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#3de3 para los Congresos locales

De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción le cuesta a nuestro país 9 puntos porcentuales del PIB.

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Escrito en OPINIÓN el

Nuestro país vive un ambiente de desconfianza en su clase política en general; los ciudadanos nos han hecho ver su hartazgo de distintas maneras: en la calle con protestas, en las redes sociales, etcétera. La clase política de la que también formo parte debe tomar en cuenta todas estas consignas.

 

Es impostergable que como políticos y como legisladores rindamos cuentas a quienes nos eligieron para estar ocupando un puesto de elección popular o representando desde el poder legislativo.

 

Frente a la crisis de credibilidad que enfrentamos como clase política y el impacto que la corrupción tiene en el desarrollo de nuestro país, es necesario construir mecanismos eficaces para combatir la corrupción. En estos momentos, desde la ciudadanía organizada, Transparencia Mexicana impulsa una campaña para exigir a los candidatos a cargos de elección popular y legisladores, presentar su declaración patrimonial, las últimas cinco declaraciones de impuestos y una declaración de intereses. La iniciativa se llama Legislador Transparente: 3 de 3, y aplica para senadores y diputados.

 

La organización No Gubernamental analizó más de 10 casos de países en los que los servidores públicos tienen que brindar dicha información para que los ciudadanos conozcan lo que tenían antes de asumir un cargo y lo que tienen al final del mismo.

 

Presentar estas tres declaraciones patrimoniales es fundamental para que nuestros representantes conozcan quiénes somos en realidad y que entiendan nuestro actuar político mientras ejercemos un cargo público. Las declaraciones patrimoniales otorgan herramientas a los ciudadanos para exigir cuentas a sus representantes y reclamar sus buenas o malas acciones.

 

Por el paso que se está dando en materia de transparencia en el Poder Legislativo, a la iniciativa de Transparencia Mexicana se sumó además el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quienes en conjunto revisarán las declaraciones de los legisladores que se sumen a esta iniciativa.

 

A la fecha, según reporta en el sitio de internet legisladortransparente.mx, sólo han presentado su declaración patrimonial 2 de 128 senadores: Zoé Robledo del PRD y Laura Rojas del PAN y 4 diputados federales de los 500 que ocupan una curul en San Lázaro: dos del PAN y uno del PRD y otro de Movimiento Ciudadano, lo que representa apenas el 0.95% de los legisladores del Congreso de la Unión.

 

Por el momento, la iniciativa sólo contempla al Poder Legislativo federal y deja fuera a los 31 Congresos locales del país y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde ejercen funciones y recursos públicos mil 137 diputados locales y asambleístas en todo el país.

 

En los Congresos locales ¿Quién le entra?

 

De manera personal considero que estamos en el momento preciso para contribuir a esa transparencia de la que 3 de 3 habla.

 

El tema cobra relevancia para los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en este momento en que el proceso electoral apenas comienza y muchos de ellos están buscando el voto de los ciudadanos.

 

De manera oficial ya he solicitado a Transparencia Mexicana y al IMCO que incluyan a los Congresos locales del país en esta importante iniciativa; más aún a la Asamblea del DF.

 

Dicen que el buen juez por su casa empieza y por eso quiero compartirles que mi #3de3 ya está en manos del IMCO y de Transparencia Mexicana y en breve será puesta a su disposición en legisladortransparente.mx y en mi página web.

 

#3de3 y Sistema Nacional Anticorrupción

 

El #3de3 que impulsa Transparencia Mexicana viene en otro momento crucial para el país, hoy que el Congreso de la Unión debate el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción le cuesta a nuestro país 9 puntos porcentuales del PIB (1.5 billones de pesos) cada año. Lo que equivale a 45 veces el presupuesto anual de la UNAM o 10 veces el costo del Nuevo Aeropuerto, mientras que a la Ciudad de México la corrupción le cuesta  70 mil millones de pesos al año.

 

De ahí la importancia de que se apruebe esta propuesta que ha impulsado el PAN con la iniciativa de Ricardo Anaya, y que actualmente se discute en la Cámara de Senadores.

 

El Sistema Nacional Anticorrupción daría más fuerzas a las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es decir, sus dientes para investigar las finanzas estatales y municipales, eliminación del principio de anualidad para revisar años previos, tendrían más filo.

 

El Sistema Nacional Anticorrupción propone un aumento a siete años de la prescripción de actos y omisiones de responsabilidad administrativa (ahora son tres); que sea un tribunal especializado (el de Justicia Administrativa) que sancione tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves; así como la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito.

 

El PAN quiere que los servidores públicos y funcionarios corruptos estén en la cárcel; donde deben estar.

 

@LBallesterosM