El año que está por concluir no se caracterizó por la transformación de las estructuras políticas, ni por un vuelco de timón en la estrategia económica del gobierno federal ni por el abatimiento de la inseguridad pública. Tampoco se resolvió el caso Ayotzinapa y la "verdad histórica" fue una construcción macabra que terminó por derrumbarse; tampoco se sancionó la corrupción imperante en el régimen, empezando por ese monumento al tráfico de influencias que es la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. El Partido Verde se salió una y otra vez con la suya sin ninguna sanción relevante frente a sus continuas violaciones a la ley.

 

Bien podemos definirlo como un año de notorio inmovilismo político y económico, sigue el estancamiento con un dólar por encima de los 17 pesos y el barril de petróleo por abajo de los 27 dólares. El PRI mantiene el control de la Cámara de Diputados a pesar de que tiene menos asientos en San Lázaro, gracias a su alianza con el Verde; el presidente Peña Nieto impone sus tres propuestas en la Suprema Corte de Justicia que sigue siendo un poder subordinado, con todo y sus resoluciones en torno al consumo de la mariguana.

 

El máximo tribunal del país es aperturista en temas de libertad personal, y totalmente alineado a los intereses económicos de la élite en el poder, como lo demostró con la reforma energética. Sólo un hecho aligera el paisaje inmovilista y es motivo de esperanza en el lúgubre terreno del autoritarismo priísta: El surgimiento exitoso de los independientes en Nuevo León, Morelia, Sinaloa, entre otros lugares, y el crecimiento de opciones políticas innovadoras como Movimiento Ciudadano.

 

Durante el año que estamos por concluir el índice de paz ha mejorado desde hace 4 años, sin embargo, al día de hoy 23 estados son aún más violentos que hace doce años, según los hallazgos del Índice de Paz México 2015, elaborado el Institute of Economics and Peace, la ONG internacional responsable de estimar cada año los índices de paz en todo el mundo.

 

De acuerdo con dicha organización, en 2011 se registró el pico de violencia que, conforme a los analistas del Instituto se debió a la “guerra contra el narco”, nuestro país apenas está regresando a niveles del 2007 y el reducido avance en el último año despierta dudas sobre lo que parecía una tendencia a la baja sostenida.

 

Para establecer el índice de paz, el Instituto toma en cuenta siete variables: la tasa de homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con armas de fuego, encarcelamiento, tasa de financiamiento de las fuerzas policiales, incidencia de delitos de delincuencia organizada y eficiencia del sistema judicial.

 

A partir de ahí se hace una ponderación y promedio, y se establece una calificación del 1 al 5, que asciende conforme el índice de paz se ve más deteriorado. Guerrero hoy cuenta con una calificación de 3.657.

 

Conforme a la más reciente publicación, el estado menos pacífico del país desafortunadamente fue Guerrero, primera vez que ocupa ese sitio, lo que ocurrió a pesar de que durante el 2014 y 2015 fueron enviados miles de agentes federales a la entidad, tras la crisis desatada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este Índice de Paz, coincide en el alarmante diagnóstico con otros informes como los llamados "Justicia Fallida en Guerrero" de Open Society Justice Initiative y "Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México" de Crisis Group.

 

Los factores que explican el que Guerrero sea el peor en la medición del índice de paz son claros: 44 homicidios por cien mil habitantes -la tasa más alta en el país-, además de que las tasas de delitos violentos y de delincuencia organizada también están por encima de la media nacional, y que el estado cuenta con dos de las cinco zonas metropolitanas con mayor violencia según el mismo estudio: Chilpancingo y Acapulco.

 

Y a pesar de estas aterradoras cifras, el gobierno federal sigue negando la escalada de violencia que vivimos en todo el país soslayando el problema soslayando intencionalmente este grave problema, continúa sin entender que la inseguridad no sólo deteriora las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos, sino también genera un daño en nuestra ya endeble economía.

 

De acuerdo con el Índice de Paz México 2015, el impacto económico por la violencia en 2014 fue de casi tres billones de pesos, que equivalen a 17.3 por ciento del Producto Interno bruto (PIB)

 

Si equiparamos esta cantidad a los habitantes de nuestro país, sería como si cada persona hubiera pagado cerca de 25 mil pesos por este concepto. Eso es, según los analistas, tres veces más que lo se invierte por persona en salud.

 

Este 2015 también se cumplió un año de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hecho que diera pie a la intervención directa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien designara al Grupo de Expertos Independientes que, en menos de un año, desmoronara la versión histórica del gobierno federal, determinando que la versión del incendio en el basurero de Cocula, Guerrero, es científicamente imposible.

 

Fue también el año en que Joaquín “El Chapo” Guzmán, escapara por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad, poniendo de nuevo a México en el centro de los señalamientos por la incompetencia, corrupción e infiltración fehaciente de las áreas de seguridad y centros penitenciarios del Ejecutivo.

 

Por el bien del país esperamos que 2016 sea un mejor año para México y que comencemos a salir del bache en que no han sumido el mal gobierno actual, sus antecesores y el nefasto Pacto por México. De una ciudadanía más crítica, participativa y demandante podrá provenir el cambio que nuestro país requiere para salir adelante. Es momento de decisiones.

 

@RicardoMeb



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