La experiencia internacional nos dice que cuando una sociedad se organiza en torno a una problemática, logra que las autoridades, los grupos empresariales y los medios, aporten soluciones a una problemática.
En los últimos días hemos visto algunas detenciones de presuntos delincuentes relacionados a casos sonados de violencia en la Ciudad de México, por ejemplo, los robos con violencia en la lateral del periférico y el homicidio del cineasta León Serment. Indudablemente, debemos hacer un reconocimiento a las autoridades capitalinas por este primer paso que debe estar inmerso y permitir un debido proceso, que dé acceso a las víctimas y genere confianza alrededor de los procesos de seguridad y justicia.
Sin embargo, estos casos ponen en evidencia que en el país abundan las actuaciones institucionales a partir de que la coyuntura lo requiere, es decir, ¿cuántos de nosotros hemos sido víctimas del delito y, en nuestro caso específico, no pasó nada? De alguna manera parece que, si no se viraliza, y no le aumentamos el costo político y mediático de no atendernos a las autoridades, la respuesta será en el mejor de los casos pobre, y en el peor inexistente.
Permítanme tomar mi experiencia personal; en 2014 tuve dos intentos de robo con violencia -experiencia que relaté en este mismo espacio- de los que salí incólume debido a mi imprudencia personal, contrataqué al agresor y esto los ahuyentó. El 30 de diciembre pasado tuve menos suerte, cerca del cruce de Av. Insurgentes y Baja California sufrí un robo con violencia por dos sujetos con armas de fuego y un par de meses después me volvió a pasar lo mismo siempre en calles de la colonia Condesa.
De antología la conducta en la agencia del ministerio público al levantar la denuncia: revictimización, burlas a mi persona, no recuperé mis bienes, ni por lo menos, me sentí atendido por una autoridad que evidentemente no supo generar condiciones de seguridad para los ciudadanos. Seguramente mi falla estuvo en no hacer viral mi caso.
Como director de una organización social, lo último que quise fue hacer uso de contactos, en las 4 ocasiones invertí entre 3 y 5 horas para denunciar los delitos, me aguanté los "¡¿a poco sí lo asaltaron güerito?! Pues es que si lo ven así de fresa..." y tampoco busqué hacer viral el caso para que nadie pudiese afirmar que en el ONC aprovechamos nuestra voz para beneficios personales; quiero decirlo con toda claridad, al usar este caso no busco desacreditar a toda una institución donde, me consta, sobran casos de excelentes servidores públicos que, pese a dificultades y carencias, buscan atender las enormes necesidades de esta ciudad; lo que sí busco es poner dos cosas en evidencia:
?1. La autoridad política (ejecutivos y sus procuradores, congresos locales, etcétera) deben poner más atención a las acciones de procuración de justicia y dotar de mayores recursos a procuradurías y fiscalías generales de los estados, con el fin de implementar sistemas de desarrollo profesional que premien a los mejores. Además, es fundamental y urgente que se capaciten eficazmente a cada uno de ellos, toda vez que estas acciones dotarán de mayores recursos humanos y materiales a la institución. Esto permitirá que exista una supervisión ciudadana especializada en procesos y en el uso de recursos. Hasta que esto no suceda la mal tratada, mal pagada, mal capacitada y mal equipada autoridad de procuración de justicia seguirá siendo un factor determinante para que la cifra negra siga creciendo.
?2?. Debemos aumentar los costos a las autoridades que no respondan a las necesidades de los ciudadanos. Quienes trabajamos en sociedad civil una y otra vez buscamos activar a los ciudadanos alrededor de problemáticas específicas, no siempre con éxito. Los dos casos con los que abrí este artículo son la evidencia que podemos ser solidarios, que el bienestar de otros nos preocupa y que cuando logramos convertirnos en frente común ante abusos y ante la ineficacia en la actuación, la autoridad atiende y muestra ser eficaz.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 2016 que presentó la semana pasada el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), es clara denunciamos muy poco y en sólo 6 de cada 100 delitos se inicia una averiguación previa, lo hacemos porque pensamos que de poco sirve y, en efecto, en casi el 50% de los casos eso sucede. Es hora que la incidencia delictiva y la falta de acceso a la justicia le cueste caro a una autoridad desinteresada en atender o rebasada por falta de apoyos económicos de los líderes políticos.
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