El mismo día en que la Cámara de Diputados avaló la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, descrita en diversos sectores  como un “regalo” para las televisoras, en particular Televisa, el consorcio que preside Carlos Slim respondió con un desafío no sólo para la empresa de Emilio Azcárraga, sino para la administración Peña Nieto.

El comunicado difundido por América Móvil, el pasado martes 8, anticipa la venta de activos del consorcio, lo que de concretarse, acelerará una disputa por la televisión de paga, que hasta esa fecha se presumía ganada por Televisa.  Pero en un solo día, las reglas del juego cambiaron, y ello puede atraer nuevos jugadores al tablero.

En las leyes recién aprobadas se estableció un artículo 9 transitorio que permite a Televisa comprar empresas cableras (televisión restringida) sin autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero ello sólo puede ocurrir, establece la nueva legislación, mientras exista un actor preponderante en el sector, como lo es hasta ahora el Grupo Carso, al que el IFT le atribuye 61.5% de presencia en el mercado, promediando su peso en telefonía fija y móvil, internet fijo y móvil, radiodifusión abierta y restringida, así como número de usuarios.

La firma del decreto respectivo, este lunes por parte del presidente Peña Nieto, marca una señal de arranque para Televisa, que buscará comprar con celeridad para blindar su fuerza en el sector cablero, que hoy abarca, en su totalidad, a 15 millones de hogares. De ellos, Televisa tiene ya  poco menos de 8 millones, a los que sumará en cualquier momento 800 mil de Cablecom.  Pero quizá ahí se atore: es difícil suponer que MVS, de la familia Vargas, le venda su 15.2% del mercado, y lo mismo puede ocurrir con Megacable, que detenta el 13.2%. Entre ambos, casi 3 millones de suscriptores.

En cambio, Slim tiene ya 14 millones de clientes de telefonía fija, a los que podría entregar televisión al día siguiente a que le fuera autorizado. Ello, sin hablar de sus 9 millones de suscriptores de internet móvil, a los que les daría el mismo servicio.  Para ello requiere no sólo vender el menos 12 puntos porcentuales de su presencia en el mercado –para ubicarla por debajo del 50%, con lo que dejaría de ser preponderante y no se le aplicaría el periodo de 18 meses de espera definido-, sino también gestionar el cambio de su título de concesión.

Si es verdad que a América Móvil le tomará seis meses desincorporar activos en manos de una corporación independiente, puede estimarse que en los primeros meses de 2015 se puede generar un choque entre gigantes de la televisin restringida, siendo Slim ya uno de ellos.

La eventual venta de una tercera parte de sus empresas en México  -que el año pasado le produjeron ingresos por 276 mil millones de pesos- le permitirá a Slim sacudirse el aspecto que más lo irrita de la reforma en materia. Según fuentes allegadas al magnate de las telecomunicaciones, le resulta  insoportable la simple idea de tener que acatar instrucciones de la autoridad para compartir infraestructura con compañías competidoras que, como Movistar o Iusacel, considera parásitos que nunca invirtieron en todo el espectro social y sólo han buscado un segmento del mercado de alto poder adquisitivo.

 En diversas declaraciones públicas pero también en reportajes periodísticos aparecidos en México y en el extranjero, Slim ha expresado su rechazo a entregar las llaves de su imperio, así sea en aras de la competencia.

“Prefiero vender Telemex”, le habría dicho al entonces presidente Felipe Calderón cuando en una junta de trabajo se le anticiparon las “medidas asimétricas” que le obligaría a dar acceso a sus redes y torres de transmisión. Parte de eso es lo que se prevé que venda ahora, en una suma estimada en 12 mil millones de dólares.

Por declaraciones surgidas del propio ingeniero Slim y de s equipo de colaboradores, el comprador será un actor global, y se ha mencionado reiteradamente en estos días a AT&T, la corporación que apenas en junio pasado vendió al propio Slim el 8.27% que tenia en América Móvil. Lo hizo con el propósito expreso de comprar DirectTV, la compañía propietaria en México del sistema Sky, de Televisa.  Sería irónico que por esta vía, Slim acabara teniendo peso en una propiedad clave de su principal competidor.

Otro escenario en este proceso lo constituirán las demandas de amparo que tanto Televisa como Grupo Carso gestionan en el Poder Judicial de la Federación a la luz de la reforma de telecomunicaciones y las resoluciones que a la luz de la misma ha dictado el IFT.

El consorcio de Slim ha argumentado que le reforma fue elaborada expresamente para sancionarlo, lo que supone violentar derechos constitucionales, pues encara una situación de inequidad, en tanto que otro jugador importante, Televisa, no recibió el mismo señalamiento de preponderante por parte del IFT, con las consecuencias plenas de ello.

En todo este panorama, parece complicarse aún más la eventual licitación de dos nuevas cadenas de televisión digital, en una ruta que tiene previsto que en septiembre dé inicio le entrega de solicitudes por parte de los interesados, un grupo que se está desdibujando apresuradamente.

Quienes apuesten por las nuevas cadenas deben hacer un cálculo de inversiones por miles de  millones de dólares, creación de infraestructura y contenidos, todo con un tiempo de maduración de entre dos y cinco años, para a partir de ahí comenzar a disputar, a dentelladas, cada punto de mercado que tengan las televisoras dominantes en ese momento. 

Ni ahora, ni en septiembre ni en los meses siguientes habrá un panorama suficientemente claro como para que nadie pueda hacer cálculos de si las nuevas cadena siguen siendo atractivas o si el riesgo de un fracaso ha crecido exponencialmente en un entorno en donde también participará Carlos Slim en algún momento del ya cercano 2015.

De frente a todo ello, el juego arroja que por ahora no hay vencedores.  Aunque no hayan faltado quienes apenas la semana pasada celebraban la victoria de las televisoras. Quizá se apresuraron. (robertorock@lasillarota.com).



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