareciera ser algo que rebaja la legitimidad de la demanda de justicia. Se acerca incluso a lo inmoral. Con frecuencia las victimas expresan, presionadas o no, que no buscan dinero. Cierto que en casos extremos, los bebés, o Tultepec, el dolor es enorme y no se alivia con dinero. Nos resistimos a mercantilizar el dolor. Pero el hecho es que los costos económicos también producirán sufrimiento.

 

No acostumbramos demandar compensaciones económicas y las leyes no se prestan para ello. No obstante si los padres de los bebitos quemados, las víctimas directas e indirectas de Tultepec, la senadora Guevara, los atropellados, demandaran compensaciones muy altas, millonarias, como ocurre en los Estados Unidos, nos estarían haciendo un favor a todos los demás, a la sociedad.

 

Volvernos “materialistas”, en lugar de victimas sufridas y aguantadoras, sería una real contribución para acabar con la impunidad de una amplia variedad de abusos e irresponsabilidades. No se vale generar riesgos para terceros sin contar con medios para asumir plenamente la propia responsabilidad.

 

@JorgeFaljo

@OpinionLSR

 

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