La llamada “guerra contra el narco” lleva ya una década desde la toma de posesión del ex Presidente Felipe Calderón, y que junto con la salida de ejército y marina de los cuarteles, y el inicio de las acciones para reducir la violencia en Michoacán, han marcado este trágico periodo.
10 años que nos han costado muy caro: por lo menos 28 000 desaparecidos, 150 000 casos de homicidio doloso, con niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país como: descabezados, personas colgadas en puentes, bombazos en plazas públicas en medio de festejos nacionales o incendio a actividades comerciales como manifestación de la extorsión presencial y desde luego, miles de millones de pesos destinados a seguridad y justicia –que no se pudieron destinar para generar estrategias de educación para la población, ni para hacerlos más competitivos o para brindarles mejores servicios-.
Genera una gran preocupación que esta década ha normalizado la violencia en la sociedad, estigmatizado internacionalmente la imagen del país, y sin que hoy exista un plan que permita vislumbrar la luz al final del túnel. Dicho de otra manera, ya pasaron 10 años y a la mayor parte de la sociedad ya no la impresiona o indigna el nivel de violencia, en un contexto donde tampoco se ve cómo se podría transformar esta situación.
Indudablemente, hoy respecto a 2006, contamos con fuerzas federales más equipadas, mejor entrenadas y ya experimentadas en qué significa enfrentar a un enemigo con tantas caras y recursos. El Estado se ha hecho de instrumentos tecnológicos, jurídicos e instituciones destinadas a reducir el embate de la violencia. Sin embargo, es evidente que el combate a la corrupción, el uso de inteligencia -en particular la financiera-, la corresponsabilidad de gobiernos locales y sus capacidades, siguen siendo tarea pendiente.
Hace 10 años nos dijeron que la reconstrucción de policías y procuradurías, la modernización del sistema de justicia, la inversión local en infraestructura, nos llevaría a ganar la guerra. Una década después, repetir el discurso suena trillado y vacío sin que mueva a la acción.
Es importante ser justos y claros, la violencia que vivimos hoy es diferente a la de hace 10 años. Era una obligación ineludible del Estado combatir a los narcos y el esfuerzo que se hizo en reconstruir las instituciones, así como el sacrificio de muchos, es loable.
Con esto en mente, podemos inferir que si hoy carecemos de una estrategia y resultados suficientes, es porque muchos de los actores fundamentales -gobernadores y alcaldes- no han cumplido su parte, se dedicaron a robar recursos en contubernio con empresarios, autoridades federales y una sociedad pasiva, y esto ha sido posible porque el combate a la corrupción ha sido incipiente o nulo. Los niveles de violencia no bajan porque hemos insistido en combatir violencia con más violencia y no se tocan los recursos de los delincuentes, que pueden ser detenidos, pero también pueden seguir comprando la justicia o delinquiendo desde los penales. En 10 años se ha insistido en la necesidad de trabajar en prevención, pero los esfuerzos por generar incentivos para que las personas vivan y progresen dentro de la ley han sido muy marginales o superficiales.
Ante el reciente repunte de violencia, la federación debe reconocer que la simulación y las acciones cosméticas no sirven, que urge una estrategia con indicadores de desempeño y resultado, y una ruta crítica que permita medir y entender si estamos avanzando o no, y que ésta no debe ser emergente, sino debe entenderse como de largo respiro para incidir tanto en las causas como en los efectos.
Hoy vivimos en la incertidumbre, no sabemos si en 10 años estaremos igual, mejor o peor; lo que es claro es que no podemos esperar a que a través de la repetición de las mismas estrategias, obtendremos resultados diferentes. Debemos romper los lazos de corrupción, reducir el poder económico de los delincuentes y cristalizar esas instituciones locales de seguridad y justicia que tanto nos han prometido y tanto nos han costado a los mexicanos.
Urge liderazgo y una ruta para que en 10 años no sigamos llorando los muertos, lamentado las pérdidas y sin la esperanza de vivir en un país donde impere la paz y el Estado de Derecho.