Partimos en este artículo del principio de que la política es la forma de solucionar, de forma consensada –hasta donde sea posible y deseable- los grandes problemas nacionales. Problemas, luego, que nos son comunes a todas y todos los mexicanos. Si partimos de este supuesto, hacer política es, primordialmente, dialogar con los más diversos actores con el único objetivo de dar respuesta a sus reclamos e intereses, que no son otra cosa que la expresión de los problemas que les son apremiantes.
El diálogo y el acuerdo, por lo demás, no ocurren en automático ni constituyen la única alternativa de expresión de la conflictividad social. Los actores sociales y políticos manifiestan sus demandas en diversos escenarios, ya a través de los medios masivos de difusión, en los espacios institucionales que provee el régimen político o en las calles y plazas públicas. Esto acontece, asimismo, a través de formas diversas y variopintas, incluso contenciosas y violentas (desde reuniones de cabildeo hasta protestas masivas, pasando por desplegados en diarios).
Los caminos del diálogo y la negociación sobre los que se despliega esta incesante y apasionante actividad de la política se inscriben, asimismo, dentro de un marco legal –sancionado por el derecho-, en el que enfrentan o concilian, según el caso, las estrategias políticas y contenciosas de los actores para construir, idealmente, propuestas realistas y sólidas que acometan la ingente tarea de solucionar los problemas a resolver: sociales, políticos, económicos y lo que resulte.
De ahí que todo recuento político de este agonizante 2014 deba incluir, forzosamente, estos tres niveles de análisis: 1) El de los problemas sociales. 2) El de las organizaciones y actores que los expresan y traducen en la esfera pública. 3) El de los actores políticos que están obligados a encontrarles solución. Bajo esta lógica, son cinco los episodios políticos más relevantes para incluir en este recuento; cinco que permiten observar la sistemática vinculación entre la sociedad mexicana, su política y sus principales protagonistas.
1. A pesar de la reforma impulsada en el sector educativo, los problemas que ahí se presentan mantienen su gravedad y se expresan de forma diferenciada. Sin duda, los resultados hasta ahora conseguidos no sólo reflejan la brecha entre las expectativas que nuestro país genera en el ámbito internacional con respecto a nuestra infraestructura educativa y su impacto en el crecimiento económico[1] sino que, de igual forma, han afectado la operatividad de las instituciones educativas, lo que resultó en movilizaciones, conflicto y tensas negociaciones con los actores clave del sector –como la CNTE, por ejemplo, o la más reciente protesta estudiantil: la del Instituto Politécnico Nacional.
No hay que olvidar, por cierto, que el episodio de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa también evidencia, de forma dramática, un tema de suyo sensible: el olvido al que el sistema político mexicano ha condenado a sus maestros, es decir, al único recurso legítimo y prometedor para formar a sus propios ciudadanos. La indiferencia ante la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” muestra hasta qué punto el Estado ha renunciado a forjar ciudadanos.
2. Las redes tejidas por la delincuencia organizada, su penetración e imbricación con diversos sectores de la población, con las autoridades de gobierno y con las instituciones del Estado se traduce y disemina, letalmente, en múltiples dimensiones: corrupción, secuestros, homicidios, enfrentamientos y masacres. Por comentar sólo un dato, sólo uno -que publicó el diario The Telegraph- entre 2013 y 2014 -primeros dos años de la administración Peñanietista- se registró un aumento de 2,302 secuestros más con respecto a los registrados entre 2011 y 2012, los años más violentos del periodo de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón Hinojosa.
En términos generales, no sólo es evidente la ineficacia o, mejor dicho, el fracaso de la estrategia actual contra la delincuencia organizada (y de combate contra las drogas) sino que, además, los episodios de violencia de Tlatlaya y Ayotzinapa muestran con horror la simbiosis entre clase política, organizaciones criminales y parálisis de las instituciones.
3. La revelación hecha desde la prensa local e internacional sobre la “casa blanca” -mansión de siete millones de dólares en la exclusiva zona de las Lomas-, así como los contratos otorgados por el gobierno de la República al Grupo HIGA, aumentó la desconfianza en la administración actual debido a la opacidad con que los actores políticos manejan sus recursos y fortunas personales pero, fundamentalmente, por el asomo de corrupción que se infiere y la evidente impunidad con que se manejó el caso. No es casual que durante las protestas sociales organizadas ante la tragedia de Ayotzinapa numerosos grupos de ciudadanos y organizaciones sociales expresaran su malestar ante el agravio social que genera una situación familiar de lujos y dispendio frente a una realidad nacional de miseria y estrechez.
4. La reforma financiera y la hacendaria detonaron fuertes conflictos con el empresariado nacional y sus aliados en las redes financieras transnacionales. Ya por cálculo político, ya por reacomodos de grupos de interés, los empresarios fueron de los actores más maltratados durante el inicio de la administración federal en el contexto de las reformas estructurales. Hoy por hoy, el empresariado nacional se ha recuperado y está de regreso con un logro tangible que muestra su fortaleza frente a las instituciones del Estado: la eventual reducción de impuestos. Junto a esto, un conjunto de empresarios de descomunal fuerza se sumerge en la pugna por los mercados energéticos y de telecomunicaciones, en un contexto de amiguismo y compadrazgo, de adjudicaciones cuestionables de licitaciones y de conflictos de interés evidentes que harán aún más tensa y difícil la ya de por sí difícil y tensa negociación.
5. Todo lo anterior converge en una amalgama de conflictos de intereses que encuentra cauce en la arena institucional diseñada, precisamente, para su tratamiento: en el sistema político; y el cual en México ha adquirido el mecanismo de elecciones democráticas como la forma menos violenta y nociva de resolución de esos conflictos. En efecto, los problemas nacionales y los acontecimientos políticos que han pasmado a la nación durante este 2014 se expresarán en las plataformas y programas de los partidos durante 2015 y en los discursos y slogans de campaña de sus candidatos. Sin duda, las elecciones del próximo año, en las que concurren nueve elecciones de gobernador, doce elecciones de congreso local y, por lo menos, un millar de elecciones municipales, configurarán un escenario crítico que difícilmente se traducirá en consensos efectivos y propuestas concretas.
En suma, los eventos políticos de 2014, al manifestar los intereses de diversos actores y los graves problemas nacionales que los configuran, han estrechado el margen de maniobra de la administración Peñanietista para 2015 en tres niveles: 1) El de los problemas para los que no encuentran respuesta. 2) En el enfrentamiento con la sociedad organizada y movilizada; y el de la negociación con los actores políticos (sin soslayar el desencanto en el ámbito internacional).
El presidente tendrá un menor margen de maniobra en el ejercicio del poder; su equipo deberá elaborar cálculos políticos más finos y cautelosos, desplegar una más amplia y compleja negociación en las tuberías del sistema (con la élite política) y mantener la mirada siempre atenta a las redes sociales, uno de los barómetros más confiables para medir la temperatura social y canal de comunicación imprescindible del mecanismo más prometedor, a mediano plazo, para presionar a la política y sus actores: el de la organización y movilización social.
Twitter: @EdgarGuerraB
Correo: edgar.guerra@cide.edu
[1]Al respecto, véase un reciente informe del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE: http://pipe.cide.edu/